“Nada se asemeja
tanto a la injusticia como una justicia tardía” SENECA
Dijimos hace meses con ocasión de una previa solicitud de
libertad de Andrés Felipe Arias, que era necesario modificar las causales para
negar la libertad de quien no ha sido condenado. Con una justicia en crisis, la
amplitud para el criterio del juez de control de garantías puede atentar, como
ocurrió en este caso, contra el cometido mismo de hacer justicia.
El pasado viernes la misma administración de justicia nos dio
la razón en tan atrevido predicamento.
El principio de afirmación de la libertad establece que la
privación preventiva de la libertad del procesado tiene carácter excepcional. Esto
quiere decir que frente al procesado, la libertad es la regla general y la
privación de la misma procede solo por vía de excepción, excepciones tales como:
impedir la obstrucción de la justicia, garantizar la comparecencia del imputado
al proceso y proteger a la comunidad y a las víctimas.
Aunque razonables, las excepciones son amplias y permiten diversidad
de criterios por parte del juez con función de control de garantías.
Desde los tiempos de Vivianne Morales se alegó por la Fiscalía
que la aplicación de una excepción en el caso de Andres Felipe Arias era para evitar
la influencia que en libertad pudiera ejercer Arias sobre los testigos. Este
peregrino argumento fue acogido por el Tribunal con función de control de
garantías durante casi dos años.
La realidad probatoria del juicio no cambió entre la
anterior solicitud de libertad (6 de mayo) y la del pasado viernes 14 de junio.
Pero en aquella se negó la libertad y en ésta se le concedió. Si las
circunstancias procesales eran las mismas, ¿cómo se explica la contradicción de
las dos decisiones? Se explica en la diferencia de criterio de los magistrados
que las tomaron.
Como es el hombre quien administra justicia, la diferencia
de criterio es previsible y aceptable. Pero cuando lo que está en juego es la
libertad personal, injustamente prolongada, esa diferencia de criterio se
vuelve inaceptable en un Estado que pregona como principio la afirmación de la
libertad.
Decisiones contradictorias frente a un proceso que no tuvo
cambios procesales, confirma que la amplitud de criterio para la aplicación de
excepciones a ese principio resulta nefasta a los derechos constitucionales que
el juez de control de garantías debe garantizar. Esa amplitud de criterio permite,
como en este caso, usar el derecho fundamental a la libertad personal con fines
políticos, algo absolutamente inaceptable en un estado democrático.
Lo segundo que deja entrever la decisión del viernes pasado es
que la Fiscalía está perdiendo la partida, razón además por la cual la defensa
desistió de once testimonios.
A la gente del común se le olvida que en un sistema
acusatorio la Fiscalía no representa la justicia sino que es una de las partes
del proceso penal, por lo cual tiene el deber de ser proba y procesalmente leal,
pero no necesariamente justa. Con cometidos fundamentales por supuesto, como investigar
y acusar, debe procurar una sentencia acorde con su acusación.
Un gran número de testimonios no significa ni su pertinencia
ni su relevancia. De hecho, resulta torpe y costoso sacrificar con número la
pertinencia. La Fiscalía le jugó a mecanismos “paraprocesales” como la
detención preventiva porque carece de un caso creíble y eficiente para lograr
una condena. Si tuviera las pruebas pertinentes y relevantes, el debate
probatorio ya se habría cerrado y probablemente ya habría sentencia. Como no lo
tiene, le jugó a los paraprocesales, los que ya perdió, no sin haber hecho un
daño irreparable en la persona de Arias y su familia.
La Fiscalía no ha sido proba ni procesalmente leal. Y como
no tiene como probar “su caso”, conseguirá justicia con la absolución de Arias
a un costo enorme para la sociedad por la persecución política para la que se
prestó y para la cual no fue creada.
Este tipo de vergüenzas demuestran que la reforma a la
justicia es una necesidad, quizás de las más sentidas que reclama Colombia y en
la que este gobierno y el actual congreso fracasaron hace un año estrepitosamente.
El país demanda una reforma que de veras consulte los que son los problemas de
la justicia que afectan al ciudadano, entre ellos la ética y la morosidad, no
una que debata el período de los magistrados o la doble instancia para
congresistas.
Mientras tengamos una Fiscalía que en lugar de perseguir el
delito se dedique a prepararse para una falsa paz, no podremos esperar que se
modifique el vergonzoso índice de imputación del 6% de las denuncias que se
formulan ni que se repitan atropellos como el que se le ha inflingido a Arias y
a su familia.
