Conocida la decisión de adelantar un
nuevo proceso de paz con las Farc, la voz unánime de los grandes medios de
comunicación se ha pronunciado a favor del mismo a pesar de haberse iniciado
sin que se hubiesen cumplido los “inamovibles” que el presidente Santos tanto
prometió. Además de “Lucho”, quien se describe en su nuevo cargo como “vocero
de la paz”, los medios se han querido posicionar como voceros de una mayoría de la
opinión pública que aplaude alborozada e ilusionadamente la posibilidad
de alcanzar la anhelada paz a través de un proceso de negociación.
La paz debería ser objetivo de toda la
sociedad colombiana, razón por la que sorprende que frente a esa escueta
pregunta el porcentaje que la afirma sea el 77% y no el 100%. Porque la discrepancia no
se hace manifiesta en el anhelo de paz sino en la manera de alcanzarla y en esto, la
discrepancia no es del 23% sino de una gran mayoría de colombianos que ve con
escepticismo el proceso (41%), que no le cree a las Farc (52%), que no quiere
ver a Chávez acompañando el proceso (65%), que no está dispuesta a que haya
impunidad para los terroristas de las Farc (68%), que no está dispuesta a que
los hoy terroristas sean los gobernantes de mañana (72%) y que en cualquier
caso los quiere en la cárcel y no pagando “penas alternativas” (78%). Estos
porcentajes salen de la encuesta IPSOS – Napoleón Franco publicada por La FM el
11 de septiembre.
Eso se explica en lo que hasta ahora se
ve y públicamente se sabe del proceso, matizado por la experiencia del pasado
que el presidente Santos dice haber considerado para justificar la
diferenciación entre este proceso y los anteriores. El presidente Santos le
apuesta a la política del diálogo, que fracasó en los gobiernos de Betancur,
Gaviria y Pastrana y que por el contrario sirvió para el fortalecimiento
territorial y militar de las Farc.
En efecto, al iniciar los diálogos del
gobierno Betancur, las Farc operaba con 27 frentes. Fracasados esos diálogos y durante
el gobierno Barco los frentes ya eran 48. Pasados los acercamientos en Caracas
y Tlaxcala bajo la administración Gaviria, las Farc tenían 61 frentes que para
la época del Caguán ya eran 68.
Si el número de frentes no dice nada, el
número de integrantes de las Farc en las mismas épocas pasó de 5,100 en 1982 a
6,700 después del proceso de paz de Betancur; ya eran 9,300 para la época de
Caracas y Tlaxcala, que se convirtieron en 12,500 para las nefandas épocas del
Elefante, en 16,500 para la época del Caguán. Finalizado el Caguán se llegó a
hablar de casi 20,000.
En “plata blanca”, durante los 20 años
(1982 – 2002) en los que se adelantaron procesos signados por una política de
diálogos, la anhelada paz no se alcanzó pero las Farc casi triplicaron sus
frentes y cuadruplicaron sus integrantes, crecimiento que con dolor debo decir,
tiene el crimen adicional del reclutamiento forzado de menores.
Por contera a esa tendencia están las
cifras de la paz a través de la Seguridad Democrática que entre 2002 y 2010 logró
la desmovilización de las estructuras que integraban las desaparecidas AUC (35,000 desmovilizados) y 18.000 terroristas de las Farc y el Eln. Esto permite
afirmar, desde las cifras, que durante la era Uribe Colombia experimentó el
mayor proceso de paz de su historia. Sin necesidad de negociar principios
democráticos, logró retirar de la dinámica violenta a más de 50 mil personas,
conduciendo a los responsables de crímenes de lesa humanidad al acogimiento de
la ley 975, por la cual se propende el equilibrio entre paz, justicia y
reparación.
Por eso las críticas del uribismo no son
las de “opositores empecinados”, “viudos
de poder” ni mucho menos “guerreristas”, como nos quiere pintar la gran prensa
bogotana. ¿O es que esos 53,000 hombres y
mujeres fueron dados de baja?
Las cifras no mienten y en todo caso
descartan la especulación. Por eso quizás desde el mismo Gobierno justifican el
proceso en que gracias a la Seguridad Democrática y el consecuente debilitamiento
de las Farc, el momento para negociar la paz es ahora. Asumiendo que así fuera,
el contenido de la agenda y los pronunciamientos de los representantes de
la Farc demuestran que el Gobierno no se aproxima a la mesa desde esa
perspectiva sino desde una perspectiva de negociar la agenda del país, como se
desprende del documento, o para refundar la patria, como lo indicó en una de sus
alocuciones uno de los voceros de las Farc.
Suena cuando menos antidemocrático –y
hasta jurídicamente imposible- que se convenga en temas de esa envergadura con
10,000 terroristas y no con 46 millones de colombianos. Por eso tiene tanto
valor el resultado de la encuesta cuyos guarismos cito al principio. Muestra
que el anhelo de paz no le nubla el entendimiento sino a los directores de algunos medios de comunicación y al 30% de los colombianos. El otro 70% no está
dispuesto a que el precio de la paz sea la impunidad y la elegibilidad de los
terroristas.
La gran preocupación de quienes creemos
en la doctrina de la Seguridad Democrática es que el nuevo proceso sea una vez
más el mecanismo, no para hacer la paz, sino para facilitar el fortalecimiento
criminal de la guerrilla. Porque queremos la paz pero bajo una premisa
elemental: que garantice la seguridad de los ciudadanos y no el favorecimiento
militar, jurídico o político de quienes decidieron
transitar el camino del terrorismo.
