"Es injusto que un gobernante no pueda inaugurar
obras si aspira a la reelección" dijo hoy el presidente Santos ante
las advertencias de la Procuraduría por la entrada en vigencia de algunas
normas de la ley de garantías. Frente a las obras no se sabe si el comentario
es torpe o cínico pues con excepción de las casitas, las inauguraciones más
vistosas de los últimos tres años han sido de obras concebidas y contratadas en
el gobierno anterior.
Pero lo que llama la atención no es el tema de las obras
ni las autopistas de cuarta generación que tras tres años el gobierno no ha
podido poner en marcha, mucho menos inaugurar; es el calificativo de injusticia
que Santos le atribuye a una restricción de la ley de garantías con la que se
busca preservar el equilibrio democrático.
Eso
solo pasa en el país “justo, moderno y seguro” de Santos, que no es la Colombia
que vivimos. Ni siquiera la vive Miguel Silva, creador del slogan, hoy radicado
en Estados Unidos. Seguramente consciente de la mentira de su creación, decidió
irse y esperar a que se cumpla para regresar.
Santos
se debe estar “petrizando”, fenómeno capitalino en virtud del cual si una norma
no me favorece, es injusta –y seguramente tendrá que cambiarse o violarse-.
Santos quiere inaugurar casitas, vestido o en calzoncillos, para alimentar la
ilusión de la reelección y desmentir que las locomotoras no hubiesen arrancado,
falaz afirmación que acogen las encuestas porque en Palacio hay un problema de
comunicaciones que no se ha podido resolver en tres años. Y no se va a resolver
porque el problema no es de comunicaciones sino de ejecución; o ¿debería decir falta
de ejecución?
Pero
que a Santos le parezca injusta la ley de garantías cuando es él quien detenta
el poder, demuestra el relativismo de lo que el gobierno actual considera justo.
Explica que uno de sus más estruendosos fracasos haya sido precisamente el de
la reforma a la justicia y que esa justicia esté hoy permeada por el más
inmoral de los talantes políticos: el samperismo.
Para
Santos es injusto no poder inaugurar obras públicas pero no es injusto hacerlo cuando
esas obras las concibió y contrató el gobierno anterior, como ha ocurrido con
la mayoría de las grandes obras que ha inaugurado en los últimos tres años.
Para
Santos es injusta la ley de garantías pero no es injusto que las víctimas de
las Farc no tengan voz en La Habana y que su derecho a la verdad y a la
reparación sea más bien un obstáculo para la paz.
Para
Santos es injusta la ley de garantías pero no resulta injusto que los crímenes
de los narcoterroristas de las Farc queden impunes o que los máximos
responsables de delitos de lesa humanidad no paguen cárcel por esos crímenes.
Para
Santos es injusta la ley de garantías pero no es injusto que mientras los
partidos y movimientos políticos tengan que cumplir las reglas de la democracia
en las urnas, los narcoterroristas de las Farc tengan una circunscripción
especial en el Congreso.
Para
Santos es injusta la ley de garantías pero no es injusto haber retenido en
Bogotá las regalías de las regiones durante dos años para luego liberarlas como
mermelada reeleccionista.
Para
Santos es injusta la ley de garantías pero no es injusto que haya miles de
militares presos por combatir el terrorismo.
Para
Santos es injusta la ley de garantías pero no es injusto perder el mar territorial
de Colombia, que las Farc hayan reclutado niños o cometido 57 agresiones
armadas o terroristas en 60 días de tregua unilateral. Injusto además que la
Fiscal de la Corte Penal Internacional advierta que todo lo anterior debe ser
investigado y juzgado.
Podría
seguir y seguir pero seguramente sería injusto con Santos porque lo único que
parece injusto son las leyes de la República que le incomodan a Santos pero no
que la Nación sea presa de los sibaritas de La Habana.
