¿Y a los empresarios quién los defiende?

Estoy de acuerdo con que poco o nada diferente se podía esperar del discurso de las Farc en Oslo. Solamente la ingenua euforia de la paz provoca una amnesia suficiente como para olvidar qué son las Farc, qué persiguen y quiénes están detrás de cada palabra que pronuncian.  

También es cierto que una cosa es lo que digan públicamente para recuperar reconocimiento internacional y otra bien diferente lo que resulte de la  negociación de una agenda. No puede hacerse un juicio de esas conversaciones a partir del alegato inicial de una de las partes cuando esas conversaciones ni siquiera han empezado.

Lo que resulta cuestionable son las contradicciones que todo este espectáculo le causa al Gobierno mismo y por ahí derecho, así no lo queramos, a la Nación. Se establecieron unas “reglas de juego” en materia de comunicaciones relativas al proceso. Pues las declaraciones de Márquez fueron tan desafiantes en su contenido que el presidente Santos consideró precarias las de De la Calle y tuvo que salir a complementarlas el viernes con desafortunada alusión a las “banderas de las Farc” y en vehemente defensa de la ley de restitución de tierras.

Al ceder a esa provocación, cae en otra contradicción pero por defecto. Si tenía que responderle a Márquez por encima de De la Calle, no se podía quedar en la ley de restitución de tierras cuando las declaraciones descalifican la inversión extranjera y hacen grave amenaza a empresarios del país.

¿Quiénes son los más grandes contribuyentes de los impuestos que sostienen el Estado y que pagan los costos de procesos como ese con viaje de dos días a Oslo incluido? ¿Quiénes son, si no esos empresarios, las mayores fuentes de empleo de Colombia, amén de la burocracia estatal cuya nómina se paga con los mismos impuestos?

En política resulta tan importante lo que se dice como la elocuencia del silencio cuando se debe hablar.

Entonces ¿el mensaje para los inversionistas extranjeros es que por cuenta de este proceso deben guardar la misma cautela que llevan ejerciendo en Perú desde principios de este año? o ¿será más bien que el mensaje es que el Gobierno está para defender las leyes que han sido su iniciativa pero que los empresarios del país tienen que ver cómo se defienden de las Farc? Porque hoy, gracias al abandono de la Política de Seguridad Democrática, los pequeños empresarios y comerciantes están otra vez pagando extorsiones y vacunas a las Farc en las regiones.

Pero ahí no paran los exabruptos de la legitimación que el proceso le está dando a las Farc, hasta hace un par de meses virtualmente aislada del mundo democrático por cuenta del éxito de la Política de Seguridad Democrática y la inclusión de las Farc como grupo terrorista. Si el presidente Santos habló en respuesta a Márquez, ahora Timochenko, vía una respuesta a Colombianos por la Paz, le propone a Santos celebrar un tratado para el “uso y empleo bilateral de explosivos”.

Quien así habla no solo le tiene sin cuidado su calificación como terrorista, sino que se pone “de tu a tu” con el mandatario colombiano, representante de la institucionalidad nacional. Tratados celebran los estados soberanos y los organismos internacionales, no los grupos terroristas. Timochenko no representa un Estado, una nación o un porcentaje de colombianos superior a los 9000 hombres, mujeres y niños voluntaria, ingenua o forzadamente incorporados en sus frentes.  

De manera que no es cierto que si esto no funciona, se habrá hecho el intento pero no se habrá perdido nada. Costos que ya tiene un proceso que ni siquiera ha comenzado, son el impacto a la inversión extranjera y las amenazas a los empresarios colombianos, no porque lo diga Márquez en Oslo, sino por el silencio del presidente Santos al replicarle desde Colombia.

Pero además, el costo de una relegitimación internacional de las Farc con espectáculos como el de Oslo y la réplica del Gobierno, son innecesarios y derrochadores del esfuerzo que significó aislar a las Farc en el contexto de la comunidad internacional.

COLOFÓN: Si Paraguay no ha levantado, sino antes bien ratificado su orden de captura internacional (solicitud de circular roja de INTERPOL) contra alias Rodrigo Granda y alias Hermes Aguilar ¿cómo puede el Gobierno colombiano andar paseándolos por el mundo como si nada?