Por una política de paz

Continuando en el oportuno debate que se ha generado con ocasión de la propuesta que el ex comisionado Luis Carlos Restrepo le hace al Centro Democrático de elaborar y presentar una agenda de paz de cara a las elecciones del año entrante, considero pertinente profundizar en algunos argumentos con el ánimo de estimular la discusión política en el seno del uribismo.

Sea lo primero señalar que hago parte de ese 70% de colombianos que no está de acuerdo con el proceso que actualmente se adelanta en La Habana, lo cual no significa que descrea en la solución dialogada de las diferencias.

Respaldar una política de paz no significa respaldar el proceso actual, como algunos han querido alegar. Respaldar una política de paz significa brindarle una respuesta a esa innegable mayoría de colombianos que quiere ponerle punto final al desafío terrorista, pero sin impunidad, sin elegibilidad para los autores de crímenes atroces y sin desprecio por los derechos de las víctimas.  

Si el uribismo retoma el poder en 2014 –como espero y trabajo denodadamente para que así sea- se encontrará frente a un hecho cierto: un proceso de paz en marcha en la isla de los hermanos Castro. ¿Qué hacer al respecto?

Está la alternativa de anunciar la ruptura inmediata de las conversaciones, ordenando a la Fiscalía General de la Nación reactivar las órdenes de captura suspendidas y pidiéndole a la cancillería colombiana que solicite a Cuba la entrega de los representantes de las Farc que para la fecha se encuentren en ese país. Así mismo, habría que dar la orden a las Fuerzas Militares de entrar a territorio venezolano con la misión de capturar a los miembros de la guerrilla que allí habitan, desencadenando una guerra cuyas consecuencias no quiero ni imaginar.

Una ruptura abrupta de las negociaciones podría generar hechos políticos sobre los que no hemos hecho las respectivas reflexiones. Terceros países como Noruega, Cuba, Venezuela y Chile han prestado su concurso para el desarrollo del proceso de paz, creyendo y acogiendo los argumentos que en su momento esgrimió Juan Manuel Santos como jefe del Estado colombiano. Si el nuevo gobierno se levanta de la mesa de negociación, alguno de esos Estados podrá reclamar por el incumplimiento colombiano, llegando al extremo de reaccionar reconociendo a las Farc como fuerza beligerante y alegando que si con Santos esa guerrilla era un actor político de un país que padece un conflicto armado interno, no dejará de serlo por el simple cambio de gobierno.

Por supuesto que no veo a los Castro capturando a Catatumbo, a Márquez, a Santrich y demás para efectos de entregarlos a las autoridades judiciales colombianas. Al contrario, podríamos exponernos a que se repita la grosera experiencia que tuvimos que soportar con México durante los años 90’s, cuando ese país permitió la existencia de una oficina permanente de las Farc, sede que no está de más recordar fue clausurada en abril de 2002 por el gobierno de Vicente Fox, atendiendo una solicitud de Álvaro Uribe, entonces candidato a la presidencia de Colombia.

El uribismo no es una corriente política guerrerista. Desde antes de ser elegido Presidente, Álvaro Uribe ha hablado de una salida negociada al asedio terrorista que padece nuestra democracia. Ha dicho que el diálogo se puede dar a partir de un cese previo de las acciones hostiles de los ilegales; ha defendido la negociación siempre y cuando sean los ciudadanos y no los terroristas quienes impongan la agenda; ha avalado los acercamientos cuando éstos son liderados por un gobierno con autoridad –que no autoritario-, capaz de hacer prevaler los intereses superiores de los ciudadanos frente a las demandas mezquinas de los criminales.  

La agenda política nacional no se negocia con los terroristas. Ésta se acuerda con la sociedad que ha respetado las reglas de juego democráticas y eso es lo que el próximo gobierno uribista tendrá que irle dejando muy claro desde ya a la guerrilla.