Una ley injusta con Santos

"Es injusto que un gobernante no pueda inaugurar obras si aspira a la reelección" dijo hoy el presidente Santos ante las advertencias de la Procuraduría por la entrada en vigencia de algunas normas de la ley de garantías. Frente a las obras no se sabe si el comentario es torpe o cínico pues con excepción de las casitas, las inauguraciones más vistosas de los últimos tres años han sido de obras concebidas y contratadas en el gobierno anterior.  

Pero lo que llama la atención no es el tema de las obras ni las autopistas de cuarta generación que tras tres años el gobierno no ha podido poner en marcha, mucho menos inaugurar; es el calificativo de injusticia que Santos le atribuye a una restricción de la ley de garantías con la que se busca preservar el equilibrio democrático.

Eso solo pasa en el país “justo, moderno y seguro” de Santos, que no es la Colombia que vivimos. Ni siquiera la vive Miguel Silva, creador del slogan, hoy radicado en Estados Unidos. Seguramente consciente de la mentira de su creación, decidió irse y esperar a que se cumpla para regresar.

Santos se debe estar “petrizando”, fenómeno capitalino en virtud del cual si una norma no me favorece, es injusta –y seguramente tendrá que cambiarse o violarse-. Santos quiere inaugurar casitas, vestido o en calzoncillos, para alimentar la ilusión de la reelección y desmentir que las locomotoras no hubiesen arrancado, falaz afirmación que acogen las encuestas porque en Palacio hay un problema de comunicaciones que no se ha podido resolver en tres años. Y no se va a resolver porque el problema no es de comunicaciones sino de ejecución; o ¿debería decir falta de ejecución?

Pero que a Santos le parezca injusta la ley de garantías cuando es él quien detenta el poder, demuestra el relativismo de lo que el gobierno actual considera justo. Explica que uno de sus más estruendosos fracasos haya sido precisamente el de la reforma a la justicia y que esa justicia esté hoy permeada por el más inmoral de los talantes políticos: el samperismo.

Para Santos es injusto no poder inaugurar obras públicas pero no es injusto hacerlo cuando esas obras las concibió y contrató el gobierno anterior, como ha ocurrido con la mayoría de las grandes obras que ha inaugurado en los últimos tres años.

Para Santos es injusta la ley de garantías pero no es injusto que las víctimas de las Farc no tengan voz en La Habana y que su derecho a la verdad y a la reparación sea más bien un obstáculo para la paz.   

Para Santos es injusta la ley de garantías pero no resulta injusto que los crímenes de los narcoterroristas de las Farc queden impunes o que los máximos responsables de delitos de lesa humanidad no paguen cárcel por esos crímenes.

Para Santos es injusta la ley de garantías pero no es injusto que mientras los partidos y movimientos políticos tengan que cumplir las reglas de la democracia en las urnas, los narcoterroristas de las Farc tengan una circunscripción especial en el Congreso.

Para Santos es injusta la ley de garantías pero no es injusto haber retenido en Bogotá las regalías de las regiones durante dos años para luego liberarlas como mermelada reeleccionista.

Para Santos es injusta la ley de garantías pero no es injusto que haya miles de militares presos por combatir el terrorismo.

Para Santos es injusta la ley de garantías pero no es injusto perder el mar territorial de Colombia, que las Farc hayan reclutado niños o cometido 57 agresiones armadas o terroristas en 60 días de tregua unilateral. Injusto además que la Fiscal de la Corte Penal Internacional advierta que todo lo anterior debe ser investigado y juzgado.

Podría seguir y seguir pero seguramente sería injusto con Santos porque lo único que parece injusto son las leyes de la República que le incomodan a Santos pero no que la Nación sea presa de los sibaritas de La Habana.

Referendo mentiroso

Para Periódico Debate (@DebateCol) 

Con un pueblo mayoritariamente contrario a las Farc y un país descuadernado por resultados “históricos” y los paros, los rectores del proceso habanero saben que un referendo convocado y celebrado como manda la ley no alcanzaría el umbral.

El proyecto de ley anunciado esta semana no es para un inocente cambio de oportunidad o de fecha. El ponente senador Andrade le da poca importancia ocultando la trascendencia de lo que está en juego y la preocupación de darle una salida a la mal llamada paz con un mecanismo de participación ciudadana al que el presidente Santos se ha comprometido públicamente.

Y aquí es donde se ve la mano de Humberto De la Calle, conocedor de derecho constitucional, para ayudar a su amigo presidente a salvar un proceso que para las Farc solo tiene sentido si viene acompañado de reformas constitucionales adicionales al ya nefasto marco jurídico para la paz. En términos simples, el inocente proyecto de ley viola la Constitución para salvar a La Habana y atenta contra los derechos de participación política de los ciudadanos que aspiren a ser elegidos en marzo y en mayo, pero especialmente viola el derecho a la libertad del elector.   

Es cierto que la prohibición de votar un referendo en las mismas fechas de otras elecciones es de orden legal y no constitucional como sí ocurre con la consulta popular. Sin embargo, cuando el legislador reglamentó el referendo incluyendo esta prohibición, lo hizo siguiendo las mismas razones de índole constitucional por la cuales esta prohibición se consagró para la consulta popular en la Constitución, razones mucho más visibles en el caso del referendo constitucional que en el de la consulta popular.

Es mucho más relevante para el futuro del país y de su democracia una reforma constitucional que la aprobación o no de cualquier otra decisión de trascendencia nacional. Tanto es así que la misma Constitución prohíbe una reforma constitucional por la vía de una consulta popular. Y si la Constitución prohíbe la realización de una consulta popular en la misma fecha de otra elección, cuánto más lesivo para el orden constitucional que esa coincidencia de fecha se pueda predicar de un referendo que la pueda modificar. Luego, no se trata de un simple capricho.

Basta leer la exposición de motivos de la Ley 134 de 1994 que ahora se pretende modificar para entender que la relevancia de un referendo constitucional justifica los requisitos y prohibiciones que hoy existen. De ahí la inconstitucionalidad de la pretendida reforma, en un sentido armónico como el que la Corte ha denominado sustitución de la Constitución.

Así como se justifica que un acto legislativo tenga el doble de sesiones que una ley y que ellas ocurran en dos legislaturas ordinarias, se justifica que una reforma constitucional vía referendo cuente con independencia de los comicios electorales, cualesquiera que ellos sean. La Corte Constitucional lo ha avalado como garantía de la libertad del elector.

En el examen de constitucionalidad del referendo de 2003 dijo Humberto De la Calle sobre el particular, según lo cita la Corte en sentencia C-551/03: “(…) la Corte debe aplicar todas las limitaciones que protejan el régimen democrático de las pasiones momentáneas del gobernante de turno.” Claramente no sabía que 10 años más tarde encabezaría la obsesión del de turno en el 2013.

Esta iniciativa de reforma legal cumple además objetivos electorales para los parlamentarios de la Unidad Nacional que ven perder sus curules frente al Centro Democrático y para la cada vez más esquiva posibilidad reeleccionista de Santos. El referendo desvía la atención del elector hacia “la paz y sus gestores”, tan falsa como quienes la promueven. Así, al elector se le retira su poca atención de la campaña fiscalizadora que hacen nuevos aspirantes desnudando la mediocridad de los presentes y se le desvía de las propuestas alternativas que en el marco de una democracia presenta la oposición con vocación de poder. 

Esto vulnera el derecho de esos aspirantes a que su participación en política cuente con todas las garantías de la democracia para presentar sus propuestas al electorado y que este último pueda hacer una elección informada. Para completar, le da una bandera de la que carecen esos aspirantes reeleccionistas, bandera financiada con el dinero del Estado, no el del reembolso de los votos válidos, sino el del referendo. ¿O quién duda de que “la paz” amarra votos de los incautos?   

Está pasando

Para Debate Nacional (www.pensamientocolombia.org) de Julio 18 de 2013

Entre las consecuencias adversas de un proceso como el de La Habana está el impacto en la inversión extranjera. Según cifras preliminares, habría caído un 6.2% en el primer semestre del año.

Algunos analistas han sostenido que era previsible y se lo atribuyen, sin fundamento, a variables internacionales. Si se mira el comportamiento de los fondos de inversión, con caída sostenida en las últimas cuatro semanas solamente para el caso de Colombia, aquel argumento se torna peregrino. 

Desde febrero veníamos advirtiendo señales de retiro, en hidrocarburos, con devolución de zonas, y en minería, con renuncia a seguir esperando un código que no vio la luz del día en mayo, vencimiento de un plazo de dos años que la Corte Constitucional había dado al existente.

Al final del laberinto, esos cálculos mueren en La Habana.

Si bien es cierto que todo proceso de esa naturaleza genera cautela en los inversionistas, la proyección de su desenlace no desestimula la inversión de largo plazo cuando esa proyección resulta moderadamente optimista. Ese optimismo se finca en variables como las siguientes:

(a) Institucionalidad: cuando no sea previsible que el proceso afecte las instituciones democráticas ni el orden constitucional;

(b) Legalidad y seguridad jurídica: cuando no sea previsible que el proceso afecte el estado de derecho, aquel en el que las normas están por encima de las instituciones y las personas, ni sea previsible que cambie las reglas de juego bajo las cuales se establezca la inversión, al punto que vulnere derechos adquiridos.

(c) Temporalidad: cuando se trate de un proceso con un horizonte temporal establecido o cuando menos probable, pero en ningún caso indefinido.

El proceso habanero ha tocado y toca las tres variables. Propuestas tan descabelladas como sugerir que el más grande cartel del narcotráfico mundial se convierta en un aliado del estado en la lucha contra el narcotráfico, discutir la agenda nacional agraria sin los actores del agro como ausentes están las víctimas del terrorismo con el que se discute, o llevar a rango constitucional un marco jurídico que sugiere violar tratados internacionales suscritos por Colombia y que hacen parte del bloque de constitucionalidad, son ejemplos de lo que oímos diariamente de este proceso habanero.

Y la temporalidad no es la excepción. Santos habló de meses. Quienes se refieren al “postconflicto”, como si el conflicto ya hubiese pasado, hablan de años; la verdad es que parece un proceso más vinculado al calendario electoral que a la necesaria noción temporal de la negociación de sus temas.    

Entre la demencial osadía de las propuestas y la falta de seriedad de su duración en el tiempo, amén del descuido del país real por cuenta de este proceso, la inversión extranjera prospectiva y la existente carecen de una proyección moderadamente optimista.

Por eso y por mucho más, no es cierta la manifestación del Presidente Santos de que si esto sale mal, “aquí no ha pasado nada”. Claro que ha pasado. ¿Cuánta riqueza se deja de generar por cada punto porcentual de inversión prospectiva que se pierde? ¿Cuántos puestos de trabajo se dejan de crear y cuántas familias pierden la oportunidad de salir de la pobreza por cuenta de esa pérdida? Así no sean miles sino apenas millares, claro que pasó y seguirá pasando si el país sigue prisionero del proceso de La Habana y teniendo por carcelero al gobierno nacional.

Haberlo intentado como lo intentó fue acaso una muestra de torpeza, imperita quizás y por tanto culpable. Pero mantenerse en ella en desmedro del país y con la obstinación de darse el punto, no me resulta imperita sino dolosa.         

¿Se hizo justicia?

Para Minuto30.com

“Nada se asemeja tanto a la injusticia como una justicia tardía” SENECA

Dijimos hace meses con ocasión de una previa solicitud de libertad de Andrés Felipe Arias, que era necesario modificar las causales para negar la libertad de quien no ha sido condenado. Con una justicia en crisis, la amplitud para el criterio del juez de control de garantías puede atentar, como ocurrió en este caso, contra el cometido mismo de hacer justicia.

El pasado viernes la misma administración de justicia nos dio la razón en tan atrevido predicamento.

El principio de afirmación de la libertad establece que la privación preventiva de la libertad del procesado tiene carácter excepcional. Esto quiere decir que frente al procesado, la libertad es la regla general y la privación de la misma procede solo por vía de excepción, excepciones tales como: impedir la obstrucción de la justicia, garantizar la comparecencia del imputado al proceso y proteger a la comunidad y a las víctimas.

Aunque razonables, las excepciones son amplias y permiten diversidad de criterios por parte del juez con función de control de garantías.

Desde los tiempos de Vivianne Morales se alegó por la Fiscalía que la aplicación de una excepción en el caso de Andres Felipe Arias era para evitar la influencia que en libertad pudiera ejercer Arias sobre los testigos. Este peregrino argumento fue acogido por el Tribunal con función de control de garantías durante casi dos años.

La realidad probatoria del juicio no cambió entre la anterior solicitud de libertad (6 de mayo) y la del pasado viernes 14 de junio. Pero en aquella se negó la libertad y en ésta se le concedió. Si las circunstancias procesales eran las mismas, ¿cómo se explica la contradicción de las dos decisiones? Se explica en la diferencia de criterio de los magistrados que las tomaron.

Como es el hombre quien administra justicia, la diferencia de criterio es previsible y aceptable. Pero cuando lo que está en juego es la libertad personal, injustamente prolongada, esa diferencia de criterio se vuelve inaceptable en un Estado que pregona como principio la afirmación de la libertad.

Decisiones contradictorias frente a un proceso que no tuvo cambios procesales, confirma que la amplitud de criterio para la aplicación de excepciones a ese principio resulta nefasta a los derechos constitucionales que el juez de control de garantías debe garantizar. Esa amplitud de criterio permite, como en este caso, usar el derecho fundamental a la libertad personal con fines políticos, algo absolutamente inaceptable en un estado democrático.

Lo segundo que deja entrever la decisión del viernes pasado es que la Fiscalía está perdiendo la partida, razón además por la cual la defensa desistió de once testimonios.

A la gente del común se le olvida que en un sistema acusatorio la Fiscalía no representa la justicia sino que es una de las partes del proceso penal, por lo cual tiene el deber de ser proba y procesalmente leal, pero no necesariamente justa. Con cometidos fundamentales por supuesto, como investigar y acusar, debe procurar una sentencia acorde con su acusación.

Un gran número de testimonios no significa ni su pertinencia ni su relevancia. De hecho, resulta torpe y costoso sacrificar con número la pertinencia. La Fiscalía le jugó a mecanismos “paraprocesales” como la detención preventiva porque carece de un caso creíble y eficiente para lograr una condena. Si tuviera las pruebas pertinentes y relevantes, el debate probatorio ya se habría cerrado y probablemente ya habría sentencia. Como no lo tiene, le jugó a los paraprocesales, los que ya perdió, no sin haber hecho un daño irreparable en la persona de Arias y su familia.

La Fiscalía no ha sido proba ni procesalmente leal. Y como no tiene como probar “su caso”, conseguirá justicia con la absolución de Arias a un costo enorme para la sociedad por la persecución política para la que se prestó y para la cual no fue creada.             

Este tipo de vergüenzas demuestran que la reforma a la justicia es una necesidad, quizás de las más sentidas que reclama Colombia y en la que este gobierno y el actual congreso fracasaron hace un año estrepitosamente. El país demanda una reforma que de veras consulte los que son los problemas de la justicia que afectan al ciudadano, entre ellos la ética y la morosidad, no una que debata el período de los magistrados o la doble instancia para congresistas.

Mientras tengamos una Fiscalía que en lugar de perseguir el delito se dedique a prepararse para una falsa paz, no podremos esperar que se modifique el vergonzoso índice de imputación del 6% de las denuncias que se formulan ni que se repitan atropellos como el que se le ha inflingido a Arias y a su familia.

Oxígeno recíproco

La Habana se volvió un escenario de balas, de balas de oxígeno. Y eso lo permite una negociación bajo el principio del “todo único”, mejor conocido como “nada está acordado hasta cuando todo esté acordado”.

El presidente Santos dijo e insistió que los acuerdos en temas de propiedad de la tierra están enmarcados en la Constitución y la ley vigentes; dijo e insistió que los legítimos propietarios campesinos no tienen nada que temer. El saliente ministro Juan Camilo Restrepo ratificó que no hay acuerdos que toquen con la inversión extranjera en la ruralidad y el entrante ministro Estupiñán reiteró lo dicho por Santos con las mismas palabras. Se puede concluir que los proyectos de ley que cursan en el Congreso sobre frontera agrícola y límites a la propiedad extensiva son mucho más revolucionarios que el anunciado acuerdo rural de La Habana.

¿Hay más? Claro que sí. Y ese mucho más no es otra cosa que los enunciados de un programa de desarrollo rural integral que cualquier nación que quiera mirar al campo puede escribir en cinco minutos y cualquier gobierno podría poner en marcha si estuviera políticamente comprometido con el campo. Sin ir muy lejos, parte de ello se lograría si se cumpliera con la ley de restitución de tierras, esquiva en su aplicación antes de que existiera.

¿Entonces por qué tanto alborozo? Porque éste ha sido y sigue siendo un gobierno de anuncios y este anuncio le da una bocanada de oxígeno.

Hace apenas una semana un Carrillo desesperado anunciaba que el proceso no pasaría del 31 de diciembre. Porque un gobierno sin resultados, con desplome industrial, un PIPE que, como las locomotoras, no ha arrancado, y al que en plena visita de jefes de gobierno le asesinan 15 miembros de sus fuerzas armadas, necesitaba, a cualquier precio, superar el primer punto de la agenda tras seis meses de conversaciones sin resultados.

¿Cómo lo logró si hace apenas una semana seguía sin acordarse? Convenciendo a las FARC que uno se puede poner de acuerdo sobre lo que es obvio, en el entendido de que como no es definitivo, por el camino se arreglan las cargas. No en vano Andrés Paris dijo a los medios de comunicación al día siguiente que a lo largo de las conversaciones “se esperan desarrollos”.

Puesto en otros términos, cualquiera que sea el texto del acuerdo, en la medida que no es definitivo, permite modificaciones desde el día uno y hasta el día final. Pero ponerse de acuerdo sobre lo obvio sí se logra de la noche a la mañana.

Lo grave es el oxígeno retributivo. Cuando se eleva a la categoría de acuerdo el deber constitucional que tiene todo gobierno de ocuparse con seriedad de los problemas del agro, le está entregando a las FARC una bandera para legitimarla como lo que no es: representante de los auténticos intereses de los campesinos y de los empresarios del campo.

No bastaba con el conflicto interno y recuperar para las FARC una vigencia internacional que ya no tenía. Necesitaba, a cambio de su bocanada de oxígeno, entregarle la bandera del agro, una bandera que no solamente es un deber, sino una obligación de éste y cualquier gobierno que se precie de gobernar en el territorio nacional y no solamente en Bogotá. Una bandera que se debe construir con 45 millones de colombianos y no con 7800 terroristas.

Pero ha sido el precio de la bocanada de oxígeno y el gran daño que hace el acuerdo parcial anunciado. Ratifica que a este gobierno no le interesa el campo lo suficiente; o, como presumo que es el caso, que le quedó grande y que no es capaz de cargar solito con la bandera de la ley de restitución de tierras.

¡Qué vergüenza! Pero sobre todo qué vergüenza que lo haga por tan poca cosa. Como una bolsita de cuero con unas cuantas monedas, recibe el favor de tener algo que mostrarle a la galería y un par de aplausos internacionales sin reparar que la distancia de la paz sigue siendo la misma mientras no haya verdadera justicia, verdad contrita y reparación efectiva. Solo le devuelve la esperanza a Santos para pensar en reelegirse y a Vargas para empezar a pensar en traicionarlo.

Escoltas contra la comunidad

Publicación de La Otra Esquina (@LaOtraEsquinaCo) de Mayo 20 de 2013

A propósito del bochornoso incidente entre el senador Armando Benedetti y el señor Rafael Meoz en un establecimiento público de Usaquén del que se asegura que el último salió gravemente lesionado por cuenta de que un  escolta del primero lo lanzó al piso, vuelvo a preguntar hasta cuándo vamos a cultivar la cultura mafiosa que nos han dejado décadas de narcotráfico y una inversión de valores que sepultó el imperio de la ley, pero sobre todo de la decencia.

No me referiré al incidente, del que solo sé lo que se puede saber tras perder media hora oyendo un reportaje de radio sobre el tema, al cabo del cual me quedó el convencimiento de que ambos interrogados dijeron verdades y mentiras a medias y por igual. Lo que sí sé es que producto de la cultura mafiosa que nos aqueja, los recursos de seguridad del estado se desperdician y se emplean en lo que no deberían, afectando la vida del ciudadano del común.

Bogotá es una ciudad con una de las densidades poblacionales más altas del mundo pero con una infraestructura vial insuficiente y vergonzosa. ¿A quién no la ha tocado un trancón ocasionado por una camioneta oficial parqueada sobre una vía principal con una moto de la policía parqueada detrás obstruyendo uno de los dos o tres carriles de la llamada “vía arteria”?

Seguramente se trata de un congresista, un viceministro o un director de entidad descentralizada cumpliendo una cita o asistiendo a un evento en el edificio frente a cuya entrada está ese vehículo obstruyendo la vía. El número de carros y motos se multiplica si se trata de un ministro o un lobo presidente del congreso.

¿El argumento?, si alguien se atreve a preguntar: razones de seguridad. ¡Falso! ¿Cuándo se ha visto que un presidente se apee en el andén y camine hacia el edificio o que los vehículos de su escolta esperen frente al edificio al cual se dirige? ¡Nunca! Y es precisamente por razones de seguridad; porque ese tramo y espacio de tiempo entre el vehículo y el edificio son los de mayor vulnerabilidad en términos de seguridad. Por eso los vehículos del presidente siempre ingresan al edificio al que se dirige el presidente. No queda al descubierto nunca ni permite ver, a su salida, en cuál de los vehículos va “el personaje”.

Luego, el argumento no es de seguridad sino de una profunda inseguridad. O el personaje no necesita esa escolta policial o si la necesita, está entrenada es para que al personaje lo maten. La verdad es otra: esa escolta no está destinada a protegerlo sino a abrirle paso en el tráfico, solamente en caso de emergencia (léase fuga), pero cumple la labor complementaria de permitir que el vehículo bloquee cómodamente un carril de la escasa e insuficiente vía para que el personaje no tenga que pagar parqueadero ni caminar.

Eso no le importaría a nadie en Alaska, donde dicho sea de paso el concepto de escolta solo se ve en las películas, pero por favor ¿en Bogotá, una ciudad en la que el común de la gente desperdicia entre una y cuatro horas diarias en el elemental desplazamiento diario a su trabajo y de regreso a su casa?

Empezando por el desperdicio del costo de entrenamiento de ese policía, entrenamiento que no fue para violar la ley ni mentir sobre las “razones de seguridad”, siguiendo por el costo de mantenerlo en una labor inconsecuente con la más elemental civilidad, y terminando con el daño que ese elemental comportamiento le causa a otros, la inconsciencia de los funcionarios públicos a cuyo cuidado están asignados esos policías cierra el circo de la república bananera.

Vienen a mi memoria casos como el de un concejal de Bogotá transitando por el carril de Transmilenio que justificó su atropello por el hecho de que estaba de presidente encargado del Concejo e iba retrasado para el Concejo. Por supuesto el tan sonado caso del senador Merlano, quien se negó a una prueba de alcoholemia al tiempo que increpaba al policía con la frase “¿usted no sabe quién soy yo?”.

Mientras en los países del primer mundo todos quieren imitar a la mayoría en su comportamiento social, en los del tercer mundo se impone la cultura de la excepción: cómo hacer para salir del montón y hacerse a una posición de poder con la cual justificar la violación de la ley, o, como aparentemente ocurrió en el caso de Benedetti, usar la justificación de la seguridad y protección del funcionario para con la fuerza pública agredir a un ciudadano con el que el protegido habría tenido una agria discusión personal.

El tema no es de generalidad o excepción. Ni siquiera es de funcionarios públicos educados. En buena medida por eso somos del tercer mundo. El tema es mucho más primario: es de cultura democrática. Solamente en la medida que se entienda y cultive el respeto a la ley como condición universal para el ejercicio de las libertades civiles, se puede empezar a construir una vida digna en comunidad. 

No por mucho madrugar amanece más temprano

Publicación de La Otra Esquina (@LaOtraEsquinaCo) de Mayo 21/13 y Periódico Debate (@DebateCol) de Mayo 23/13

Enseña la teoría política que las campañas reeleccionistas deben ser cortas; cuando sean viables, su longitud es inversamente proporcional a su efectividad.

Desafortunadamente para Santos, su incomparable impopularidad y los términos legales para que Vargas no se inhabilite, lo obligaron a anticipar el debate reeleccionista. Cualquier aspirante a reelegirse que tuviera entre su gabinete a un ministro más popular que el propio mandatario, habría hecho hasta lo imposible para dejar a Germán Vargas hasta el 7 de agosto de 2014 comprándole casitas a las cajas de compensación familiar.

En este caso no ocurre porque la impopularidad de Santos es de tal magnitud que antes bien, lo necesita habilitado para aspirar a “la reelección de esas políticas”, como el mismo Santos lo denominó. Y es que el plan A está encabezado por Vargas y el plan B, vergonzantemente dependiente de las FARC, estaría encabezado por el propio Santos.  

Esta movida es un acto de humildad. Por segunda vez en menos de dos meses el Gobierno da muestras de entender que las circunstancias le son adversas a una reelección. La primera fue con la propuesta resignada a dos años de reelección a cambio de acabar con la figura y ampliar el tiempo de gobierno para darle oxígeno a los diálogos habaneros.

Un Gobierno confiado en su reelección, habría mantenido a Vargas con el compromiso de entregarle la posta al final del segundo período. Un gobierno que se sabe perdedor en una contienda para buscar la reelección, empieza por alinear a sus aspirantes internos para que no le resulten contendores y los pone a sumar en el contrapeso a su verdadera pesadilla, el regreso del uribismo al poder.

Y es que Santos cree que le queda un aliento, el aliento de un papel firmado en La Habana. Por eso no desiste de una buena vez por todas de la intención reeleccionista, permitiendo a Vargas salir al ruedo como el candidato del “santismo” para las próximas elecciones y ofreciendo volcar de manera soterrada todo el aparato estatal al servicio de esa causa. Es muy probable que eso termine ocurriendo pero no sin antes haberle dado la oportunidad a los diálogos habaneros, lo único que rescataría el plan B encabezado por Santos. Esos diálogos son el aliento de Santos y a la vez un impedimento para lanzar a Vargas, sin duda discrepante de los mismos. Las Farc habrían reaccionado airadamente contra el Gobierno en lugar de ofrecerle el apoyo que le ofrecieron públicamente.

No hay que olvidar que aunque comparten la característica de ser comprobadamente traicioneros los dos, Santos y Vargas tienen marcadas diferencias políticas.  Por eso resulta triste ver que una vez más, la convicción de las ideas políticas sucumbe ante la conveniencia de las componendas electorales. Y se habrá de cumplir el presagio de que Vargas terminará traicionando a Santos. Lo que no se sabe es cómo ni cuándo.     

Debo confesar mi morbosa curiosidad sobre la fórmula que hubiesen acordado para definir, antes de noviembre, si va el uno o va el otro. A lo que no hay derecho es a haber llegado al extremo de tener un gobierno preso de las Farc y una reelección que las pone como jefe de debate. Por eso el país le habrá de pedir al uribismo que rescate la dignidad de la democracia en el 2014.     

Por una política de paz

Continuando en el oportuno debate que se ha generado con ocasión de la propuesta que el ex comisionado Luis Carlos Restrepo le hace al Centro Democrático de elaborar y presentar una agenda de paz de cara a las elecciones del año entrante, considero pertinente profundizar en algunos argumentos con el ánimo de estimular la discusión política en el seno del uribismo.

Sea lo primero señalar que hago parte de ese 70% de colombianos que no está de acuerdo con el proceso que actualmente se adelanta en La Habana, lo cual no significa que descrea en la solución dialogada de las diferencias.

Respaldar una política de paz no significa respaldar el proceso actual, como algunos han querido alegar. Respaldar una política de paz significa brindarle una respuesta a esa innegable mayoría de colombianos que quiere ponerle punto final al desafío terrorista, pero sin impunidad, sin elegibilidad para los autores de crímenes atroces y sin desprecio por los derechos de las víctimas.  

Si el uribismo retoma el poder en 2014 –como espero y trabajo denodadamente para que así sea- se encontrará frente a un hecho cierto: un proceso de paz en marcha en la isla de los hermanos Castro. ¿Qué hacer al respecto?

Está la alternativa de anunciar la ruptura inmediata de las conversaciones, ordenando a la Fiscalía General de la Nación reactivar las órdenes de captura suspendidas y pidiéndole a la cancillería colombiana que solicite a Cuba la entrega de los representantes de las Farc que para la fecha se encuentren en ese país. Así mismo, habría que dar la orden a las Fuerzas Militares de entrar a territorio venezolano con la misión de capturar a los miembros de la guerrilla que allí habitan, desencadenando una guerra cuyas consecuencias no quiero ni imaginar.

Una ruptura abrupta de las negociaciones podría generar hechos políticos sobre los que no hemos hecho las respectivas reflexiones. Terceros países como Noruega, Cuba, Venezuela y Chile han prestado su concurso para el desarrollo del proceso de paz, creyendo y acogiendo los argumentos que en su momento esgrimió Juan Manuel Santos como jefe del Estado colombiano. Si el nuevo gobierno se levanta de la mesa de negociación, alguno de esos Estados podrá reclamar por el incumplimiento colombiano, llegando al extremo de reaccionar reconociendo a las Farc como fuerza beligerante y alegando que si con Santos esa guerrilla era un actor político de un país que padece un conflicto armado interno, no dejará de serlo por el simple cambio de gobierno.

Por supuesto que no veo a los Castro capturando a Catatumbo, a Márquez, a Santrich y demás para efectos de entregarlos a las autoridades judiciales colombianas. Al contrario, podríamos exponernos a que se repita la grosera experiencia que tuvimos que soportar con México durante los años 90’s, cuando ese país permitió la existencia de una oficina permanente de las Farc, sede que no está de más recordar fue clausurada en abril de 2002 por el gobierno de Vicente Fox, atendiendo una solicitud de Álvaro Uribe, entonces candidato a la presidencia de Colombia.

El uribismo no es una corriente política guerrerista. Desde antes de ser elegido Presidente, Álvaro Uribe ha hablado de una salida negociada al asedio terrorista que padece nuestra democracia. Ha dicho que el diálogo se puede dar a partir de un cese previo de las acciones hostiles de los ilegales; ha defendido la negociación siempre y cuando sean los ciudadanos y no los terroristas quienes impongan la agenda; ha avalado los acercamientos cuando éstos son liderados por un gobierno con autoridad –que no autoritario-, capaz de hacer prevaler los intereses superiores de los ciudadanos frente a las demandas mezquinas de los criminales.  

La agenda política nacional no se negocia con los terroristas. Ésta se acuerda con la sociedad que ha respetado las reglas de juego democráticas y eso es lo que el próximo gobierno uribista tendrá que irle dejando muy claro desde ya a la guerrilla.

Día del Trabajo sin aumentos en el 2013

Cuando escribí hace un año que en el 2013 vendría una operación tortuga en todo el Estado, no me imaginé que se llegaría al 1º de mayo sin que el gobierno hubiese ajustado los salarios de los cerca de un millón de empleados públicos de todo el país. ¿La razón? Hace un año se expidió un decreto que cambió la negociación colectiva de los empleados públicos e incluyó un “mico” que establece que en materia salarial podrá haber concertación.

Tradicionalmente, el 1º de abril de todos los años, el Presidente de la República expedía los decretos correspondientes a las asignaciones salariales y prestaciones especiales para todos los empleados públicos del país. Por ley, corresponde al gobierno nacional la facultad de señalar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos.  

El Gobierno Nacional lo componen, por definición constitucional, el presidente, los ministros y los jefes de departamento administrativo. No podía entonces, vía decreto, entregarse a la negociación colectiva la competencia presidencial de señalar los salarios de los empleados públicos.

Más grave que expedir un decreto con artículos ilegales, con las nuevas reglas de la negociación colectiva el Gobierno Nacional pretendió darle una colombina a las centrales obreras que hoy tiene sabor amargo para el Gobierno, para los empleados públicos, y para las mismas confederaciones que están negociando a nivel nacional. El Gobierno creyó, ingenuamente, que al señalar un plazo de tres meses para la presentación de pliegos cada año, iba a lograr tener el problema resuelto, como era tradicional, el 1º de abril de cada año. No advirtió que abría una caja de pandora en la que los salarios de grados y categorías podrían llegar a diferir por razón de la negociación, contraviniendo un régimen especial como el de la función pública y la misma carrera administrativa.  

Hoy día, 1º de mayo, a ningún empleado público se le ha aumentado su salario para el 2013. Se adelantan negociaciones en muchas entidades, negociaciones trabadas por la pretensión sindical de negociar sus propios salarios y la postura de las entidades de que esa competencia le está reservada por ley al presidente de la República.

A nivel nacional, el Ministerio de Trabajo busca una concertación con las centrales obreras. Estas pretenden, como es natural, obtener aumentos porcentualmente superiores a los del salario mínimo porque de otra forma ¿cómo se justifica su negociación si no es para lograr algo más de lo que el gobierno ya determinó desde el 1º de enero para todo el país?

Por su parte, el Gobierno no tiene justificación alguna para aumentar los salarios de los empleados públicos por encima de lo que ha hecho para el sector privado. Frente a un Gobierno tildado de “derrochón” y en un año preelectoral, un aumento superior en el sector público sería además un acto de incoherencia con las cifras que cerró el 2012, con el impacto negativo que padece la industria durante el primer trimestre del año y con las lánguidas perspectivas de crecimiento anunciadas por el mismo gobierno, ante las cuales no se necesita ser experto para saber que el tan cacareado PIPE no es siquiera pañito de agua tibia.

Víctima de su propio ilegal invento, el Gobierno se va a tener que dar un lapo con las centrales obreras o con el país. Es sabido que este Gobierno se ha caracterizado por su incapacidad de asumir una sola posición con responsabilidad. Y si tiene intención de aspirar a una reelección cada vez más esquiva, lo más probable es que ese lapo se lo dé con el país y no con las centrales obreras porque aspiraría a los voticos de esos empleados públicos a los que a hoy, no les ha podido ajustar los salarios en el 2013.   

La carta de Restrepo

La carta que desde el exilio les remitió el ex Alto Comisionado para la Paz al ex presidente Uribe y a los precandidatos del Centro Democrático, merece ser leída sin afanes, pero sobre todo entendida. Se equivocan los medios que la han titulado como un apoyo al actual proceso de diálogos que adelanta el gobierno en La Habana.

No hay una sola línea de la misiva en la que se lea un apoyo al proceso de paz actual. Por el contrario, es una fuerte crítica al modelo que el gobierno está implementando en La Habana, pues a lo largo del texto lo que se lee de Restrepo es una reivindicación de la política de paz del gobierno anterior.

La Seguridad Democrática es, ante todo y sobre todo, una gran política de paz. Cuando el presidente Uribe lanzó su candidatura de 2002 apoyada  en un “Manifiesto Democrático” de 100 puntos, trazó los lineamientos básicos para lograr la reconciliación nacional. Nos propuso a los colombianos que buscaría el diálogo con los violentos siempre y cuando se cumplieran unos puntos fundamentales: voluntad de paz y un cese previo de hostilidades por parte de los ilegales. Aquellas condiciones fueron inamovibles y son las mismas que hoy recoge Luis Carlos Restrepo en su carta.

Son pocos los colombianos que no anhelan un país en paz y entre ellos no nos contamos los uribistas. Nosotros no solo la queremos, sino que la hicimos en el gobierno de la Seguridad Democrática. Fueron más de 50 mil hombres integrantes de los grupos armados ilegales que depusieron sus armas. 35 mil mal llamados paramilitares y 18 mil guerrilleros; y con ninguno de ellos se negoció la agenda política nacional.

El uribismo entiende la paz como el resultado de un acuerdo entre el gobierno y los ciudadanos, el cual se le impone a los alzados ilegalmente en armas. No son ellos los que fijan las condiciones, sino el pueblo a través de un mandato claro.

Recordemos el proceso de paz con las autodefensas. El país estuvo de acuerdo con la negociación, pero con unas reglas claras: cese de la violencia, no representatividad política para los desmovilizados, reparación a las víctimas, penas efectivas de cárcel y cero negociación de la extradición. Todos esos elementos fueron recogidos en la ley 975 de Justicia y Paz. Los “paras” incursos en delitos atroces están tras las rejas, sus jefes extraditados y ninguno de ellos tuvo ni tendrá la posibilidad de acceder a cargos públicos. Eso fue lo que la ciudadanía exigió y lo que coherentemente el gobierno, representado por Luis Carlos Restrepo, impuso en la mesa de negociación.

El ex Alto Comisionado ha hecho un importantísimo aporte al debate político que se adelanta al interior del Centro Democrático. Con su carta, rompe de una vez por todas el malicioso argumento de que los uribistas somos gentes de guerra. Pone de manifiesto que somos lo contrario: que queremos la paz y que soñamos con una nación reconciliada pero no bajo las condiciones de nuestros victimarios, sino las que demande la ciudadanía.

No es hora de caer en paroxismos, ni en caricaturizaciones. Restrepo ha puesto el dedo en la llaga al proponer muy oportunamente que es hora de que los uribistas le expongamos a la sociedad una alternativa de paz en la que el acento se pose sobre la ciudadanía y las víctimas, no en beneficio de los ilegales.

10 curules para las Farc

Recorre las redes sociales el chisme de que en materia de participación política las Farc habrían pedido 30 curules, 15 en Senado y 15 en la Cámara, y que en un supuesto desliz, al Ministro Carrillo se le habría salido la infidencia de que en La Habana el Gobierno ofreció 10, 5 en Senado y 5 en la Cámara.

Aunque ha quedado visto que de este Gobierno cualquier desfachatez es posible, esos supuestos "deslices" son el típico recurso político de "soltar una bomba", de mera salva, simplemente para medir el grado de aceptación o rechazo que pueda tener una iniciativa en tal o cual sentido. De ahí que el mismo Carrillo no lo confirme ni lo desmienta. Hará lo último cuando ya haya recogido evidencia del sentir nacional. 

Por eso me permito jugar el papel del estúpido contestando a la bomba de salva.

Que las Farc pidan 30 curules no debería extrañar a nadie. Si no son victimarios, secuestradores ni narcotraficantes podrían inclusive pedir 270 y eso sería normal. León Valencia lo celebraría diciendo que "para eso es la negociación". Pero que el Gobierno ofrezca 10, 5 en Senado y 5 en Cámara, merece los siguientes comentarios:

1. La circunscripción nacional especial que hoy existe garantiza con 5 curules en Cámara la representación política de: negritudes (2), indígenas (1),  minorías políticas (1) y colombianos en el exterior (1). Todos ellos, considerados minorías, reúnen millones de colombianos y en total tienen solamente 5 curules en el Congreso. ¿Puede creer el Gobierno que los representantes de 10,000 terroristas tengan igual o superior participación política que los millones de colombianos que conforman las minorías étnicas, indígenas y políticas de este país? ¿Qué parte del concepto democracia maneja en La Habana?

2. Los Verdes y el Polo Democrático Alternativo están viendo en riesgo su supervivencia como partidos políticos a tal punto que los primeros preparan un proyecto de Acto Legislativo para modificar la actual circunscripción territorial en un intento por no desaparecer en las próximas elecciones parlamentarias. ¿Cree el Gobierno que mientras hay partidos que pueden desaparecer por no alcanzar el 3% de la votación, el país político se va a tragar el sapo de 10 congresistas narco guerrilleros?

3. No obstante el Marco Jurídico para la Paz, una nueva circunscripción especial requeriría de modificación constitucional para la cual la ley estatutaria no alcanza. Se necesitaría de los varias veces mencionados mecanismos de refrendación. No existe la menor posibilidad de que el país nacional avale una propuesta en ese sentido.

¿Y si el país no pasaría una propuesta en ese sentido, el Gobierno para qué la explora? Para poder justificarse frente a las Farc y al mundo en su intento por “alcanzar la paz”, y luego lavarse las manos culpando al país nacional del fracaso histórico que han sido y serán los diálogos de La Habana.           

Tendencia Inexorable

Publicación de Periódico Debate (@DebateCol) de Febrero 20 de 2013

No sorprende la última encuesta de Datexco. Desde aquella que siguió a los primeros 100 días de gobierno, la popularidad del presidente Santos ha venido cayendo inexorablemente. La realizada cuando se  anunciaron los diálogos de La Habana fue la única que contradijo esa tendencia. Dijimos entonces, y hoy lo comprobamos, que era meramente circunstancial y respondía a la exacerbación colectiva del anhelo de paz con que hemos nacido y han muerto colombianos por más de 50 años.

Ni los decimales ni los márgenes de error pueden invertir una tendencia de más de dos años. Se requiere una ejecución excepcional o unos eventos extraordinarios que detengan esa inercia. El gobierno lleva más de un año alegando que es un problema de comunicación. Falso. En los últimos cincuenta años no se había visto tan desmesurada compra de conciencia editorial y periodística como ahora. El gobierno ha tenido toda la prensa que ha querido y sin ruborizarse ha sabido acallar las voces que le resultan molestas a su narcisista unanimismo.

Sin embargo, con la negación que produce la soberbia y convencido del cuento de la comunicación, el Gobierno preparó para el 2013 una nueva “Vuelta a Colombia” que viene ejecutando contra falsa pulmonía y marea. Le oí decir a uno de los ya muchos altos consejeros presidenciales que el gobierno sabía que necesitaba mostrarse en las regiones si quería parar esa tendencia, a tiempo para reelegirse.

Esta nueva gira se distingue de la anterior en que viene acompañada de tabletas para los niños, casas gratis y una alta dosis de disfraces y frases alegóricas a las costumbres de cada región. No me referiré a lo postizo y ridículo que se le ven a este gobierno esos “accesorios” culturales. Merece comentario más bien el velado chantaje que en esta gira representan las regalías y la anunciada “redescentralización” con que el Ministro del Interior justifica entregar las retenidas y rescatar a Santos.

No puede el gobierno pretender, después de hacer pasar hambre a las regiones reteniéndoles sus regalías en Bogotá por dos años, que los cheques del 2013 que alcaldes y gobernadores recibirán con una sonrisa, sean capaces de cambiar la opinión de los electores. El daño está hecho y solo sería reversible si esos dos años de hambre hubiesen estado acompañados de ejecución. Pero no fue el caso porque las locomotoras nunca arrancaron.

Eso explica que la única novedad de la encuesta sea el notorio incremento del negativo. De paso sirve para demostrar, por las fechas de la encuesta, que esta nueva Vuelta a Colombia no le está funcionando, por lo menos en cuanto a ese vanidoso objetivo se refiere. Y no hay que ser Pitágoras para entender que la cuenta de cobro es por la seguridad. La mayoría expresada en la encuesta contra los diálogos de paz, contra las Farc y contra el manejo del gobierno en el tema de seguridad, serían bastantes para invocar el espíritu democrático y terminar los diálogos de La Habana. Sería de paso lo único que lo salvaría.

Pero este gobierno se ha caracterizado por obrar contra la evidencia, así sea camino al despeñadero. La única explicación para quedarse en la mesa le daría la razón a quienes han sostenido que existe un acuerdo cocinado desde el inicio de los diálogos.

Si Santos insiste en ver la inexistente voluntad de paz de las Farc a pesar de lo contraevidente de los hechos y los resultados de la encuesta, no habrá casas gratis, pantalones morados, regalías atrasadas ni tabletas que valgan para salvar su propio desplome.  

El "puro cuento" de Roy

Publicación de Periódico Debate (@DebateCol) de Febrero 9 de 2013

Roy Leonardo Barreras Montenegro, antiguo gavirista que con el tiempo se pasó al pastranismo desde el que saltó al más “puro” vargasllerismo para dar una vuelta de 180 grados hacia el uribismo radical y que hoy milita en la línea dura del santismo “enmermelador”,  la emprendió hace poco contra el Centro Democrático, alegando que esta creciente corriente ideológica es “puro cuento”.

El tristemente célebre presidente del Congreso ha declarado que tiene toda la autoridad para criticar al uribismo, porque él “nunca se ha cambiado de partido político”. Partiendo de ese “razonamiento”, defiende la reelección de Juan Manuel Santos, la cual, según él, debe ir acompañada por una victoria en las elecciones de Congreso que le signifiquen 30 curules al partido de La U en el Senado.

Pero las matemáticas electorales son unas solas. En 2010, la lista al Senado que presentó el partido de La U, cabalgando sobre el éxito político de Álvaro Uribe Vélez y replicando en todos los rincones de Colombia el discurso de la Seguridad Democrática, logró obtener 2.792.944 votos que le valieron 28 escaños en la Cámara Alta de nuestro Parlamento.

Para nadie es un secreto, y menos para Roy, que esos eran otros tiempos. Tiempos en los que los ciudadanos sabían que La U era Uribe; el país tenía arrinconado al terrorismo, el narcotráfico era combatido con verticalidad, sin discursos dobles ni insinuaciones de legalización de drogas. La economía era vigorosa y estaba vacunada contra la “enfermedad holandesa” que hoy presenta síntomas alarmantes. Los colombianos que acudieron a las urnas en 2010 a votar por las planillas de La U, lo hicieron convencidos de que con su sufragio estaban apoyando la continuidad en el tiempo y en el espacio de las exitosas políticas que durante 8 años puso en marcha Álvaro Uribe Vélez.

Pero, ¿a quién le cabe duda de que los electores de Roy y de Juan Manuel Santos fueron asaltados en su buena fe? Les pidieron el voto con un discurso y hoy gobiernan con una agenda diametralmente opuesta. A los votantes de aquel año, nadie les dijo que se iba a negociar con el terrorismo, ofreciendo impunidad y elegibilidad de los victimarios, ni mucho menos se les planteó que el presidente-dictador de Venezuela, aquel que protege a los jefes del narcoterrorismo en su país, sería declarado como el nuevo mejor amigo del gobernante colombiano. Ninguno de los candidatos que entonces era uribista, les dijo a sus huestes que estaría de acuerdo con un gobierno proclive al derroche y ágil para gastar desmesuradamente.

Esos ciudadanos rápidamente se decepcionaron del presidente que eligieron y de los congresistas que integran la llamada Mesa de Unidad. Son más de 9 millones de personas que le apostaron a la continuidad de la Seguridad Democrática y lo que ello significa.

Ahí radica el éxito que en tan poco tiempo ha alcanzado el Centro Democrático. Por eso rápidamente recogió a todos esos inconformes, decepcionados, frustrados y molestos con un gobierno que les “echó un cuento” para quitarles el voto. En reuniones de barrio, encuentros ocasionales, tertulias universitarias, charlas desprevenidas de amas de casa, hay un punto de coincidencia: se debe recuperar el rumbo.

De manera silenciosa, con los medios de comunicación tradicionales en contra, con las redes sociales como única herramienta para masificar el mensaje, los militantes del Centro Democrático han logrado constituirse en una fuerza política cuya dimensión se verá en los resultados electorales del año entrante. Y paso de las matemáticas a la lógica. Si esa lista, sin Uribe, de 28 senadores elegidos “cabalgaba” sobre el éxito de la Seguridad Democrática, ¿cuántos senadores saldrán en un país arrinconado por el terrorismo y con Uribe liderando la lista? 

Con los resultados en la mano, en ese momento habrá que preguntarle a Roy Barreras si sigue pensando que aquello era “puro cuento”. 

Mostrar la barbarie

Publicación de Periódico Debate (@DebateCol) de Febrero 4 de 2013

No habían pasado 24 horas de la presentación en sociedad de los precandidatos presidenciales del uribismo y el acto de trascendental significación política fue eclipsado por un hecho que despertó un debate profundo: la publicación, en la cuenta de Twitter del presidente Uribe, de una cruda y escalofriante fotografía en la que aparecen dos miembros de la policía asesinados por el frente 59 de la banda narcoterrorista de las Farc.

Los enemigos del ex presidente, muy dados a criticar todo lo que él haga o deje de hacer, salieron airados a descalificar la publicación. Algunos medios de comunicación cayeron en el juego, alegando que mostrar la barbarie de los terroristas era violatorio de los derechos de las víctimas.

Gran equivocación. Los derechos de las víctimas se violan negando los hechos atroces; los derechos de las víctimas se menoscaban minimizando lo ocurrido, tapando el nivel de degradación al que han llegado los genocidas que bañan de sangre inocente el suelo patrio.

Uribe es un hombre inmensamente popular que no necesita utilizar una fotografía dolorosa para conseguir un voto o para ganarse el aprecio de un ciudadano. Como líder tiene el deber de denunciar con sus discursos, con sus intervenciones y por supuesto con imágenes, los desmanes de los actuales interlocutores del gobierno en la mesa de negociación de La Habana.

Callar, tapar, desconocer lo que las Farc le hacen a los miembros de la Fuerza Pública y a nuestros compatriotas que día a día pierden sus vidas, es un acto de cobardía y hasta de complicidad, máxime ahora que el gobierno pretende que el país olvide los crímenes de la guerrilla para viabilizar un proceso de paz con impunidad que se discute en el paraíso de la satrapía castrista.

Mientras el terrorismo siga haciendo de las suyas, los colombianos estamos en todo el derecho de conocer su accionar, de mostrárselo a nuestros hijos y al mundo, como en su momento se hizo con las imágenes de las salvajadas contra la humanidad del totalitarismo de comienzos del siglo XX. ¿Qué tal que por “decencia” se hubiera decidido no mostrar lo que pasó en Auschwitz, Treblinka, Mauthausen, Sachsenhausen? ¿O que por consideraciones absurdas no se nos diera a conocer que gracias al Gulag stalinista más de 20 millones de personas fueron matadas de física hambre?

Es doloroso. Compunge el alma y entristece el corazón que en Colombia haya unos sádicos capaces de hacer a nuestros policías eso que se ve en las fotografías dadas a conocer por el presidente Uribe. Pero la congoja no puede desahogarse airadamente en quien tiene el valor civil de mostrárnoslo, sino en los autores intelectuales y materiales de semejante absurdo.

Así que al margen de las controversias políticas, es obligación no solo de Uribe sino de todos aquellos colombianos que no comulgamos con las acciones de los terroristas, el mostrar todo cuanto ellos hacen contra la Patria y sus instituciones, pero sobre todo contra los colombianos; porque las víctimas tienen derecho a que el mundo entero conozca lo que en Colombia hace el terrorismo con el que “dialoga” el gobierno colombiano en cómodos salones cubanos.

COLOFON: Decía el ex presidente Uribe hace menos de 24 horas que el circo romano de la modernidad era la Cuba castrista de principios de los años sesentas. Después de lo que vimos hoy y trayendo eso a valor presente, se quedó corto Presidente. 

Tertulia macabra

Y se reiniciaron “los diálogos” … 

En la campaña que lo llevó a la presidencia de Colombia, Álvaro Uribe presentó un documento de 100 puntos que bajo el título de Manifiesto Democrático se constituyó en la hoja de ruta de lo que sería su gobierno.

En el punto 41 se trazaba la línea general de la política de paz. Allí se leía que el diálogo no podía prestarse para el crecimiento de las estructuras violentas, a la vez que establecía una condición sine qua non: todo grupo ilegal que quisiera hablar con el gobierno debía empezar por el “abandono del terrorismo y cese de hostilidades”.

No era una exigencia caprichosa. Por el contrario, recogía el sentimiento de un pueblo que estaba dispuesto a alcanzar la paz, pero que no quería seguir siendo victimizado por unos terroristas que aprovechan los escenarios de diálogo para fortalecer sus redes criminales, como sucedió durante los aciagos años del Caguán en los que por poco la guerrilla de las Farc logra tomarse el poder.

Hablar en medio de la guerra no conduce a nada y mucho menos lo hacen las tales “treguas temporales” con “excepciones” licenciadas por el gobierno. Quien quiere hacer la paz, debe demostrarlo con hechos y no con discursos retóricos.

Se equivocan los supuestos teóricos del conflicto que aseguran que el cese de hostilidades es un punto de llegada y no de partida. Falso. Para que un proceso de paz tenga éxito debe contar, además de la voluntad política de gobierno, con el respaldo de la ciudadanía, que es la principal víctima de la confrontación armada.

El gobierno cayó en la irresponsable equivocación de graduarnos de enemigos a todos quienes no compartimos la metodología del actual proceso de diálogos – que no de paz- con el terrorismo. Vale aclarar que quienes creemos en la Seguridad Democrática trazada por el presidente Uribe, lo hacemos porque es el camino pavimentado y sin restricciones para alcanzar la paz que todos los colombianos merecemos.

Y como aquí no se trata de especular, sino de recordar con hechos, no está de más tener de presente que durante los 8 años de la Seguridad Democrática, más de 50 mil violentos dejaron las armas, cifra sin precedentes en materia de desmovilización no solo en Colombia sino en todos aquellos países que han padecido desafíos terroristas internos como el nuestro.

Todos esos hombres y mujeres que salieron de la guerra son personas que han dejado de martirizar al pueblo, de asesinar y secuestrar a civiles, militares y policías.

Al terrorismo no se le derrota contemporizando ni “legalizando” sus brutalidades. Al contrario: se le rinde enfrentándolo con verticalidad, sin complacencia ni discursos benevolentes, con firmeza militar pero con generosidad civilista para con aquellos que quieran abandonar la guerra para reincorporarse a la vida civil.

En los diálogos de ahora, la iniciativa no la tiene el Estado sino los terroristas que dicen cuándo supuestamente van a dejar de matar; y el gobierno, como si se tratara de un derrotado, servilmente valida el anuncio. “Hay que creerles” ha dicho el presidente Santos en referencia a las Farc; y más recientemente, que han cumplido “con excepciones”. Pues no, no hay que creerles a esos que llevan media centuria asesinando a las gentes de bien, secuestrando a los empresarios y paralizando el progreso del campo colombiano. No hay que creerles a quienes han salido fortalecidos y rearmados de los procesos que precedieron a estos diálogos para intensificar su empresa criminal. No se puede aceptar que cumplieron quienes cometen 57 actos terroristas en 60 días de tregua.

Les empezaremos a creer el día que liberen al último secuestrado; el día que permitan que una comisión que goce de respetabilidad internacional verifique un cese total y permanente de hostilidades. Les creeremos el día en que sus jefes, responsables de las más absurdas atrocidades, se comprometan a reparar a sus víctimas y a cumplir la cita pendiente con la justicia colombiana.

Mientras eso no suceda, los que sostenemos que la Seguridad Democrática es el camino, seguiremos pensando que en La Habana se está llevando a cabo una tertulia macabra. Ojalá la historia no nos dé la razón.

Guardia Pretoriana santista

Mano negra, tiburones, perros, rufián de esquina y aves de mal agüero son algunos de los adjetivos peyorativos que el presidente Juan Manuel Santos ha utilizado para referirse al ex presidente Uribe o al uribismo, según sean las circunstancias.

Cada una de esas calificaciones ha sido lanzada en momentos en los cuales el gobierno ha atravesado terrenos dificultosos, a manera de cortina de humo. Así pues, el uribismo que le sirvió a Santos para ganar las elecciones, ahora le funciona como depositario de sus ofensas y ataques para desviar la atención de la opinión pública.

Durante los 8 años del gobierno de Uribe, los colombianos nos acostumbramos a un presidente capaz de asumir personalmente las peores dificultades y de enfrentar los debates sin necesidad de recurrir a terceros o escuderos de oficio.

Todo ha cambiado. El mandatario de hoy dice con risita socarrona que tiene como mantra no pelear con Uribe, mientras que pone a su mejor amigo a escribir columnas humillantes contra su antecesor y a su canciller a decir cosas inexactas respecto del comportamiento de quien con valor patriótico ha defendido la integridad territorial frente a un fallo antijurídico y abiertamente lesivo de los intereses nacionales.

Hay quienes dicen que Santos, como se dice coloquialmente, se le volteó al uribismo. No creo que eso haya sido así; estoy convencido de que él nunca hizo parte de esta doctrina ideológica que defendemos millones de colombianos. Durante 4 años, Juan Manuel Santos simuló ser lo que no era, mientras en medio de la penumbra mantenía debidamente aceitado al equipo de asesores que hoy hace las veces de guardia pretoriana del régimen.

Sin caer en teorías conspirativas, no tengo dudas de que esa guardia es la que se ha encargado de trazar toda una estrategia de descrédito y criminalización del uribismo. Creyeron que con dos altos funcionarios presos, unos cuantos más investigados y acosados, el uribismo sucumbiría. Las cosas no les han salido como ellos esperaban. Antes bien, el respaldo al ex presidente ha ido creciendo de tal manera que hoy nadie duda que en el 2014 la relación de fuerzas políticas le será adversa a Santos y favorable a Uribe.

Pero el gobierno en vez de aceptar con humildad que se ha equivocado y que la democracia emitirá un implacable veredicto en las elecciones venideras, insiste en su incorrecta estrategia de acriminar a Álvaro Uribe para evadir la discusión pública de los grandes asuntos nacionales. El último episodio, relacionado con Santoyo, en el que el propio general Naranjo tuvo que salir a decir que Santos estaba mintiendo, es prueba irrefutable y suficiente de que el presidente Santos prefiere inventar historias antes de enfrentar el debate político de fondo en relación con el fallo sobre el mar territorial que nos fue usurpado.

Ya que el presidente ha depositado su destino en manos de sus guardianes, no sobraría que les advierta que entre más tiempo inviertan tratando de acabar al uribismo, más estruendosa e irreparable será la caída de un gobierno que ha perdido un elemento fundamental para el ejercicio del poder: la confianza de los ciudadanos.