La operación tortuga que padeció el país a principios de
2012 por cuenta de los controladores de tránsito aéreo se puede extender a todo
el Estado a partir de 2013 y no propiamente por cuenta de los controladores
sino por cuenta de todos los empleados públicos de nivel nacional. El Decreto
1092 expedido el pasado 24 de mayo le abre las puertas a una práctica insólita –inconstitucional
por demás- para un ordenamiento legal como el nuestro: que los empleados
públicos puedan negociar sus salarios con el Estado.
A raíz de que Colombia adoptó los Convenios 151 y 154 de la OIT y la Corte Constitucional declaró exequible el artículo 416 del Código Sustantivo del Trabajo, el Gobierno expidió el Decreto 535 de 2009, que con más fallas que aciertos reglamentó la negociación colectiva entre el Estado y los empleados públicos. Entre las fallas se cuenta que tenía una doble instancia, primero con la entidad respectiva, luego con el Gobierno Nacional y lo perverso era que en esa segunda instancia el Gobierno actuaba como juez y parte. Lo positivo era que limitaba la negociación a aquellos aspectos susceptibles de concertación, sin extenderla a aspectos que por la naturaleza de la vinculación de los empleados públicos y la preeminencia del servicio público, no pueden ser objeto de una negociación colectiva.
Durante un par de años el Gobierno Nacional se las ingenió para escurrirse de esa segunda instancia. Las centrales obreras no pararon de criticar la norma y exigir cambios, con sobrada razón diría yo, porque la verdad es que la norma era bastante floja. Pero la presión sobre el Secretario Privado de Presidencia y los buenos oficios del depuesto Tarcisio Mora sobre el Vicepresidente cosecharon fruto en el caso de los controladores de tránsito aéreo. Por lo demás, le sirvió el recién renacido Ministerio del Trabajo para reinaugurarse en una labor mediadora. Y debo reconocer que el Viceministro Luna hizo un gran papel. La instancia nacional se justificaba por un tema de planta de personal insuficiente para el tráfico aéreo actual y hasta ahí era justo el reclamo de los sindicatos. Y como ocurre en esos casos, aunque la gente del común no lo sepa, la culpa no es de la entidad misma sino de la Función Pública y el Ministerio de Hacienda. Sin embargo, aprovecharon la ocasión para meterle a un Gobierno Nacional asustado por el Plan de Acción, un aumento salarial disfrazado que obligó al Ministerio de Hacienda a maromear y los contribuyentes pagamos un aumento salarial injustificado.
Dice el dicho que “vaca ladrona no olvida pestillo” y el decreto expedido la semana pasada trae de manera expresa la posibilidad de que los empleados públicos del nivel nacional puedan negociar aumentos salariales. Dice textualmente que “en materia salarial podrá haber concertación” y más adelante ordena que cada entidad pública “tendrá en cuenta la obtención de la disponibilidad presupuestal en los eventos en que se genere gasto…” En buen romance, la facultad presidencial para señalar el régimen salarial de los empleados públicos de la rama ejecutiva nacional, pasa a manos de la concertación entre el director de cada entidad y sus múltiples sindicatos. Algo similar a lo que sucedió por años con las pensiones de los trabajadores oficiales del sector público que hoy se comen más del 20% del presupuesto nacional y que ni el Acto Legislativo No. 1 de 2005 ha podido parar (Ver “La Corte en su Laberinto” de Alejandro Gaviria en http://agaviria.blogspot.com/2012/05/la-corte-en-su-laberinto.html).
Si en esa época salían gerentes en hombros de sindicalistas por el Parque de las Nieves (recordar a Antonio Galán en hombros del sindicato de la ETB), cómo irá a ser esto a partir del 2013. El Ministerio de Hacienda va a tener que nombrar un Viceministro Ad-hoc solamente para atender poco ortodoxas adiciones presupuestales que nunca pasan por el Congreso (aunque los congresistas se enteren) por cuenta de un decreto que humildemente no quiere ni más ni menos que derogar la ley 4ª. de 1992. Y está bien montado. José Noé (Ríos) es más recorrido que el otro Noé, el del Arca. Por eso el decreto limita los “pliegos” a los primeros tres meses del año, seguramente para que el presidente pueda avalar los acuerdos con sus decretos anuales de aumento, que usualmente salen el 1º de abril de cada año.
Aplaudo que se haya derogado el Decreto 535 de 2009 y por supuesto que valoro la adopción de procedimientos para que los empleados públicos también puedan negociar colectivamente. Lo necesitan y lo merecen. Lo que no es aceptable es que se pretenda extender esa negociación más allá de las llamadas “condiciones laborales”, particularmente al tema salarial, porque la estructura del empleo público es una sola, razón por la que la determinación de las condiciones salariales y prestacionales están reservadas al presidente de la República exclusivamente.
¿Tendremos entonces empleados públicos del mismo nivel y grado con salarios diferentes dependiendo de la entidad en la que prestan sus servicios? Los más beligerantes o los que puedan “parar el país” como los controladores ¿tendrán mejores salarios que aquellos dedicados por ejemplo, a la investigación científica? -es un ejemplo, yo no creo que en Colombia se destine un peso público a algo que realmente nos permita desarrollarnos- ¿Será la mermelada para 900,000 empleados públicos dispuestos a trabajar por una reelección? Como todos estos interrogantes hay que resolverlos “dentro del marco de la ley”, el Estado va estar en operación tortuga los primeros tres meses de cada año calendario hasta unificar el aumento por lo alto; esto es, por el pedido por el más beligerante de los sindicatos. Así, desde el 2013, el Estado colombiano, con excepción de las fuerzas armadas, va a trabajar cada año lo que dura un embarazo. Así como Chávez cambió arbitrariamente el huso horario de Venezuela, en Colombia el año va a empezar el 1º de abril. Y a partir del 2013, si ese pedacito del decreto no se cae, no va a haber quién se le mida responsablemente a ser Ministro de Hacienda.
COLOFÓN: La figura de la mediación, novedad en este decreto, existió por años en la legislación laboral colectiva. Se eliminó por ineficaz; nunca sirvió para nada distinto a dilatar la negociación en el tiempo, sin ningún resultado positivo. En este caso no será la excepción. Quien no aprende de la historia, está condenado a repetir los mismos errores una y otra vez.
A raíz de que Colombia adoptó los Convenios 151 y 154 de la OIT y la Corte Constitucional declaró exequible el artículo 416 del Código Sustantivo del Trabajo, el Gobierno expidió el Decreto 535 de 2009, que con más fallas que aciertos reglamentó la negociación colectiva entre el Estado y los empleados públicos. Entre las fallas se cuenta que tenía una doble instancia, primero con la entidad respectiva, luego con el Gobierno Nacional y lo perverso era que en esa segunda instancia el Gobierno actuaba como juez y parte. Lo positivo era que limitaba la negociación a aquellos aspectos susceptibles de concertación, sin extenderla a aspectos que por la naturaleza de la vinculación de los empleados públicos y la preeminencia del servicio público, no pueden ser objeto de una negociación colectiva.
Durante un par de años el Gobierno Nacional se las ingenió para escurrirse de esa segunda instancia. Las centrales obreras no pararon de criticar la norma y exigir cambios, con sobrada razón diría yo, porque la verdad es que la norma era bastante floja. Pero la presión sobre el Secretario Privado de Presidencia y los buenos oficios del depuesto Tarcisio Mora sobre el Vicepresidente cosecharon fruto en el caso de los controladores de tránsito aéreo. Por lo demás, le sirvió el recién renacido Ministerio del Trabajo para reinaugurarse en una labor mediadora. Y debo reconocer que el Viceministro Luna hizo un gran papel. La instancia nacional se justificaba por un tema de planta de personal insuficiente para el tráfico aéreo actual y hasta ahí era justo el reclamo de los sindicatos. Y como ocurre en esos casos, aunque la gente del común no lo sepa, la culpa no es de la entidad misma sino de la Función Pública y el Ministerio de Hacienda. Sin embargo, aprovecharon la ocasión para meterle a un Gobierno Nacional asustado por el Plan de Acción, un aumento salarial disfrazado que obligó al Ministerio de Hacienda a maromear y los contribuyentes pagamos un aumento salarial injustificado.
Dice el dicho que “vaca ladrona no olvida pestillo” y el decreto expedido la semana pasada trae de manera expresa la posibilidad de que los empleados públicos del nivel nacional puedan negociar aumentos salariales. Dice textualmente que “en materia salarial podrá haber concertación” y más adelante ordena que cada entidad pública “tendrá en cuenta la obtención de la disponibilidad presupuestal en los eventos en que se genere gasto…” En buen romance, la facultad presidencial para señalar el régimen salarial de los empleados públicos de la rama ejecutiva nacional, pasa a manos de la concertación entre el director de cada entidad y sus múltiples sindicatos. Algo similar a lo que sucedió por años con las pensiones de los trabajadores oficiales del sector público que hoy se comen más del 20% del presupuesto nacional y que ni el Acto Legislativo No. 1 de 2005 ha podido parar (Ver “La Corte en su Laberinto” de Alejandro Gaviria en http://agaviria.blogspot.com/2012/05/la-corte-en-su-laberinto.html).
Si en esa época salían gerentes en hombros de sindicalistas por el Parque de las Nieves (recordar a Antonio Galán en hombros del sindicato de la ETB), cómo irá a ser esto a partir del 2013. El Ministerio de Hacienda va a tener que nombrar un Viceministro Ad-hoc solamente para atender poco ortodoxas adiciones presupuestales que nunca pasan por el Congreso (aunque los congresistas se enteren) por cuenta de un decreto que humildemente no quiere ni más ni menos que derogar la ley 4ª. de 1992. Y está bien montado. José Noé (Ríos) es más recorrido que el otro Noé, el del Arca. Por eso el decreto limita los “pliegos” a los primeros tres meses del año, seguramente para que el presidente pueda avalar los acuerdos con sus decretos anuales de aumento, que usualmente salen el 1º de abril de cada año.
Aplaudo que se haya derogado el Decreto 535 de 2009 y por supuesto que valoro la adopción de procedimientos para que los empleados públicos también puedan negociar colectivamente. Lo necesitan y lo merecen. Lo que no es aceptable es que se pretenda extender esa negociación más allá de las llamadas “condiciones laborales”, particularmente al tema salarial, porque la estructura del empleo público es una sola, razón por la que la determinación de las condiciones salariales y prestacionales están reservadas al presidente de la República exclusivamente.
¿Tendremos entonces empleados públicos del mismo nivel y grado con salarios diferentes dependiendo de la entidad en la que prestan sus servicios? Los más beligerantes o los que puedan “parar el país” como los controladores ¿tendrán mejores salarios que aquellos dedicados por ejemplo, a la investigación científica? -es un ejemplo, yo no creo que en Colombia se destine un peso público a algo que realmente nos permita desarrollarnos- ¿Será la mermelada para 900,000 empleados públicos dispuestos a trabajar por una reelección? Como todos estos interrogantes hay que resolverlos “dentro del marco de la ley”, el Estado va estar en operación tortuga los primeros tres meses de cada año calendario hasta unificar el aumento por lo alto; esto es, por el pedido por el más beligerante de los sindicatos. Así, desde el 2013, el Estado colombiano, con excepción de las fuerzas armadas, va a trabajar cada año lo que dura un embarazo. Así como Chávez cambió arbitrariamente el huso horario de Venezuela, en Colombia el año va a empezar el 1º de abril. Y a partir del 2013, si ese pedacito del decreto no se cae, no va a haber quién se le mida responsablemente a ser Ministro de Hacienda.
COLOFÓN: La figura de la mediación, novedad en este decreto, existió por años en la legislación laboral colectiva. Se eliminó por ineficaz; nunca sirvió para nada distinto a dilatar la negociación en el tiempo, sin ningún resultado positivo. En este caso no será la excepción. Quien no aprende de la historia, está condenado a repetir los mismos errores una y otra vez.
