Buscando el ahogado río arriba

La actividad de las redes sociales resultó inusualmente elevada para un lunes festivo por cuenta de la confesión de Santoyo -omito intencionalmente el grado de general pues hoy tengo claro que lo desmerece-. A la escueta noticia, la cual se limitó a indicar que la aceptación de los cargos habría sido parcial y que descarta narcotráfico, ocurrió lo de “técnico en lunes” para los restantes mortales: tratar de desentrañar de quién fue la culpa.

Que si fue del general Gilibert, comandante de la Policía cuando Santoyo fue asignado a la seguridad de Alvaro Uribe como candidato presidencial; que no, que de Andrés Pastrana, entonces Presidente; que mejor no, que del general Teodoro Campo y Martha Lucía Ramírez, Director de la Policía y Ministra de Defensa, respectivamente, en el primer cuatrienio del presidente Uribe; que tal vez tampoco porque solo después de la anulación de la sanción disciplinaria por parte del Consejo de Estado fueron el general Naranjo y Juan Manual Santos, Director de la Policía y Ministro de Defensa, también respectivamente, quienes propusieron su ascenso al generalato; pero como dicen las señoras, proponer no es ofender y entonces alegan que los culpables fueron los senadores que acogieron la propuesta, desoyendo a algunos de sus colegas que votaron en contra; que eso mucho menos porque los congresistas no tienen la función de investigar y que se limitan a votar positiva o negativamente lo que se les propone en el orden del día; entonces que fue la junta de generales, encabezada por el propio Naranjo, junta que propuso ese nombre y debía estar en la capacidad de saber que Santoyo no era de fiar, opinión un poco más ilustrada por cierto.

Por último, que la culpa es del propio Alvaro Uribe porque habiendo Santoyo sido su jefe de seguridad, el presidente Uribe debía conocerlo bien, como si la función del Presidente de la República fuera hacerle “contrainteligencia” a su propio jefe de seguridad. A este respecto quizás el más sensato ha sido Rafael Guarín al cuestionar la vulnerabilidad de la seguridad nacional cuando la de la propia Presidencia pueda estar a cargo de un oficial corrupto. Y por supuesto, la casi inmediata reacción de desilusión del propio presidente Uribe, víctima una vez más de un entuerto en el que claramente no tiene responsabilidad alguna.

Con su veloz confesión, la defensa de Santoyo seguramente quiere sacar el cargo por narcotráfico de la palestra y debe anticiparse que vendrán delaciones. Ojalá haya y que sean verdad.

Pero sobre los nombres arriba citados y trajinados en redes sociales, sin pruebas y con nada distinto a mi íntima convicción, creo que con excepción del mismo Santoyo, en esa lista hay más víctimas que culpables. Sin duda habría mayor o menor ligereza, que no culpa, en algunos casos. Pero también creo que todos olvidan al verdadero culpable que tantos dolores le ha causado a nuestra sociedad: el detestable poder corruptor del narcotráfico y la dolorosa falta de formación en valores.

Lo que realmente leo en todos esos vanos intentos de imputación no es otra cosa que un profundo dolor por un episodio más de vergüenza para Colombia. Es otro golpe a la dignidad de millones de colombianos que no queremos más episodios de decepción porque el nuestro sea un país en que un oficial de esa graduación y responsabilidad haya traicionado principios tan elementales de honestidad y honor institucional.

Desde Lara Bonilla hasta nuestros días, pasando por el magnicidio de Luis Carlos Galán, la sociedad colombiana sigue siendo víctima del poder corruptor del narcotráfico, ese mismo al que Álvaro Uribe enfrentó sin temor alguno, porque no está de más recordar que su gobierno fue el que más extradiciones ha autorizado en la historia y el que más bienes le ha quitado a la mafia. Ahí están las cifras que confirman aquella máxima de que la verdad es la verdad y ésta no tiene versiones.

Pero en lugar de preocuparnos por formar en valores, dejamos que se excuse el elefante, aceptamos que se justifique el narcotráfico con fines supuestamente políticos como ocurre con la dictadura Chavista, las Farc y sus brazos políticos supuestamente legales, o, como el día de hoy, buscamos afanosamente un listado inexistente de responsabilidades administrativas en los nombramientos para no enfrentar el dolor de ver la infiltración del narcotráfico que, gracias a su capacidad de generar una verdadera “cultura mafiosa”, con el paso del tiempo ha ido penetrando alevosamente a todos los estamentos de la sociedad.