A Santos le fue bien

Sorprenden los resultados de las encuestas IPSOS-NF y Datexco de fines de noviembre. Se puede interpretar que al Gobierno le va mal porque los índices de su desaprobación son muy altos quedándole todavía 20 meses por delante. Sin embargo, esa caída a la aprobación que se le da al Gobierno ha sido leve si se tiene en cuenta la acumulación de situaciones que la opinión pública castiga y por las cuales el Gobierno ha podido caer entre 10 y 12 puntos más.

La pérdida de favorabilidad del presidente Santos ha sido constante desde noviembre de 2010, excepción hecha del efecto del anuncio de los diálogos de paz en la de septiembre pasado. Desde su punto más alto (noviembre de 2010), en dos años ha perdido casi 30 puntos; un promedio de entre tres y cuatro puntos porcentuales por trimestre de medición. 

Si bien esa no es la tendencia que se espera en los primeros dos años de cualquier gobierno sino más bien la típica del desgaste de los segundos dos, la variación de los últimos seis meses ha sido consecuente con la tendencia pero no con la realidad de lo que ha tenido que enfrentar, mucho menos con la forma como el gobierno ha resuelto cada una de esas situaciones.

Veamos: desde el fiasco de la reforma a la justicia, pasando por el triste espectáculo del Cauca, una inseguridad desbordada  con atentados de las Farc que cobraron la vida de niños inocentes, un derrochador show mediático innecesario en Oslo, algo más de cuarenta días de paro judicial, el affaire de Interbolsa y el fallo de La Haya, conforman todos una lista corta pero sustanciosa de hechos recientes que llevarían a pensar que el desplome ha debido ser mayor.

Los áulicos de Palacio le atribuirán el descalabro al fallo de La Haya y dirán que eso no es responsabilidad exclusiva del actual gobierno. Falso. No es el fallo lo que castigan las encuestas. Es la falta de posiciones contundentes y creíbles. La demora en la toma de decisiones y la incapacidad para comunicarlas adecuadamente son más relevantes para las encuestas que la decisión misma.

Hago caso omiso de la credibilidad, no por intrascendente sino porque en ésta el Gobierno sí se rajó completamente y con razón. Los “inamovibles” y el discurso de que a las Farc “hay que creerles” en relación con el secuestro, gravitan en la conciencia colectiva y le seguirán sabiendo a cacho al Gobierno porque además le demuestran que la opinión pública no es pendeja.

Pero también se lo demuestra a la mal llamada “gran prensa”. Pierde 10 puntos de confianza en un trimestre. Los empalagosos CMIs, Arismendis y Julitos pueden ver el efecto que sobre su credibilidad va cobrando la mermelada. Probablemente han contribuido a que la caída de Santos no sea lo estrepitosa que ha podido y debido ser.

Pero su propio costo demuestra que la opinión pública sí se da cuenta, cambia de dial o recurre a otras alternativas como las emisoras locales, los medios virtuales y las redes sociales. Equivocarse en eso es desconocer que recuperar un televidente o un oyente es mucho más difícil y demorado que perderlo.

A Santos le fue bien porque las circunstancias indican que le ha podido ir peor. Y por eso es que iniciativas como la del Cacerolazo del 5 de diciembre gozan hoy, más que nunca, de total legitimidad. Y los efectos en algunos casos apenas empiezan. La inversión se desaceleró con consecuencias obvias en el empleo. Hoy las comisionistas están despidiendo traders porque la bolsa no se mueve lo que se movía hace apenas 4 semanas.

Encuestas como las de ayer confirman que no es el uribismo sino la mayoría de la gente del común la que está decepcionada con el gobierno, la que siente desesperanza y que con su manifestación le pasa al Gobierno una cuenta de cobro de insatisfacción acumulada.  

Tristes conceptos de Montealegre

El Fiscal Montealegre parece preferir un rol de asesor que ser la cabeza del ente acusador.

En la víspera de las sesiones del Congreso en las que “se hundió” la reforma a la justicia, ofreció generoso concepto (no pedido) exonerando de culpa a los congresistas que asistieran a dichas sesiones extraordinarias para decidir las objeciones presidenciales al acto legislativo. 

No se refirió por supuesto a la ilegalidad de objetar un acto legislativo o a que se discutiera en sesiones extraordinarias, sino que emitió un concepto que no le correspondía –y a priori- para ayudar al ejecutivo a que dichas sesiones tuvieran quórum y así poder terminar de una vez por todas con uno de los episodios más vergonzosos de la administración Santos y del mismo Congreso de la República.

En un foro académico hace pocas semanas en Medellín, despachó la tesis de que la justicia transicional permite que las penas, aún para delitos de lesa humanidad, sean penas alternativas a la pena de prisión. Un equivocado concepto dando ideas para la ley estatutaria del nefasto Marco Jurídico para la Paz.

Aunque no lo haya dicho expresamente, según esa tesis, los responsables de delitos de lesa humanidad podrían pagar su deuda de horror con la sociedad y las víctimas, sembrando árboles en el desierto de la Tatacoa  o dirigiendo el tráfico en Tamalameque. 

Otra ayudita al ejecutivo en un tema en el que no solamente desconoce que ese no es el papel del Fiscal General de la Nación sino que además olvida que el mismo Marco Jurídico para la Paz lo que le impone a la Fiscalía es la priorización de la acción penal, no los criterios de selección. Por fortuna, y gracias a la no poca divulgación de sus palabras, expertos en justicia transicional desmintieron tan aberrante concepto.

Tras un mes de paro judicial, el turno es para confundir a la opinión pública entre el derecho a la protesta y la ley laboral. Se lee en El Tiempo, que cita textualmente a Montealegre en los siguientes términos:

“"Si las Unidades de Reacción Inmediata siguen trabajando y se mantiene la atención de las urgencias y asuntos prioritarios, no se puede declarar ilegal la protesta", aseguró el Fiscal. Y agregó que no va a descontar salarios: "Esa sería una medida arbitraria que generaría un tremendo impacto en las personas".”  (las negrillas son de El Tiempo)

“La protesta” no es ilegal nunca. Lo que podría ser ilegal son ciertas formas de ejercer la protesta.

Cuando “la protesta” es un paro laboral, es a la justicia laboral ordinaria, no a la Fiscalía, a la que le corresponde calificar su ilegalidad, un nudo gordiano en un país en que es precisamente la justicia la que está en paro desde hace un mes.

No en vano la Contralora recorrió el país buscando un Tribunal abierto donde poder radicar la solicitud de declaratoria de ilegalidad del paro. Porque a diferencia de la huelga, que es legal, el paro no lo es; pero en Colombia hay que buscar que la justicia así lo califique.

Y es que el paro es ilegal no porque sea ilegal “protestar” sino porque el derecho a la huelga está prohibido, entre otras situaciones, cuando se trata de una empresa que presta un servicio público esencial o cuando se trata de empleados públicos, ejecutores de la función pública del Estado, la cual es permanente.

El Estado no puede PARAR; por eso la ley no les confiere esa posibilidad a sus empleados. Hoy día pueden presentar pliegos de peticiones (llamados pliegos de solicitudes) y pueden negociar colectivamente pero en ningún caso hacer una huelga.

De ahí que ese “cese de actividades” se llame paro, forma de protesta que la ley no solo no prohíja sino que prohíbe. El Fiscal no lo puede avalar bajo la ruana del derecho a la protesta, porque si el derecho a la protesta es ilimitado y se puede ejercer sin consideración a la ley, ¿cuál sería la ilegalidad de los actos terroristas conexos a un movimiento de protesta?

Muy graves manifestaciones, especialmente si vienen del Fiscal General de la Nación. Y más grave que sostenga sin sonrojarse que no pagar salarios durante el paro es una arbitrariedad.

Ni siquiera en la huelga, que repito es legal, se causan salarios; mucho menos durante un paro, que no lo es. En no pocas ocasiones una negociación colectiva concertada se empantana al final por el pedido de que se reconozcan los salarios dejados de pagar durante la huelga, una petición a la que puede acceder un empleador privado porque finalmente es su plata.

Pero la plata del Estado no es la alegre plata de Montealegre. ¿O por qué cree el Fiscal que la Contralora alega interés para solicitar la declaratoria de ilegalidad? No es propiamente porque al Gobierno le haya quedado grande el tema, que en efecto le quedó. Es por el detrimento patrimonial del Estado, ese sí producto de una conducta ilegal y arbitraria.

No desconozco que frente a la rama judicial y a sus funcionarios el Estado no ha sabido estar a la altura de sus deberes, pero eso no justifica la violación de la ley por parte de esos funcionarios en perjuicio de toda la Nación, mucho menos que el Fiscal la secunde bajo el ropaje del derecho a la protesta para justificarla.           

Yamid el empalagoso

Yamid Amat fue condecorado con la Cruz de Boyacá por el presidente Santos en febrero de este año (ver noticia de CM& al respecto en http://www.cmi.com.co/m/p/n.asp?n=76515). Un año antes, en febrero de 2011, su hija Adriana Amat Serna se posesionó como Vicecónsul de Colombia en Washington. Además de éstos y otros favores, una larga amistad liberal y de camaradería masónica vinculan al hoy presidente de la República con el curtido periodista. Y Amat ya no sabe qué más hacer para pagar tantos favores.

Entre sus ejecutorias se cuentan las de publicar sondeos que de alguna forma minimicen el impacto negativo que para Palacio han tenido las encuestas de IPSOS y GALLUP sobre la imagen del gobierno. Es sabido que por encima de los problemas de Colombia, si hay algo que de forma particular trasnocha el narcisismo de Santos es la medición de su imagen. No lograr, siendo presidente, superar la imagen favorable de Alvaro Uribe (como expresidente) es casi una afrenta al pretendido unanimismo con el que se justifica la mermelada y la mordaza.

A la Asamblea del Partido de la U celebrada el pasado domingo se presentó una proposición de apoyo al proceso de paz del gobierno Santos con las Farc. Error de cálculo de un presidente encargado del partido que ingenuamente cree, como el Gobierno, que las bases del partido apoyan un proceso diseñado para la impunidad y la elegibilidad de terroristas. 

¿Creía acaso que los empalagados congresistas del partido que aprobaron el Marco Jurídico para la Paz reflejan el sentir de diputados, concejales y demás bases del partido que de verdad padecen las atrocidades de las Farc y no reciben la misma mermelada a cambio de su conciencia? Por supuesto, la proposición "nació muerta". Pero como cualquier mitómano, Olano salió a la mañana siguiente a decir en La W que la proposición había sido aprobada; le tocó corregir más tarde con el argumento de que era una propuesta para la bancada parlamentaria, cuya mayoría, está visto, carece de conciencia inmune a la mermelada.

CM& quiso tenderle una mano al expósito congresista y por ahí derecho a la lesionada imagen de un presidente cuyo discurso brilló por la ira pero sobre todo por los desafortunados epítetos, tan vergonzosos viniendo de un jefe de estado como que el discurso transcrito en la página web de la Presidencia (ver http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2012/Octubre/Paginas/20121028_07.aspx) no refleja el indecoroso principio con el "rufián de esquina". 

El galardonado periodista (por lo de la Cruz de Boyacá) fabrica en su edición del miércoles 31 de octubre una nota en la que le atribuye a Ernesto Macías y a Felipe Mendoza, por cuenta de sus invitados (cinco cada uno), un sabotaje al que la "investigación interna de la U" atribuye el fracaso de la proposición (ver la nota en http://cmi.com.co/?n=92112). La nota incluye fotos y referencias a cargos pasados de Macías y Mendoza, confundiendo de paso a los supuestos conspiradores, muchachos de COLIDER, con la institución COLOMBIA JOVEN que dirigía Mendoza. 

El grado de embuste de la nota es burdo, comenzando porque Ernesto Macías no era siquiera delegado a la Asamblea sino un invitado, luego no podía tener “cuota de invitados”. Pero son tantas las mentiras que entraña la nota que muy temprano se vieron en las redes sociales las reacciones de Ernesto Macías (leer comunicación de @emaciastovar a CM& en  http://twiffo.com/1pWe) y la Asociación Colombia Lider (leer comunicación de COLIDER en http://colider.co/2012/11/01/aclaracion-de-asociacion-colombia-lider-pcd-a-comentarios-de-secretos-1-2-3-de-cmilanoticia/). Sin embargo, Inés María Zabaraín concluye la nota con estas palabras: Todos estos datos están ABSOLUTAMENTE CONFIRMADOS.  

Si la torpeza de Olano y la ira del discurso del Presidente no fueran suficientes para entender que la negativa a la proposición fue legítima, mucho menos el cúmulo de embustes sobre Ernesto Macías, Felipe Mendoza y los 10 supuestos saboteadores. Es tan mezquino como risible. Resulta ofensivo con los delegados de la U, a quienes les atribuiría un papel de pusilánimes en su propia asamblea, y me parece insultante con una audiencia a la que seguramente reputan tan pendeja como para que creer que diez invitados tienen el poder de manejar toda una asamblea de delegados, especialmente frente a la única propuesta de la Asamblea para ellos.

No hay nada que CM& pueda hacer para ocultar el fracaso de la propuesta de Olano ni para opacar el estruendoso desastre del discurso presidencial en un acto partidista. Adivino que en su edición de esta noche se van a limitar a leer la carta de Macías y a indicar que toda la información “ABSOLUTAMENTE CONFIRMADA” la recibieron de la “investigación interna” de Olano. Pasará, como dije esta mañana, que por tratar de ayudar a Olano, acabarán por enlodarlo. Lo que sucede cuando se recurre a la mentira y se actúa contra la evidencia.

Que quede claro que están exponiendo la seguridad personal de Macías, como él mismo lo manifiesta en su carta. El empalago de la mermelada conduce a perder toda credibilidad y que se cambie de canal.