La carta que desde el exilio les remitió
el ex Alto Comisionado para la Paz al ex presidente Uribe y a los precandidatos
del Centro Democrático, merece ser leída sin afanes, pero sobre todo entendida.
Se equivocan los medios que la han titulado como un apoyo al actual proceso de diálogos
que adelanta el gobierno en La Habana.
No hay una sola línea de la misiva en la
que se lea un apoyo al proceso de paz actual. Por el contrario, es una fuerte
crítica al modelo que el gobierno está implementando en La Habana, pues a lo
largo del texto lo que se lee de Restrepo es una reivindicación de la política
de paz del gobierno anterior.
La Seguridad Democrática es, ante todo y
sobre todo, una gran política de paz. Cuando el presidente Uribe lanzó su
candidatura de 2002 apoyada en un
“Manifiesto Democrático” de 100 puntos, trazó los lineamientos básicos para
lograr la reconciliación nacional. Nos propuso a los colombianos que buscaría
el diálogo con los violentos siempre y cuando se cumplieran unos puntos
fundamentales: voluntad de paz y un cese previo de hostilidades por parte de los
ilegales. Aquellas condiciones fueron inamovibles y son las mismas que hoy
recoge Luis Carlos Restrepo en su carta.
Son pocos los colombianos que no anhelan
un país en paz y entre ellos no nos contamos los uribistas. Nosotros no solo la
queremos, sino que la hicimos en el gobierno de la Seguridad Democrática.
Fueron más de 50 mil hombres integrantes de los grupos armados ilegales que
depusieron sus armas. 35 mil mal llamados paramilitares y 18 mil guerrilleros;
y con ninguno de ellos se negoció la agenda política nacional.
El uribismo entiende la paz como el
resultado de un acuerdo entre el gobierno y los ciudadanos, el cual se le
impone a los alzados ilegalmente en armas. No son ellos los que fijan las
condiciones, sino el pueblo a través de un mandato claro.
Recordemos el proceso de paz con las
autodefensas. El país estuvo de acuerdo con la negociación, pero con unas reglas
claras: cese de la violencia, no representatividad política para los
desmovilizados, reparación a las víctimas, penas efectivas de cárcel y cero
negociación de la extradición. Todos esos elementos fueron recogidos en la ley
975 de Justicia y Paz. Los “paras” incursos en delitos atroces están tras las
rejas, sus jefes extraditados y ninguno de ellos tuvo ni tendrá la posibilidad
de acceder a cargos públicos. Eso fue lo que la ciudadanía exigió y lo que
coherentemente el gobierno, representado por Luis Carlos Restrepo, impuso en la
mesa de negociación.
El ex Alto Comisionado ha hecho un
importantísimo aporte al debate político que se adelanta al interior del Centro
Democrático. Con su carta, rompe de una vez por todas el malicioso argumento de
que los uribistas somos gentes de guerra. Pone de manifiesto que somos lo
contrario: que queremos la paz y que soñamos con una nación reconciliada pero
no bajo las condiciones de nuestros victimarios, sino las que demande la
ciudadanía.
No es hora de caer en paroxismos, ni en
caricaturizaciones. Restrepo ha puesto el dedo en la llaga al proponer muy
oportunamente que es hora de que los uribistas le expongamos a la sociedad una
alternativa de paz en la que el acento se pose sobre la ciudadanía y las
víctimas, no en beneficio de los ilegales.
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