Está pasando

Para Debate Nacional (www.pensamientocolombia.org) de Julio 18 de 2013

Entre las consecuencias adversas de un proceso como el de La Habana está el impacto en la inversión extranjera. Según cifras preliminares, habría caído un 6.2% en el primer semestre del año.

Algunos analistas han sostenido que era previsible y se lo atribuyen, sin fundamento, a variables internacionales. Si se mira el comportamiento de los fondos de inversión, con caída sostenida en las últimas cuatro semanas solamente para el caso de Colombia, aquel argumento se torna peregrino. 

Desde febrero veníamos advirtiendo señales de retiro, en hidrocarburos, con devolución de zonas, y en minería, con renuncia a seguir esperando un código que no vio la luz del día en mayo, vencimiento de un plazo de dos años que la Corte Constitucional había dado al existente.

Al final del laberinto, esos cálculos mueren en La Habana.

Si bien es cierto que todo proceso de esa naturaleza genera cautela en los inversionistas, la proyección de su desenlace no desestimula la inversión de largo plazo cuando esa proyección resulta moderadamente optimista. Ese optimismo se finca en variables como las siguientes:

(a) Institucionalidad: cuando no sea previsible que el proceso afecte las instituciones democráticas ni el orden constitucional;

(b) Legalidad y seguridad jurídica: cuando no sea previsible que el proceso afecte el estado de derecho, aquel en el que las normas están por encima de las instituciones y las personas, ni sea previsible que cambie las reglas de juego bajo las cuales se establezca la inversión, al punto que vulnere derechos adquiridos.

(c) Temporalidad: cuando se trate de un proceso con un horizonte temporal establecido o cuando menos probable, pero en ningún caso indefinido.

El proceso habanero ha tocado y toca las tres variables. Propuestas tan descabelladas como sugerir que el más grande cartel del narcotráfico mundial se convierta en un aliado del estado en la lucha contra el narcotráfico, discutir la agenda nacional agraria sin los actores del agro como ausentes están las víctimas del terrorismo con el que se discute, o llevar a rango constitucional un marco jurídico que sugiere violar tratados internacionales suscritos por Colombia y que hacen parte del bloque de constitucionalidad, son ejemplos de lo que oímos diariamente de este proceso habanero.

Y la temporalidad no es la excepción. Santos habló de meses. Quienes se refieren al “postconflicto”, como si el conflicto ya hubiese pasado, hablan de años; la verdad es que parece un proceso más vinculado al calendario electoral que a la necesaria noción temporal de la negociación de sus temas.    

Entre la demencial osadía de las propuestas y la falta de seriedad de su duración en el tiempo, amén del descuido del país real por cuenta de este proceso, la inversión extranjera prospectiva y la existente carecen de una proyección moderadamente optimista.

Por eso y por mucho más, no es cierta la manifestación del Presidente Santos de que si esto sale mal, “aquí no ha pasado nada”. Claro que ha pasado. ¿Cuánta riqueza se deja de generar por cada punto porcentual de inversión prospectiva que se pierde? ¿Cuántos puestos de trabajo se dejan de crear y cuántas familias pierden la oportunidad de salir de la pobreza por cuenta de esa pérdida? Así no sean miles sino apenas millares, claro que pasó y seguirá pasando si el país sigue prisionero del proceso de La Habana y teniendo por carcelero al gobierno nacional.

Haberlo intentado como lo intentó fue acaso una muestra de torpeza, imperita quizás y por tanto culpable. Pero mantenerse en ella en desmedro del país y con la obstinación de darse el punto, no me resulta imperita sino dolosa.         

¿Se hizo justicia?

Para Minuto30.com

“Nada se asemeja tanto a la injusticia como una justicia tardía” SENECA

Dijimos hace meses con ocasión de una previa solicitud de libertad de Andrés Felipe Arias, que era necesario modificar las causales para negar la libertad de quien no ha sido condenado. Con una justicia en crisis, la amplitud para el criterio del juez de control de garantías puede atentar, como ocurrió en este caso, contra el cometido mismo de hacer justicia.

El pasado viernes la misma administración de justicia nos dio la razón en tan atrevido predicamento.

El principio de afirmación de la libertad establece que la privación preventiva de la libertad del procesado tiene carácter excepcional. Esto quiere decir que frente al procesado, la libertad es la regla general y la privación de la misma procede solo por vía de excepción, excepciones tales como: impedir la obstrucción de la justicia, garantizar la comparecencia del imputado al proceso y proteger a la comunidad y a las víctimas.

Aunque razonables, las excepciones son amplias y permiten diversidad de criterios por parte del juez con función de control de garantías.

Desde los tiempos de Vivianne Morales se alegó por la Fiscalía que la aplicación de una excepción en el caso de Andres Felipe Arias era para evitar la influencia que en libertad pudiera ejercer Arias sobre los testigos. Este peregrino argumento fue acogido por el Tribunal con función de control de garantías durante casi dos años.

La realidad probatoria del juicio no cambió entre la anterior solicitud de libertad (6 de mayo) y la del pasado viernes 14 de junio. Pero en aquella se negó la libertad y en ésta se le concedió. Si las circunstancias procesales eran las mismas, ¿cómo se explica la contradicción de las dos decisiones? Se explica en la diferencia de criterio de los magistrados que las tomaron.

Como es el hombre quien administra justicia, la diferencia de criterio es previsible y aceptable. Pero cuando lo que está en juego es la libertad personal, injustamente prolongada, esa diferencia de criterio se vuelve inaceptable en un Estado que pregona como principio la afirmación de la libertad.

Decisiones contradictorias frente a un proceso que no tuvo cambios procesales, confirma que la amplitud de criterio para la aplicación de excepciones a ese principio resulta nefasta a los derechos constitucionales que el juez de control de garantías debe garantizar. Esa amplitud de criterio permite, como en este caso, usar el derecho fundamental a la libertad personal con fines políticos, algo absolutamente inaceptable en un estado democrático.

Lo segundo que deja entrever la decisión del viernes pasado es que la Fiscalía está perdiendo la partida, razón además por la cual la defensa desistió de once testimonios.

A la gente del común se le olvida que en un sistema acusatorio la Fiscalía no representa la justicia sino que es una de las partes del proceso penal, por lo cual tiene el deber de ser proba y procesalmente leal, pero no necesariamente justa. Con cometidos fundamentales por supuesto, como investigar y acusar, debe procurar una sentencia acorde con su acusación.

Un gran número de testimonios no significa ni su pertinencia ni su relevancia. De hecho, resulta torpe y costoso sacrificar con número la pertinencia. La Fiscalía le jugó a mecanismos “paraprocesales” como la detención preventiva porque carece de un caso creíble y eficiente para lograr una condena. Si tuviera las pruebas pertinentes y relevantes, el debate probatorio ya se habría cerrado y probablemente ya habría sentencia. Como no lo tiene, le jugó a los paraprocesales, los que ya perdió, no sin haber hecho un daño irreparable en la persona de Arias y su familia.

La Fiscalía no ha sido proba ni procesalmente leal. Y como no tiene como probar “su caso”, conseguirá justicia con la absolución de Arias a un costo enorme para la sociedad por la persecución política para la que se prestó y para la cual no fue creada.             

Este tipo de vergüenzas demuestran que la reforma a la justicia es una necesidad, quizás de las más sentidas que reclama Colombia y en la que este gobierno y el actual congreso fracasaron hace un año estrepitosamente. El país demanda una reforma que de veras consulte los que son los problemas de la justicia que afectan al ciudadano, entre ellos la ética y la morosidad, no una que debata el período de los magistrados o la doble instancia para congresistas.

Mientras tengamos una Fiscalía que en lugar de perseguir el delito se dedique a prepararse para una falsa paz, no podremos esperar que se modifique el vergonzoso índice de imputación del 6% de las denuncias que se formulan ni que se repitan atropellos como el que se le ha inflingido a Arias y a su familia.

Oxígeno recíproco

La Habana se volvió un escenario de balas, de balas de oxígeno. Y eso lo permite una negociación bajo el principio del “todo único”, mejor conocido como “nada está acordado hasta cuando todo esté acordado”.

El presidente Santos dijo e insistió que los acuerdos en temas de propiedad de la tierra están enmarcados en la Constitución y la ley vigentes; dijo e insistió que los legítimos propietarios campesinos no tienen nada que temer. El saliente ministro Juan Camilo Restrepo ratificó que no hay acuerdos que toquen con la inversión extranjera en la ruralidad y el entrante ministro Estupiñán reiteró lo dicho por Santos con las mismas palabras. Se puede concluir que los proyectos de ley que cursan en el Congreso sobre frontera agrícola y límites a la propiedad extensiva son mucho más revolucionarios que el anunciado acuerdo rural de La Habana.

¿Hay más? Claro que sí. Y ese mucho más no es otra cosa que los enunciados de un programa de desarrollo rural integral que cualquier nación que quiera mirar al campo puede escribir en cinco minutos y cualquier gobierno podría poner en marcha si estuviera políticamente comprometido con el campo. Sin ir muy lejos, parte de ello se lograría si se cumpliera con la ley de restitución de tierras, esquiva en su aplicación antes de que existiera.

¿Entonces por qué tanto alborozo? Porque éste ha sido y sigue siendo un gobierno de anuncios y este anuncio le da una bocanada de oxígeno.

Hace apenas una semana un Carrillo desesperado anunciaba que el proceso no pasaría del 31 de diciembre. Porque un gobierno sin resultados, con desplome industrial, un PIPE que, como las locomotoras, no ha arrancado, y al que en plena visita de jefes de gobierno le asesinan 15 miembros de sus fuerzas armadas, necesitaba, a cualquier precio, superar el primer punto de la agenda tras seis meses de conversaciones sin resultados.

¿Cómo lo logró si hace apenas una semana seguía sin acordarse? Convenciendo a las FARC que uno se puede poner de acuerdo sobre lo que es obvio, en el entendido de que como no es definitivo, por el camino se arreglan las cargas. No en vano Andrés Paris dijo a los medios de comunicación al día siguiente que a lo largo de las conversaciones “se esperan desarrollos”.

Puesto en otros términos, cualquiera que sea el texto del acuerdo, en la medida que no es definitivo, permite modificaciones desde el día uno y hasta el día final. Pero ponerse de acuerdo sobre lo obvio sí se logra de la noche a la mañana.

Lo grave es el oxígeno retributivo. Cuando se eleva a la categoría de acuerdo el deber constitucional que tiene todo gobierno de ocuparse con seriedad de los problemas del agro, le está entregando a las FARC una bandera para legitimarla como lo que no es: representante de los auténticos intereses de los campesinos y de los empresarios del campo.

No bastaba con el conflicto interno y recuperar para las FARC una vigencia internacional que ya no tenía. Necesitaba, a cambio de su bocanada de oxígeno, entregarle la bandera del agro, una bandera que no solamente es un deber, sino una obligación de éste y cualquier gobierno que se precie de gobernar en el territorio nacional y no solamente en Bogotá. Una bandera que se debe construir con 45 millones de colombianos y no con 7800 terroristas.

Pero ha sido el precio de la bocanada de oxígeno y el gran daño que hace el acuerdo parcial anunciado. Ratifica que a este gobierno no le interesa el campo lo suficiente; o, como presumo que es el caso, que le quedó grande y que no es capaz de cargar solito con la bandera de la ley de restitución de tierras.

¡Qué vergüenza! Pero sobre todo qué vergüenza que lo haga por tan poca cosa. Como una bolsita de cuero con unas cuantas monedas, recibe el favor de tener algo que mostrarle a la galería y un par de aplausos internacionales sin reparar que la distancia de la paz sigue siendo la misma mientras no haya verdadera justicia, verdad contrita y reparación efectiva. Solo le devuelve la esperanza a Santos para pensar en reelegirse y a Vargas para empezar a pensar en traicionarlo.

Escoltas contra la comunidad

Publicación de La Otra Esquina (@LaOtraEsquinaCo) de Mayo 20 de 2013

A propósito del bochornoso incidente entre el senador Armando Benedetti y el señor Rafael Meoz en un establecimiento público de Usaquén del que se asegura que el último salió gravemente lesionado por cuenta de que un  escolta del primero lo lanzó al piso, vuelvo a preguntar hasta cuándo vamos a cultivar la cultura mafiosa que nos han dejado décadas de narcotráfico y una inversión de valores que sepultó el imperio de la ley, pero sobre todo de la decencia.

No me referiré al incidente, del que solo sé lo que se puede saber tras perder media hora oyendo un reportaje de radio sobre el tema, al cabo del cual me quedó el convencimiento de que ambos interrogados dijeron verdades y mentiras a medias y por igual. Lo que sí sé es que producto de la cultura mafiosa que nos aqueja, los recursos de seguridad del estado se desperdician y se emplean en lo que no deberían, afectando la vida del ciudadano del común.

Bogotá es una ciudad con una de las densidades poblacionales más altas del mundo pero con una infraestructura vial insuficiente y vergonzosa. ¿A quién no la ha tocado un trancón ocasionado por una camioneta oficial parqueada sobre una vía principal con una moto de la policía parqueada detrás obstruyendo uno de los dos o tres carriles de la llamada “vía arteria”?

Seguramente se trata de un congresista, un viceministro o un director de entidad descentralizada cumpliendo una cita o asistiendo a un evento en el edificio frente a cuya entrada está ese vehículo obstruyendo la vía. El número de carros y motos se multiplica si se trata de un ministro o un lobo presidente del congreso.

¿El argumento?, si alguien se atreve a preguntar: razones de seguridad. ¡Falso! ¿Cuándo se ha visto que un presidente se apee en el andén y camine hacia el edificio o que los vehículos de su escolta esperen frente al edificio al cual se dirige? ¡Nunca! Y es precisamente por razones de seguridad; porque ese tramo y espacio de tiempo entre el vehículo y el edificio son los de mayor vulnerabilidad en términos de seguridad. Por eso los vehículos del presidente siempre ingresan al edificio al que se dirige el presidente. No queda al descubierto nunca ni permite ver, a su salida, en cuál de los vehículos va “el personaje”.

Luego, el argumento no es de seguridad sino de una profunda inseguridad. O el personaje no necesita esa escolta policial o si la necesita, está entrenada es para que al personaje lo maten. La verdad es otra: esa escolta no está destinada a protegerlo sino a abrirle paso en el tráfico, solamente en caso de emergencia (léase fuga), pero cumple la labor complementaria de permitir que el vehículo bloquee cómodamente un carril de la escasa e insuficiente vía para que el personaje no tenga que pagar parqueadero ni caminar.

Eso no le importaría a nadie en Alaska, donde dicho sea de paso el concepto de escolta solo se ve en las películas, pero por favor ¿en Bogotá, una ciudad en la que el común de la gente desperdicia entre una y cuatro horas diarias en el elemental desplazamiento diario a su trabajo y de regreso a su casa?

Empezando por el desperdicio del costo de entrenamiento de ese policía, entrenamiento que no fue para violar la ley ni mentir sobre las “razones de seguridad”, siguiendo por el costo de mantenerlo en una labor inconsecuente con la más elemental civilidad, y terminando con el daño que ese elemental comportamiento le causa a otros, la inconsciencia de los funcionarios públicos a cuyo cuidado están asignados esos policías cierra el circo de la república bananera.

Vienen a mi memoria casos como el de un concejal de Bogotá transitando por el carril de Transmilenio que justificó su atropello por el hecho de que estaba de presidente encargado del Concejo e iba retrasado para el Concejo. Por supuesto el tan sonado caso del senador Merlano, quien se negó a una prueba de alcoholemia al tiempo que increpaba al policía con la frase “¿usted no sabe quién soy yo?”.

Mientras en los países del primer mundo todos quieren imitar a la mayoría en su comportamiento social, en los del tercer mundo se impone la cultura de la excepción: cómo hacer para salir del montón y hacerse a una posición de poder con la cual justificar la violación de la ley, o, como aparentemente ocurrió en el caso de Benedetti, usar la justificación de la seguridad y protección del funcionario para con la fuerza pública agredir a un ciudadano con el que el protegido habría tenido una agria discusión personal.

El tema no es de generalidad o excepción. Ni siquiera es de funcionarios públicos educados. En buena medida por eso somos del tercer mundo. El tema es mucho más primario: es de cultura democrática. Solamente en la medida que se entienda y cultive el respeto a la ley como condición universal para el ejercicio de las libertades civiles, se puede empezar a construir una vida digna en comunidad. 

No por mucho madrugar amanece más temprano

Publicación de La Otra Esquina (@LaOtraEsquinaCo) de Mayo 21/13 y Periódico Debate (@DebateCol) de Mayo 23/13

Enseña la teoría política que las campañas reeleccionistas deben ser cortas; cuando sean viables, su longitud es inversamente proporcional a su efectividad.

Desafortunadamente para Santos, su incomparable impopularidad y los términos legales para que Vargas no se inhabilite, lo obligaron a anticipar el debate reeleccionista. Cualquier aspirante a reelegirse que tuviera entre su gabinete a un ministro más popular que el propio mandatario, habría hecho hasta lo imposible para dejar a Germán Vargas hasta el 7 de agosto de 2014 comprándole casitas a las cajas de compensación familiar.

En este caso no ocurre porque la impopularidad de Santos es de tal magnitud que antes bien, lo necesita habilitado para aspirar a “la reelección de esas políticas”, como el mismo Santos lo denominó. Y es que el plan A está encabezado por Vargas y el plan B, vergonzantemente dependiente de las FARC, estaría encabezado por el propio Santos.  

Esta movida es un acto de humildad. Por segunda vez en menos de dos meses el Gobierno da muestras de entender que las circunstancias le son adversas a una reelección. La primera fue con la propuesta resignada a dos años de reelección a cambio de acabar con la figura y ampliar el tiempo de gobierno para darle oxígeno a los diálogos habaneros.

Un Gobierno confiado en su reelección, habría mantenido a Vargas con el compromiso de entregarle la posta al final del segundo período. Un gobierno que se sabe perdedor en una contienda para buscar la reelección, empieza por alinear a sus aspirantes internos para que no le resulten contendores y los pone a sumar en el contrapeso a su verdadera pesadilla, el regreso del uribismo al poder.

Y es que Santos cree que le queda un aliento, el aliento de un papel firmado en La Habana. Por eso no desiste de una buena vez por todas de la intención reeleccionista, permitiendo a Vargas salir al ruedo como el candidato del “santismo” para las próximas elecciones y ofreciendo volcar de manera soterrada todo el aparato estatal al servicio de esa causa. Es muy probable que eso termine ocurriendo pero no sin antes haberle dado la oportunidad a los diálogos habaneros, lo único que rescataría el plan B encabezado por Santos. Esos diálogos son el aliento de Santos y a la vez un impedimento para lanzar a Vargas, sin duda discrepante de los mismos. Las Farc habrían reaccionado airadamente contra el Gobierno en lugar de ofrecerle el apoyo que le ofrecieron públicamente.

No hay que olvidar que aunque comparten la característica de ser comprobadamente traicioneros los dos, Santos y Vargas tienen marcadas diferencias políticas.  Por eso resulta triste ver que una vez más, la convicción de las ideas políticas sucumbe ante la conveniencia de las componendas electorales. Y se habrá de cumplir el presagio de que Vargas terminará traicionando a Santos. Lo que no se sabe es cómo ni cuándo.     

Debo confesar mi morbosa curiosidad sobre la fórmula que hubiesen acordado para definir, antes de noviembre, si va el uno o va el otro. A lo que no hay derecho es a haber llegado al extremo de tener un gobierno preso de las Farc y una reelección que las pone como jefe de debate. Por eso el país le habrá de pedir al uribismo que rescate la dignidad de la democracia en el 2014.     

Por una política de paz

Continuando en el oportuno debate que se ha generado con ocasión de la propuesta que el ex comisionado Luis Carlos Restrepo le hace al Centro Democrático de elaborar y presentar una agenda de paz de cara a las elecciones del año entrante, considero pertinente profundizar en algunos argumentos con el ánimo de estimular la discusión política en el seno del uribismo.

Sea lo primero señalar que hago parte de ese 70% de colombianos que no está de acuerdo con el proceso que actualmente se adelanta en La Habana, lo cual no significa que descrea en la solución dialogada de las diferencias.

Respaldar una política de paz no significa respaldar el proceso actual, como algunos han querido alegar. Respaldar una política de paz significa brindarle una respuesta a esa innegable mayoría de colombianos que quiere ponerle punto final al desafío terrorista, pero sin impunidad, sin elegibilidad para los autores de crímenes atroces y sin desprecio por los derechos de las víctimas.  

Si el uribismo retoma el poder en 2014 –como espero y trabajo denodadamente para que así sea- se encontrará frente a un hecho cierto: un proceso de paz en marcha en la isla de los hermanos Castro. ¿Qué hacer al respecto?

Está la alternativa de anunciar la ruptura inmediata de las conversaciones, ordenando a la Fiscalía General de la Nación reactivar las órdenes de captura suspendidas y pidiéndole a la cancillería colombiana que solicite a Cuba la entrega de los representantes de las Farc que para la fecha se encuentren en ese país. Así mismo, habría que dar la orden a las Fuerzas Militares de entrar a territorio venezolano con la misión de capturar a los miembros de la guerrilla que allí habitan, desencadenando una guerra cuyas consecuencias no quiero ni imaginar.

Una ruptura abrupta de las negociaciones podría generar hechos políticos sobre los que no hemos hecho las respectivas reflexiones. Terceros países como Noruega, Cuba, Venezuela y Chile han prestado su concurso para el desarrollo del proceso de paz, creyendo y acogiendo los argumentos que en su momento esgrimió Juan Manuel Santos como jefe del Estado colombiano. Si el nuevo gobierno se levanta de la mesa de negociación, alguno de esos Estados podrá reclamar por el incumplimiento colombiano, llegando al extremo de reaccionar reconociendo a las Farc como fuerza beligerante y alegando que si con Santos esa guerrilla era un actor político de un país que padece un conflicto armado interno, no dejará de serlo por el simple cambio de gobierno.

Por supuesto que no veo a los Castro capturando a Catatumbo, a Márquez, a Santrich y demás para efectos de entregarlos a las autoridades judiciales colombianas. Al contrario, podríamos exponernos a que se repita la grosera experiencia que tuvimos que soportar con México durante los años 90’s, cuando ese país permitió la existencia de una oficina permanente de las Farc, sede que no está de más recordar fue clausurada en abril de 2002 por el gobierno de Vicente Fox, atendiendo una solicitud de Álvaro Uribe, entonces candidato a la presidencia de Colombia.

El uribismo no es una corriente política guerrerista. Desde antes de ser elegido Presidente, Álvaro Uribe ha hablado de una salida negociada al asedio terrorista que padece nuestra democracia. Ha dicho que el diálogo se puede dar a partir de un cese previo de las acciones hostiles de los ilegales; ha defendido la negociación siempre y cuando sean los ciudadanos y no los terroristas quienes impongan la agenda; ha avalado los acercamientos cuando éstos son liderados por un gobierno con autoridad –que no autoritario-, capaz de hacer prevaler los intereses superiores de los ciudadanos frente a las demandas mezquinas de los criminales.  

La agenda política nacional no se negocia con los terroristas. Ésta se acuerda con la sociedad que ha respetado las reglas de juego democráticas y eso es lo que el próximo gobierno uribista tendrá que irle dejando muy claro desde ya a la guerrilla.

Día del Trabajo sin aumentos en el 2013

Cuando escribí hace un año que en el 2013 vendría una operación tortuga en todo el Estado, no me imaginé que se llegaría al 1º de mayo sin que el gobierno hubiese ajustado los salarios de los cerca de un millón de empleados públicos de todo el país. ¿La razón? Hace un año se expidió un decreto que cambió la negociación colectiva de los empleados públicos e incluyó un “mico” que establece que en materia salarial podrá haber concertación.

Tradicionalmente, el 1º de abril de todos los años, el Presidente de la República expedía los decretos correspondientes a las asignaciones salariales y prestaciones especiales para todos los empleados públicos del país. Por ley, corresponde al gobierno nacional la facultad de señalar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos.  

El Gobierno Nacional lo componen, por definición constitucional, el presidente, los ministros y los jefes de departamento administrativo. No podía entonces, vía decreto, entregarse a la negociación colectiva la competencia presidencial de señalar los salarios de los empleados públicos.

Más grave que expedir un decreto con artículos ilegales, con las nuevas reglas de la negociación colectiva el Gobierno Nacional pretendió darle una colombina a las centrales obreras que hoy tiene sabor amargo para el Gobierno, para los empleados públicos, y para las mismas confederaciones que están negociando a nivel nacional. El Gobierno creyó, ingenuamente, que al señalar un plazo de tres meses para la presentación de pliegos cada año, iba a lograr tener el problema resuelto, como era tradicional, el 1º de abril de cada año. No advirtió que abría una caja de pandora en la que los salarios de grados y categorías podrían llegar a diferir por razón de la negociación, contraviniendo un régimen especial como el de la función pública y la misma carrera administrativa.  

Hoy día, 1º de mayo, a ningún empleado público se le ha aumentado su salario para el 2013. Se adelantan negociaciones en muchas entidades, negociaciones trabadas por la pretensión sindical de negociar sus propios salarios y la postura de las entidades de que esa competencia le está reservada por ley al presidente de la República.

A nivel nacional, el Ministerio de Trabajo busca una concertación con las centrales obreras. Estas pretenden, como es natural, obtener aumentos porcentualmente superiores a los del salario mínimo porque de otra forma ¿cómo se justifica su negociación si no es para lograr algo más de lo que el gobierno ya determinó desde el 1º de enero para todo el país?

Por su parte, el Gobierno no tiene justificación alguna para aumentar los salarios de los empleados públicos por encima de lo que ha hecho para el sector privado. Frente a un Gobierno tildado de “derrochón” y en un año preelectoral, un aumento superior en el sector público sería además un acto de incoherencia con las cifras que cerró el 2012, con el impacto negativo que padece la industria durante el primer trimestre del año y con las lánguidas perspectivas de crecimiento anunciadas por el mismo gobierno, ante las cuales no se necesita ser experto para saber que el tan cacareado PIPE no es siquiera pañito de agua tibia.

Víctima de su propio ilegal invento, el Gobierno se va a tener que dar un lapo con las centrales obreras o con el país. Es sabido que este Gobierno se ha caracterizado por su incapacidad de asumir una sola posición con responsabilidad. Y si tiene intención de aspirar a una reelección cada vez más esquiva, lo más probable es que ese lapo se lo dé con el país y no con las centrales obreras porque aspiraría a los voticos de esos empleados públicos a los que a hoy, no les ha podido ajustar los salarios en el 2013.