Estoy de acuerdo con que poco o nada diferente se podía
esperar del discurso de las Farc en Oslo. Solamente la ingenua euforia de la paz
provoca una amnesia suficiente como para olvidar qué son las Farc, qué
persiguen y quiénes están detrás de cada palabra que pronuncian.
También es cierto que una cosa es lo que digan públicamente
para recuperar reconocimiento internacional y otra bien diferente lo que
resulte de la negociación de una agenda.
No puede hacerse un juicio de esas conversaciones a partir del alegato inicial
de una de las partes cuando esas conversaciones ni siquiera han empezado.
Lo que resulta cuestionable son las contradicciones que todo
este espectáculo le causa al Gobierno mismo y por ahí derecho, así no lo
queramos, a la Nación. Se establecieron unas “reglas de juego” en materia de
comunicaciones relativas al proceso. Pues las declaraciones de Márquez fueron
tan desafiantes en su contenido que el presidente Santos consideró precarias
las de De la Calle y tuvo que salir a complementarlas el viernes con
desafortunada alusión a las “banderas de las Farc” y en vehemente defensa de la
ley de restitución de tierras.
Al ceder a esa provocación, cae en otra contradicción pero
por defecto. Si tenía que responderle a Márquez por encima de De la Calle, no
se podía quedar en la ley de restitución de tierras cuando las declaraciones descalifican
la inversión extranjera y hacen grave amenaza a empresarios del país.
¿Quiénes son los más grandes contribuyentes de los impuestos
que sostienen el Estado y que pagan los costos de procesos como ese con viaje
de dos días a Oslo incluido? ¿Quiénes son, si no esos empresarios, las mayores
fuentes de empleo de Colombia, amén de la burocracia estatal cuya nómina se
paga con los mismos impuestos?
En política resulta tan importante lo que se dice como la
elocuencia del silencio cuando se debe hablar.
Entonces ¿el mensaje para los inversionistas extranjeros es
que por cuenta de este proceso deben guardar la misma cautela que llevan ejerciendo
en Perú desde principios de este año? o ¿será más bien que el mensaje es que el
Gobierno está para defender las leyes que han sido su iniciativa pero que los
empresarios del país tienen que ver cómo se defienden de las Farc? Porque hoy, gracias
al abandono de la Política de Seguridad Democrática, los pequeños empresarios y
comerciantes están otra vez pagando extorsiones y vacunas a las Farc en las
regiones.
Pero ahí no paran los exabruptos de la legitimación que el
proceso le está dando a las Farc, hasta hace un par de meses virtualmente
aislada del mundo democrático por cuenta del éxito de la Política de Seguridad
Democrática y la inclusión de las Farc como grupo terrorista. Si el presidente
Santos habló en respuesta a Márquez, ahora Timochenko, vía una respuesta a Colombianos
por la Paz, le propone a Santos celebrar un tratado para el “uso y empleo bilateral de explosivos”.
Quien así habla no solo le tiene sin cuidado su calificación
como terrorista, sino que se pone “de tu a tu” con el mandatario colombiano,
representante de la institucionalidad nacional. Tratados celebran los estados
soberanos y los organismos internacionales, no los grupos terroristas.
Timochenko no representa un Estado, una nación o un porcentaje de colombianos
superior a los 9000 hombres, mujeres y niños voluntaria, ingenua o forzadamente
incorporados en sus frentes.
De manera que no es cierto que si esto no funciona, se habrá
hecho el intento pero no se habrá perdido nada. Costos que ya tiene un proceso
que ni siquiera ha comenzado, son el impacto a la inversión extranjera y las
amenazas a los empresarios colombianos, no porque lo diga Márquez en Oslo, sino
por el silencio del presidente Santos al replicarle desde Colombia.
Pero además, el costo de una relegitimación internacional de las Farc con espectáculos como el de Oslo y la réplica del Gobierno, son innecesarios y derrochadores del esfuerzo que significó aislar a las Farc en el contexto de la comunidad internacional.
Pero además, el costo de una relegitimación internacional de las Farc con espectáculos como el de Oslo y la réplica del Gobierno, son innecesarios y derrochadores del esfuerzo que significó aislar a las Farc en el contexto de la comunidad internacional.
COLOFÓN: Si Paraguay no ha levantado, sino antes bien
ratificado su orden de captura internacional (solicitud de circular roja de
INTERPOL) contra alias Rodrigo Granda y alias Hermes Aguilar ¿cómo puede el
Gobierno colombiano andar paseándolos por el mundo como si nada?