Como en una pesadilla en la que al doliente le hacen cirugía
estética en lugar de trasplantarle el órgano vital que necesita, la mal llamada
Reforma a la Justicia transita segunda vuelta sin que los cirujanos se hayan
siquiera preocupado por la radiografía del paciente. Y no me refiero a toda la
cirugía que sí le están haciendo, la que con otros proyectos de reforma va
dejando a nuestra aporreada Constitución como la más anti estética del mundo,
sino a todas aquellas cosas que sí saben del paciente y que con indolente desdén
olvidan olímpicamente el Gobierno y el Congreso.
Entre los muchos males que puede adolecer nuestra justicia,
quizás los más sentidos y endémicos son la congestión judicial y la falta de
recursos técnicos y humanos calificados para la investigación criminal. El
ciudadano pide resolución judicial y pronta justicia. Pero de cada 100
denuncias criminales, solo 6 alcanzan imputación. Las 94 restantes son
impunidad rampante. Y no puede ser de otra forma cuando muchos fiscales cuentan
con un investigador para cientos de
denuncias que recibe diariamente, amén de la falta de recursos técnicos y la precaria
preparación forense de esos investigadores. La mayoría de las denuncias que sí alcanzan
imputación lo logran porque hay
unas víctimas que se encargan de hacer la investigación por su cuenta y
aportarle al fiscal las pruebas. Termina siendo el ciudadano que
demanda justicia haciendo la tarea que le corresponde al Estado.
Un proceso en la jurisdicción ordinaria tarda en promedio entre
5 y 6 años en tener sentencia definitiva y un proceso contencioso
administrativo puede demorar 15 años en tener sentencia en el Consejo de
Estado. 70% de los procesos de la jurisdicción civil son ejecutivos. La
ejecución de deudas ni siquiera debería ser un proceso, pero en Colombia tarda
más que un ordinario no obstante que no declara ningún derecho. Luego, no es de
extrañar que un proceso ordinario se demore lo que se demora. Y del contencioso
administrativo … por algo se le conoce como el delicioso contemplativo.
De los 30 artículos del proyecto de reforma, solo uno se ocupa en algo de los males
endémicos que padece la justicia. Uno solo, que dicho sea de paso tiene con los
pelos de punta a la misma rama judicial, a Asonal Judicial y a organizaciones no
gubernamentales que se han limitado a denunciar con horror la “privatización de
la justicia” con la misma histeria que a las cortes le producen los tribunales
de arbitramento. Pero nada dicen de la congestión judicial ni se atreven a
mencionar la tutela.
El solo hecho de tocar la tutela le produce pánico al
Gobierno y entonces sí, los legisladores sienten que tendrían que darle cuenta a
los electores, no obstante que la tutela es parte del problema y no de la
solución. ¿Por qué nadie se mete con la tutela? Porque se resuelve en un tiempo
record de tres meses. Y esa es una de sus cualidades, por la que la gente la
percibe como un gran logro y la defiende a capa y espada. Lo que no reconocen
es que por su perentoriedad y la falta de jueces especializados, desplaza la
atención de los procesos que competen a cada jurisdicción, demorándolos más, o que por su velocidad, muchos casos se resuelven sin que la
parte accionada pueda siquiera pronunciarse o aportar pruebas. Tampoco denuncian
que no obstante tener dos instancias, muchas veces los deciden jueces que no
saben de la materia, y su revisión por la Corte Constitucional es eventual.
¡Sorpresa! de las 14,000 tutelas que se fallan mensualmente en Colombia, la
Corte Constitucional revisa 70. Es decir, un 0,5% de ese total.
Y lo que es más vergonzoso, la tutela es la fuente del famoso
“choque de trenes”, nombre con el que se conoce ese fenómeno kafkiano conforme
al cual el juez constitucional invalida una sentencia definitiva de otra
jurisdicción que pudo haber estado ejecutoriada por años. Además de que este
detalle ha conducido a que a tres “instancias” se le puedan agregar dos
instancias de tutela y revisión, aumentando la morosidad, deja nuestra justicia
como un explicable hazmerreir en el contexto internacional. ¿Es de un país serio
que el cumplimiento de la ley
dependa del tribunal ante el que se adelante el caso porque las altas Cortes
tienen criterios encontrados sobre el mismo asunto o que en Colombia una Corte
puede tumbar lo que falle la otra no obstante ser cortes de la misma jerarquía?
¿Cómo explicar este absurdo a un inversionista extranjero y pretender que
sienta confianza en el país y sus instituciones?
Pero lo que quiero destacar es que nada de lo dicho es
desconocido para el Gobierno o el Congreso. A este proyecto antecedieron estudios,
comisiones de expertos y otros proyectos que nunca prosperaron y en los que se
ventilaron estos temas. Constan intervenciones con estas preocupaciones de
algunos valientes congresistas solitarios que han querido hacer la tarea
juiciosamente y de cara al país como Miguel Gómez Martínez. Desafortunadamente
para todos y particularmente para el que clama justicia, han sido derrotados
por la mayoría con el aliciente burocrático, como en el Marco para la Paz, o por
los intereses en sus propios procesos disciplinarios, legislando de espaldas al
país, a sus electores y al ciudadano que clama pronta y recta justicia.
Si el Gobierno tuviera una pizca de dignidad, se haría a un lado y denunciaría que
el Congreso pretenda sacar la reforma para sus procesos de pérdida de investidura haciéndole
creer al país que está reformando la justicia. Si a unos y a otros de verdad les
interesara la suerte de la justicia, empezarían por dejar de engañar, mirar la radiografía y comprometerse
con las soluciones que necesita el paciente.
COLOFÓN: Así como
la impunidad que propone el Marco para la Paz incuba violencia futura, la falta de
una pronta y recta justicia conduce al abandono ciudadano de las instituciones
para justificarse en la justicia por mano propia.
