El silencio de los inocentes

En La Paradoja del ministro de la Defensa (http://www.semana.com/opinion/paradoja-del-ministro-defensa/189387-3.aspx) el contratista gubernamental León Valencia devela su frustración porque las encuestas muestren un descenso de 20 puntos, en tan solo dos meses, en la confianza y credibilidad ciudadana en los diálogos de paz. Pero no le atribuye ese resultado al comportamiento criminal y mentiroso de las Farc, como correspondería, sino que resuelve “trapear la casa con el ministro Pinzón”.

Ya las Farc se habían quejado de que su dolce vita Habanera solo se ha visto incomodada por las declaraciones del ministro de la Defensa. A Valencia, energúmeno porque el anunciado fracaso empiece a dar tempranas muestras, se le antoja que Pinzón hace mal en condenar actos terroristas, en denunciar el secuestro continuado o que le afecte aunque sea un poco el que las Farc asesinen menores de edad en la noche de las brujas.

Si alguien todavía duda del tapen-tapen, que vea no más el descaro con que abiertamente lo cohonesta Valencia en su columna asesora de opinión. Más grave aún que lo califique como una errada estrategia de comunicaciones olvidando que la tarea del ministro, que le resulta incómoda, es un deber constitucional superior del Estado, no el juego mediático que tanto interesa a los áulicos asesores de Palacio y los medios favorecidos con la mermelada.

Para Valencia, el enemigo no son las Farc sino el uribismo. Pero es tan enceguecedora su obsesión que no se da cuenta que en lugar de afectar a Alvaro Uribe, con su columna hace quedar muy mal al Gobierno que quiere asesorar para que el circo le salga bien.

Al denunciar, según el decir de un alto funcionario del Gobierno, que la reciente labor de Juan Carlos Pinzón solo pretende “calmar al uribismo”, Valencia confirma que la agenda del gobierno la sigue poniendo el ex presidente Uribe; segundo, revelaría que las denuncias del uribismo contra el maltrecho proceso son tan relevantes que solo por ellas cumple con su deber el ministro de defensa. Entonces, si no fuera por dichos señalamientos ¿el ministro Pinzón no haría su trabajo? No solo me parece ofensivo con Pinzón sino que sinceramente lo dudo. Tercero, demostraría que el orden público no interesa al Gobierno nacional por la vida de los ciudadanos que juró defender sino por su incidencia en los diálogos de La Habana. Con razón decimos que a nuestras Fuerzas Militares las desmoraliza este proceso de paz y que este Gobierno trabaja en función de las encuestas.

Sin proponérselo y seguramente queriendo hacer lo contrario, deja muy mal parado al Gobierno nacional queriendo hacer eco de las molestias del Secretariado con el ministro Pinzón.

Pero además, en desafortunada frase final le endilga conveniencias al ex presidente Uribe. Me atrevo a suponer que como a millones de colombianos, al ex presidente Uribe lo que le conviene es la paz. Sin embargo, según Valencia y el alto funcionario gubernamental que dice le ha servido de fuente, lo que parece convenirle a las Farc y al Gobierno es el silencio de los inocentes. 

De las encuestas a la cacerola

Los ciudadanos no son convidados de piedra de los gobiernos. Aplauden lo que comparten y critican lo que los afecta. En la vida democrática, quien ejerce el poder está sometido permanentemente al escrutinio de los asociados.

Uno de los elementos distintivos de la teoría del “buen gobierno” del que tanto se enorgullece Juan Manuel Santos de aplicar en su ejercicio político es el de la rendición periódica y amplia de cuentas. El concepto que los norteamericanos han bautizado como el accountability que se ha convertido en una de las piedras fundamentales sobre las que se erige la relación de confianza entre gobernantes y gobernados.

El gobierno Santos, que fue presentado como una gestión que estaría depositada en una “urna de cristal”, ha carecido, pasados 27 meses de gestión, de esa necesaria rendición permanente de cuentas. Aquella falta de interacción con los ciudadanos ha generado insatisfacción en diferentes sectores de la sociedad.

Empecemos por las víctimas de la guerrilla de las Farc que han sido grosera y abusivamente excluidas de las charlas que se adelantan en La Habana. Los colombianos que anhelamos la paz, consideramos que ésta solo es viable en tanto en cuanto el acento de la generosidad sea puesto sobre las víctimas y no sobre los victimarios. Con la venia del gobierno, familiares de secuestrados, asesinados y desaparecidos, no han podido hacerse presentes en Cuba con el fin de preguntarles a las Farc por la suerte de los suyos. Este hecho, que de alguna manera se constituye en una revictimización , fue uno de los detonantes que desembocó en una iniciativa social a la que han llamado “Cacerolazo para Santos” el cual tendrá lugar en toda Colombia el próximo 5 de diciembre.

Amas de casa, desempleados, estudiantes universitarios, empresarios y colombianos comunes y corrientes se han ido sumando a la manifestación pacífica que busca notificarle al gobierno nacional, a través de un sonoro cacerolazo, que estamos profundamente insatisfechos con su gestión.

Si bien es cierto que muchos uribistas se han sumado, aquello no significa que ésta sea una inicitiva del uribismo. Por una razón muy simple: el desempleo, la falta de oportunidades, la inseguridad o el repudio frente al terrorismo no tiene color político. Colombianos de todas las condiciones e ideologías tomarán una cacerola y una cuchara para llamar la atención de un presidente que, pasado más de la mitad del periodo para el que fue elegido, no ha sido capaz de ir más allá de unos anuncios que se quedaron en eso, en simples anuncios.

Porque las tales locomotoras del progreso no arrancaron y creo que no arrancarán, porque la política de seguridad democrática no solo fue debilitada, sino abandonada por un presidente que en vez de hablar con sus gobernados, ha preferido enviar a su grupo más íntimo de colaboradores a charlar con los peores terroristas y narcotraficantes del hemisferio occidental.

Un gobierno que fue inferior al desafío que planteaba el litigio con Nicaragua ante el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya. Inferior en la forma y en el fondo, porque aunque quiera endilgar responsabilidades a administraciones anteriores, los alegatos de conclusión de Colombia fueron presentados en esta presidencia. El día de la lectura del fallo, la delegación nicaragüense estaba encabezada por el Canciller de ese país. Seguramente, la doctora María Ángela Holguín tenía otras ocupaciones lo suficientemente fuertes que le impidieron salir de Venezuela aquel trascendental e histórico día en el que fue menoscabada la soberanía de la Patria.

La lista de quejas podría ser interminable. Lo fundamental es que todo aquel colombiano que tenga alguna razón que lo incomode frente al gobierno nacional, el próximo 5 de diciembre salga a notificarlo a través de un cacerolazo que se convertirá en una sonora notificación al gobierno de que la realidad es muy distinta de aquella que muestran algunos medios de comunicación a los que les es imposible mimetizar su sesgo informativo.  

A Santos le fue bien

Sorprenden los resultados de las encuestas IPSOS-NF y Datexco de fines de noviembre. Se puede interpretar que al Gobierno le va mal porque los índices de su desaprobación son muy altos quedándole todavía 20 meses por delante. Sin embargo, esa caída a la aprobación que se le da al Gobierno ha sido leve si se tiene en cuenta la acumulación de situaciones que la opinión pública castiga y por las cuales el Gobierno ha podido caer entre 10 y 12 puntos más.

La pérdida de favorabilidad del presidente Santos ha sido constante desde noviembre de 2010, excepción hecha del efecto del anuncio de los diálogos de paz en la de septiembre pasado. Desde su punto más alto (noviembre de 2010), en dos años ha perdido casi 30 puntos; un promedio de entre tres y cuatro puntos porcentuales por trimestre de medición. 

Si bien esa no es la tendencia que se espera en los primeros dos años de cualquier gobierno sino más bien la típica del desgaste de los segundos dos, la variación de los últimos seis meses ha sido consecuente con la tendencia pero no con la realidad de lo que ha tenido que enfrentar, mucho menos con la forma como el gobierno ha resuelto cada una de esas situaciones.

Veamos: desde el fiasco de la reforma a la justicia, pasando por el triste espectáculo del Cauca, una inseguridad desbordada  con atentados de las Farc que cobraron la vida de niños inocentes, un derrochador show mediático innecesario en Oslo, algo más de cuarenta días de paro judicial, el affaire de Interbolsa y el fallo de La Haya, conforman todos una lista corta pero sustanciosa de hechos recientes que llevarían a pensar que el desplome ha debido ser mayor.

Los áulicos de Palacio le atribuirán el descalabro al fallo de La Haya y dirán que eso no es responsabilidad exclusiva del actual gobierno. Falso. No es el fallo lo que castigan las encuestas. Es la falta de posiciones contundentes y creíbles. La demora en la toma de decisiones y la incapacidad para comunicarlas adecuadamente son más relevantes para las encuestas que la decisión misma.

Hago caso omiso de la credibilidad, no por intrascendente sino porque en ésta el Gobierno sí se rajó completamente y con razón. Los “inamovibles” y el discurso de que a las Farc “hay que creerles” en relación con el secuestro, gravitan en la conciencia colectiva y le seguirán sabiendo a cacho al Gobierno porque además le demuestran que la opinión pública no es pendeja.

Pero también se lo demuestra a la mal llamada “gran prensa”. Pierde 10 puntos de confianza en un trimestre. Los empalagosos CMIs, Arismendis y Julitos pueden ver el efecto que sobre su credibilidad va cobrando la mermelada. Probablemente han contribuido a que la caída de Santos no sea lo estrepitosa que ha podido y debido ser.

Pero su propio costo demuestra que la opinión pública sí se da cuenta, cambia de dial o recurre a otras alternativas como las emisoras locales, los medios virtuales y las redes sociales. Equivocarse en eso es desconocer que recuperar un televidente o un oyente es mucho más difícil y demorado que perderlo.

A Santos le fue bien porque las circunstancias indican que le ha podido ir peor. Y por eso es que iniciativas como la del Cacerolazo del 5 de diciembre gozan hoy, más que nunca, de total legitimidad. Y los efectos en algunos casos apenas empiezan. La inversión se desaceleró con consecuencias obvias en el empleo. Hoy las comisionistas están despidiendo traders porque la bolsa no se mueve lo que se movía hace apenas 4 semanas.

Encuestas como las de ayer confirman que no es el uribismo sino la mayoría de la gente del común la que está decepcionada con el gobierno, la que siente desesperanza y que con su manifestación le pasa al Gobierno una cuenta de cobro de insatisfacción acumulada.  

Tristes conceptos de Montealegre

El Fiscal Montealegre parece preferir un rol de asesor que ser la cabeza del ente acusador.

En la víspera de las sesiones del Congreso en las que “se hundió” la reforma a la justicia, ofreció generoso concepto (no pedido) exonerando de culpa a los congresistas que asistieran a dichas sesiones extraordinarias para decidir las objeciones presidenciales al acto legislativo. 

No se refirió por supuesto a la ilegalidad de objetar un acto legislativo o a que se discutiera en sesiones extraordinarias, sino que emitió un concepto que no le correspondía –y a priori- para ayudar al ejecutivo a que dichas sesiones tuvieran quórum y así poder terminar de una vez por todas con uno de los episodios más vergonzosos de la administración Santos y del mismo Congreso de la República.

En un foro académico hace pocas semanas en Medellín, despachó la tesis de que la justicia transicional permite que las penas, aún para delitos de lesa humanidad, sean penas alternativas a la pena de prisión. Un equivocado concepto dando ideas para la ley estatutaria del nefasto Marco Jurídico para la Paz.

Aunque no lo haya dicho expresamente, según esa tesis, los responsables de delitos de lesa humanidad podrían pagar su deuda de horror con la sociedad y las víctimas, sembrando árboles en el desierto de la Tatacoa  o dirigiendo el tráfico en Tamalameque. 

Otra ayudita al ejecutivo en un tema en el que no solamente desconoce que ese no es el papel del Fiscal General de la Nación sino que además olvida que el mismo Marco Jurídico para la Paz lo que le impone a la Fiscalía es la priorización de la acción penal, no los criterios de selección. Por fortuna, y gracias a la no poca divulgación de sus palabras, expertos en justicia transicional desmintieron tan aberrante concepto.

Tras un mes de paro judicial, el turno es para confundir a la opinión pública entre el derecho a la protesta y la ley laboral. Se lee en El Tiempo, que cita textualmente a Montealegre en los siguientes términos:

“"Si las Unidades de Reacción Inmediata siguen trabajando y se mantiene la atención de las urgencias y asuntos prioritarios, no se puede declarar ilegal la protesta", aseguró el Fiscal. Y agregó que no va a descontar salarios: "Esa sería una medida arbitraria que generaría un tremendo impacto en las personas".”  (las negrillas son de El Tiempo)

“La protesta” no es ilegal nunca. Lo que podría ser ilegal son ciertas formas de ejercer la protesta.

Cuando “la protesta” es un paro laboral, es a la justicia laboral ordinaria, no a la Fiscalía, a la que le corresponde calificar su ilegalidad, un nudo gordiano en un país en que es precisamente la justicia la que está en paro desde hace un mes.

No en vano la Contralora recorrió el país buscando un Tribunal abierto donde poder radicar la solicitud de declaratoria de ilegalidad del paro. Porque a diferencia de la huelga, que es legal, el paro no lo es; pero en Colombia hay que buscar que la justicia así lo califique.

Y es que el paro es ilegal no porque sea ilegal “protestar” sino porque el derecho a la huelga está prohibido, entre otras situaciones, cuando se trata de una empresa que presta un servicio público esencial o cuando se trata de empleados públicos, ejecutores de la función pública del Estado, la cual es permanente.

El Estado no puede PARAR; por eso la ley no les confiere esa posibilidad a sus empleados. Hoy día pueden presentar pliegos de peticiones (llamados pliegos de solicitudes) y pueden negociar colectivamente pero en ningún caso hacer una huelga.

De ahí que ese “cese de actividades” se llame paro, forma de protesta que la ley no solo no prohíja sino que prohíbe. El Fiscal no lo puede avalar bajo la ruana del derecho a la protesta, porque si el derecho a la protesta es ilimitado y se puede ejercer sin consideración a la ley, ¿cuál sería la ilegalidad de los actos terroristas conexos a un movimiento de protesta?

Muy graves manifestaciones, especialmente si vienen del Fiscal General de la Nación. Y más grave que sostenga sin sonrojarse que no pagar salarios durante el paro es una arbitrariedad.

Ni siquiera en la huelga, que repito es legal, se causan salarios; mucho menos durante un paro, que no lo es. En no pocas ocasiones una negociación colectiva concertada se empantana al final por el pedido de que se reconozcan los salarios dejados de pagar durante la huelga, una petición a la que puede acceder un empleador privado porque finalmente es su plata.

Pero la plata del Estado no es la alegre plata de Montealegre. ¿O por qué cree el Fiscal que la Contralora alega interés para solicitar la declaratoria de ilegalidad? No es propiamente porque al Gobierno le haya quedado grande el tema, que en efecto le quedó. Es por el detrimento patrimonial del Estado, ese sí producto de una conducta ilegal y arbitraria.

No desconozco que frente a la rama judicial y a sus funcionarios el Estado no ha sabido estar a la altura de sus deberes, pero eso no justifica la violación de la ley por parte de esos funcionarios en perjuicio de toda la Nación, mucho menos que el Fiscal la secunde bajo el ropaje del derecho a la protesta para justificarla.           

Yamid el empalagoso

Yamid Amat fue condecorado con la Cruz de Boyacá por el presidente Santos en febrero de este año (ver noticia de CM& al respecto en http://www.cmi.com.co/m/p/n.asp?n=76515). Un año antes, en febrero de 2011, su hija Adriana Amat Serna se posesionó como Vicecónsul de Colombia en Washington. Además de éstos y otros favores, una larga amistad liberal y de camaradería masónica vinculan al hoy presidente de la República con el curtido periodista. Y Amat ya no sabe qué más hacer para pagar tantos favores.

Entre sus ejecutorias se cuentan las de publicar sondeos que de alguna forma minimicen el impacto negativo que para Palacio han tenido las encuestas de IPSOS y GALLUP sobre la imagen del gobierno. Es sabido que por encima de los problemas de Colombia, si hay algo que de forma particular trasnocha el narcisismo de Santos es la medición de su imagen. No lograr, siendo presidente, superar la imagen favorable de Alvaro Uribe (como expresidente) es casi una afrenta al pretendido unanimismo con el que se justifica la mermelada y la mordaza.

A la Asamblea del Partido de la U celebrada el pasado domingo se presentó una proposición de apoyo al proceso de paz del gobierno Santos con las Farc. Error de cálculo de un presidente encargado del partido que ingenuamente cree, como el Gobierno, que las bases del partido apoyan un proceso diseñado para la impunidad y la elegibilidad de terroristas. 

¿Creía acaso que los empalagados congresistas del partido que aprobaron el Marco Jurídico para la Paz reflejan el sentir de diputados, concejales y demás bases del partido que de verdad padecen las atrocidades de las Farc y no reciben la misma mermelada a cambio de su conciencia? Por supuesto, la proposición "nació muerta". Pero como cualquier mitómano, Olano salió a la mañana siguiente a decir en La W que la proposición había sido aprobada; le tocó corregir más tarde con el argumento de que era una propuesta para la bancada parlamentaria, cuya mayoría, está visto, carece de conciencia inmune a la mermelada.

CM& quiso tenderle una mano al expósito congresista y por ahí derecho a la lesionada imagen de un presidente cuyo discurso brilló por la ira pero sobre todo por los desafortunados epítetos, tan vergonzosos viniendo de un jefe de estado como que el discurso transcrito en la página web de la Presidencia (ver http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2012/Octubre/Paginas/20121028_07.aspx) no refleja el indecoroso principio con el "rufián de esquina". 

El galardonado periodista (por lo de la Cruz de Boyacá) fabrica en su edición del miércoles 31 de octubre una nota en la que le atribuye a Ernesto Macías y a Felipe Mendoza, por cuenta de sus invitados (cinco cada uno), un sabotaje al que la "investigación interna de la U" atribuye el fracaso de la proposición (ver la nota en http://cmi.com.co/?n=92112). La nota incluye fotos y referencias a cargos pasados de Macías y Mendoza, confundiendo de paso a los supuestos conspiradores, muchachos de COLIDER, con la institución COLOMBIA JOVEN que dirigía Mendoza. 

El grado de embuste de la nota es burdo, comenzando porque Ernesto Macías no era siquiera delegado a la Asamblea sino un invitado, luego no podía tener “cuota de invitados”. Pero son tantas las mentiras que entraña la nota que muy temprano se vieron en las redes sociales las reacciones de Ernesto Macías (leer comunicación de @emaciastovar a CM& en  http://twiffo.com/1pWe) y la Asociación Colombia Lider (leer comunicación de COLIDER en http://colider.co/2012/11/01/aclaracion-de-asociacion-colombia-lider-pcd-a-comentarios-de-secretos-1-2-3-de-cmilanoticia/). Sin embargo, Inés María Zabaraín concluye la nota con estas palabras: Todos estos datos están ABSOLUTAMENTE CONFIRMADOS.  

Si la torpeza de Olano y la ira del discurso del Presidente no fueran suficientes para entender que la negativa a la proposición fue legítima, mucho menos el cúmulo de embustes sobre Ernesto Macías, Felipe Mendoza y los 10 supuestos saboteadores. Es tan mezquino como risible. Resulta ofensivo con los delegados de la U, a quienes les atribuiría un papel de pusilánimes en su propia asamblea, y me parece insultante con una audiencia a la que seguramente reputan tan pendeja como para que creer que diez invitados tienen el poder de manejar toda una asamblea de delegados, especialmente frente a la única propuesta de la Asamblea para ellos.

No hay nada que CM& pueda hacer para ocultar el fracaso de la propuesta de Olano ni para opacar el estruendoso desastre del discurso presidencial en un acto partidista. Adivino que en su edición de esta noche se van a limitar a leer la carta de Macías y a indicar que toda la información “ABSOLUTAMENTE CONFIRMADA” la recibieron de la “investigación interna” de Olano. Pasará, como dije esta mañana, que por tratar de ayudar a Olano, acabarán por enlodarlo. Lo que sucede cuando se recurre a la mentira y se actúa contra la evidencia.

Que quede claro que están exponiendo la seguridad personal de Macías, como él mismo lo manifiesta en su carta. El empalago de la mermelada conduce a perder toda credibilidad y que se cambie de canal.  

¿Y a los empresarios quién los defiende?

Estoy de acuerdo con que poco o nada diferente se podía esperar del discurso de las Farc en Oslo. Solamente la ingenua euforia de la paz provoca una amnesia suficiente como para olvidar qué son las Farc, qué persiguen y quiénes están detrás de cada palabra que pronuncian.  

También es cierto que una cosa es lo que digan públicamente para recuperar reconocimiento internacional y otra bien diferente lo que resulte de la  negociación de una agenda. No puede hacerse un juicio de esas conversaciones a partir del alegato inicial de una de las partes cuando esas conversaciones ni siquiera han empezado.

Lo que resulta cuestionable son las contradicciones que todo este espectáculo le causa al Gobierno mismo y por ahí derecho, así no lo queramos, a la Nación. Se establecieron unas “reglas de juego” en materia de comunicaciones relativas al proceso. Pues las declaraciones de Márquez fueron tan desafiantes en su contenido que el presidente Santos consideró precarias las de De la Calle y tuvo que salir a complementarlas el viernes con desafortunada alusión a las “banderas de las Farc” y en vehemente defensa de la ley de restitución de tierras.

Al ceder a esa provocación, cae en otra contradicción pero por defecto. Si tenía que responderle a Márquez por encima de De la Calle, no se podía quedar en la ley de restitución de tierras cuando las declaraciones descalifican la inversión extranjera y hacen grave amenaza a empresarios del país.

¿Quiénes son los más grandes contribuyentes de los impuestos que sostienen el Estado y que pagan los costos de procesos como ese con viaje de dos días a Oslo incluido? ¿Quiénes son, si no esos empresarios, las mayores fuentes de empleo de Colombia, amén de la burocracia estatal cuya nómina se paga con los mismos impuestos?

En política resulta tan importante lo que se dice como la elocuencia del silencio cuando se debe hablar.

Entonces ¿el mensaje para los inversionistas extranjeros es que por cuenta de este proceso deben guardar la misma cautela que llevan ejerciendo en Perú desde principios de este año? o ¿será más bien que el mensaje es que el Gobierno está para defender las leyes que han sido su iniciativa pero que los empresarios del país tienen que ver cómo se defienden de las Farc? Porque hoy, gracias al abandono de la Política de Seguridad Democrática, los pequeños empresarios y comerciantes están otra vez pagando extorsiones y vacunas a las Farc en las regiones.

Pero ahí no paran los exabruptos de la legitimación que el proceso le está dando a las Farc, hasta hace un par de meses virtualmente aislada del mundo democrático por cuenta del éxito de la Política de Seguridad Democrática y la inclusión de las Farc como grupo terrorista. Si el presidente Santos habló en respuesta a Márquez, ahora Timochenko, vía una respuesta a Colombianos por la Paz, le propone a Santos celebrar un tratado para el “uso y empleo bilateral de explosivos”.

Quien así habla no solo le tiene sin cuidado su calificación como terrorista, sino que se pone “de tu a tu” con el mandatario colombiano, representante de la institucionalidad nacional. Tratados celebran los estados soberanos y los organismos internacionales, no los grupos terroristas. Timochenko no representa un Estado, una nación o un porcentaje de colombianos superior a los 9000 hombres, mujeres y niños voluntaria, ingenua o forzadamente incorporados en sus frentes.  

De manera que no es cierto que si esto no funciona, se habrá hecho el intento pero no se habrá perdido nada. Costos que ya tiene un proceso que ni siquiera ha comenzado, son el impacto a la inversión extranjera y las amenazas a los empresarios colombianos, no porque lo diga Márquez en Oslo, sino por el silencio del presidente Santos al replicarle desde Colombia.

Pero además, el costo de una relegitimación internacional de las Farc con espectáculos como el de Oslo y la réplica del Gobierno, son innecesarios y derrochadores del esfuerzo que significó aislar a las Farc en el contexto de la comunidad internacional.

COLOFÓN: Si Paraguay no ha levantado, sino antes bien ratificado su orden de captura internacional (solicitud de circular roja de INTERPOL) contra alias Rodrigo Granda y alias Hermes Aguilar ¿cómo puede el Gobierno colombiano andar paseándolos por el mundo como si nada?

Los errores de Camila y “Julito”

Twiffo / Oct 16th 2012

Hoy no fue un buen día para Camila Zuluaga. Tuvo un mal día como los tenemos todos, pero sus errores ponen al descubierto la falta de profesionalismo de nuestro periodismo, particularmente el radial, padecido en exceso en Colombia.

1. Relación con Angela Soto. Dada su relación personal con la encartada Angela Soto, protagonista de la grabación, Camila no debería haber participado de la entrevista, particularmente si la entrevista se centraba en esa grabación. No es un tema de inhabilidades o incompatibilidades que tanto gustan en nuestro medio, como tampoco de conflicto de intereses, término realmente aplicable al caso. Simplemente le pone una carga emocional a su entrevista, la cual se notó, restándole la imparcialidad que espera el oyente y la credibilidad de la que vive el periodista –o mejor debo decir de la que debería vivir-.

2. Julio Sánchez “se salió de casillas” porque Andrés Felipe Arias le contó que ninguno de los delitos que se le imputan tienen que ver con la financiación de su campaña, lo cual es cierto. Un periodista no se puede molestar con el imputado sobre su rosario de imputaciones porque esas no las escoge el imputado; se las imputa el ente acusador. Por eso se llaman imputaciones, no confesiones. Pero aún peor, eso lo que demuestra es que ni siquiera conocen cuáles son los delitos que se le imputan al entrevistado ni en qué consiste cada uno de ellos. El hecho de ser periodistas no los releva de su deber de prepararse, especialmente si quieren llevar la entrevista de la honorabilidad, de la que todos se sienten habilitados para juzgar, a la juridicidad; por lo menos estudien primero cuáles son los cargos y de qué se tratan si quieren conducir una entrevista con conocimiento. La salida de casillas es el callejón de la ignorancia.

3. Es recurrente la falta de asesoría jurídica en la W. Los “internos” que llegan a cabina durante las entrevistas distan de ser una verdadera asesoría jurídica y en las más de las veces son de amigos que no son especialistas en el tema o de espontáneos más ignorantes en la materia que los entrevistadores, amén de los que tienen intereses en el tema y azuzan sin compasión. Azuzar no es acertar. Y por favor, Carlos Ruiz es un redactor judicial.

4. En Colombia los medios se han encargado de confundir la administración de justicia, constitucionalmente conferida a los jueces, con la atribución de editorializar y por ahí derecho deshonrar, adular o victimizar a las personas a partir de la íntima convicción del respectivo periodista. Una parte de ese error se debe a la mediocridad que aqueja a nuestra justicia y su tendencia a aparecer en los medios, cosa que no pasaba en la respetabilidad de que gozaban nuestros jueces. Pero la gran responsabilidad la tienen los mismos medios que confunden la noticia y la imparcialidad de la entrevista con el derecho que también tienen a editorializar. En la entrevista no se editorializa como en el editorial no están en la obligación de poner nada distinto a su opinión. Esta confusión, ya no puede ser ignorancia; es falta de ética.

5. No contenta con la mañana y seguramente movida por tanta crítica, a las tres de la tarde Camila resuelve devolver la lluvia de críticas con un "tweet" en el que se pregunta si tanto “tuitero” hará publicidad “gratis” en una aparente alusión a la hinchada de Andrés Felipe Arias en las redes sociales. Salida desesperada pero muy desafortunada. Si hay un lugar donde la opinión es libre por excelencia son las redes sociales, las mismas que ella emplea, ella sí para capturar oyentes como lo hacen todos los periodistas. ¿Pero que eso lo haga el "tuitero" del común? ¡Por favor! La palabra PUBLICIDAD no tiene cabida. Y lo que menos cabida tiene y por lo cual le acabó por caer todo un chaparrón, es porque las redes sí no perdonan que se vea la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Si resultó “beneficiaria” de $35 millones de pesos de los Nule y su amiga de la entrevista habría pecado por un posible favorecimiento indebido, ¿cómo se atreve siquiera a insinuar eso en Twitter? Ni ignorancia ni falta de ética...

Perversamente Magistral

Nuevamente hoy amaneció el país dedicado a la salud del Vicepresidente. Todos los medios de comunicación entrevistaron a Angelino Garzón así como al tristemente célebre presidente del Congreso y la opinión volvió a dividirse sin percatarse de que todo este nuevo episodio, de los que a diario vive Colombia gracias a los medios, no fue sino una muy bien orquestada estrategia para revitalizar la salud del Presidente y que todos olvidemos la palabra cáncer cuando de la salud del presidente se trate. 

Razón tienen quienes dicen que Juan Manuel Santos gobierna para las encuestas.

La formación “gringa” del Presidente le indica que si algo es un “issue” para la opinión pública es la salud de su presidente y la de sus candidatos. Así el cáncer de Santos tenga tan buen pronóstico como dicen que tiene, y la cirugía haya sido tan exitosa como se dice que lo fue, el Presidente sabe que tiene que sacar de la discusión el tema de su salud y en lo posible, que esa palabrota que empieza por “c” (aclaro que me refiero a cáncer) se esfume rápidamente en el amnesia colombiana que nos caracteriza.

Bastó una llamada a Roy (me sigo preguntando si eso es un nombre de pila). Sí, bastó llamar al más idiota de todos los útiles –y aquí no cabe “el más útil de todos los idiotas” porque sería ponerlo a nuestra altura- y pedirle que en su condición de presidente del legislativo activara un mecanismo legal que con interés constitucional resuelva la incógnita de la sucesión eventual.

El Útil no solamente lo hizo ágilmente sino con todo el apoyo parlamentario. Sus respuestas en las entrevistas, debo reconocerlo, fueron impecables, tanto política como jurídicamente, además con una justa dosis de contenido médico igualmente acertada. Tanto es así que el mismo Vicepresidente dijo en la mañana del jueves que aceptaría la visita y se sometería a todo lo que el equipo médico designado indicara.

Pero el Vice visitó en su lecho de recuperación a su jefe y después de esa visita cambió de parecer. Su discurso en la tarde fue otro, con las consecuencias por todos conocidas, entre las cuales se empezaron a acuñar expresiones como “golpe de estado”. 

El viernes amanecemos con entrevistas al Vicepresidente en las que defiende al Gobierno como un todo y centra el debate en la Vicepresidencia, que no en la salud del Presidente. Lo hace de forma tan exagerada que a varios pone a dudar sobre su salud mental, de la que dicho sea de paso sí goza, y expone por todos los medios sus limitaciones en el habla, con lo cual reafirma en otros que “él sí está enfermo”. 

Cae la tarde en Bogotá y Santos no tiene próstata ni cáncer y seguramente ya mañana nadie se acuerda que tuvo una cirugía por cáncer. Magistral!

¿Qué pasó en esa visita del Vice a su jefe? 

Se sabe que Juan Manuel Santos habría llamado a Angelino a decirle que él no tenía nada que ver con lo que estaba haciendo Útil Barreras. Angelino llega a la Santa Fe y Juan Manuel le dice con tono indignado que lo que el legislativo está haciendo es socavar la institucionalidad y que él le ruega que por la dignidad del Ejecutivo, se niegue a tan denigrante afrenta. 

Angelino se sorprende y se siente nuevamente parte del equipo, no del de los enfermos, sino del de los “alentados”. Sale en la tarde a enarbolar la tesis de la defensa de las instituciones sin percatarse, con la ingenuidad del colombiano de buena fe, que lo que está es sacando de los medios el tema de la salud del presidente para reemplazarlo por el de su propia salud y exponiéndose a los medios con una dicción afectada y una emocionalidad exagerada producto de la conversación con Santos, características que el público no lee con benevolencia sino con preocupación.

¿Qué hizo Santos? 

Primero, sacar el cáncer de próstata de la prensa y por ahí derecho lanzarlo por la senda hacia el hoyo negro de la amnesia Colombia. Algo muy parecido a lo que ha pasado con el cáncer de Chávez en los últimos meses; pocos hablan de eso y poco importa en el debate electoral del domingo. 

Segundo, convence a Angelino de que son un equipo monolítico y Angelino sale agradecido por tanta solidaridad, sintiéndose uno solo con Santos y sin darse cuenta que lo que Santos va a lograr horas después es volver a poner a Angelino en el ojo del huracán y a reemplazar el cáncer de próstata por un ACV perverso y eventualmente incapacitante. 

Tercero, ir creando en la opinión pública la idea de que el que de veras está enfermo es el Vicepresidente y que eventualmente, cuando las cosas lo ameriten más adelante o cuando al Vicepresidente le dé por hablar de víctimas o derecho humanitario en épocas de diálogos de paz, sea fácilmente removible del camino de la Oculta Agenda de Paz. 

No de poker sino a tres bandas, pero perversamente Magistral.

Por si las moscas, advierto a los lectores de este Blog que el contenido de esta entrada es producto de la ficción.

Lecciones del pasado

Conocida la decisión de adelantar un nuevo proceso de paz con las Farc, la voz unánime de los grandes medios de comunicación se ha pronunciado a favor del mismo a pesar de haberse iniciado sin que se hubiesen cumplido los “inamovibles” que el presidente Santos tanto prometió. Además de “Lucho”, quien se describe en su nuevo cargo como “vocero de la paz”, los medios se han querido posicionar como voceros de una mayoría de la opinión pública que aplaude alborozada e ilusionadamente la posibilidad de alcanzar la anhelada paz a través de un proceso de negociación.

La paz debería ser objetivo de toda la sociedad colombiana, razón por la que sorprende que frente a esa escueta pregunta el porcentaje que la afirma sea el 77% y no el 100%. Porque la discrepancia no se hace manifiesta en el anhelo de paz sino en la manera de alcanzarla y en esto, la discrepancia no es del 23% sino de una gran mayoría de colombianos que ve con escepticismo el proceso (41%), que no le cree a las Farc (52%), que no quiere ver a Chávez acompañando el proceso (65%), que no está dispuesta a que haya impunidad para los terroristas de las Farc (68%), que no está dispuesta a que los hoy terroristas sean los gobernantes de mañana (72%) y que en cualquier caso los quiere en la cárcel y no pagando “penas alternativas” (78%). Estos porcentajes salen de la encuesta IPSOS – Napoleón Franco publicada por La FM el 11 de septiembre.

Eso se explica en lo que hasta ahora se ve y públicamente se sabe del proceso, matizado por la experiencia del pasado que el presidente Santos dice haber considerado para justificar la diferenciación entre este proceso y los anteriores. El presidente Santos le apuesta a la política del diálogo, que fracasó en los gobiernos de Betancur, Gaviria y Pastrana y que por el contrario sirvió para el fortalecimiento territorial y militar de las Farc.

En efecto, al iniciar los diálogos del gobierno Betancur, las Farc operaba con 27 frentes. Fracasados esos diálogos y durante el gobierno Barco los frentes ya eran 48. Pasados los acercamientos en Caracas y Tlaxcala bajo la administración Gaviria, las Farc tenían 61 frentes que para la época del Caguán ya eran 68.

Si el número de frentes no dice nada, el número de integrantes de las Farc en las mismas épocas pasó de 5,100 en 1982 a 6,700 después del proceso de paz de Betancur; ya eran 9,300 para la época de Caracas y Tlaxcala, que se convirtieron en 12,500 para las nefandas épocas del Elefante, en 16,500 para la época del Caguán. Finalizado el Caguán se llegó a hablar de casi 20,000.

En “plata blanca”, durante los 20 años (1982 – 2002) en los que se adelantaron procesos signados por una política de diálogos, la anhelada paz no se alcanzó pero las Farc casi triplicaron sus frentes y cuadruplicaron sus integrantes, crecimiento que con dolor debo decir, tiene el crimen adicional del reclutamiento forzado de menores.

Por contera a esa tendencia están las cifras de la paz a través de la Seguridad Democrática que entre 2002 y 2010 logró la desmovilización de las estructuras que integraban las desaparecidas AUC (35,000 desmovilizados) y 18.000 terroristas de las Farc y el Eln. Esto permite afirmar, desde las cifras, que durante la era Uribe Colombia experimentó el mayor proceso de paz de su historia. Sin necesidad de negociar principios democráticos, logró retirar de la dinámica violenta a más de 50 mil personas, conduciendo a los responsables de crímenes de lesa humanidad al acogimiento de la ley 975, por la cual se propende el equilibrio entre paz, justicia y reparación.

Por eso las críticas del uribismo no son las de “opositores empecinados”, “viudos de poder” ni mucho menos “guerreristas”, como nos quiere pintar la gran prensa bogotana. ¿O es que esos 53,000 hombres y mujeres fueron dados de baja?

Las cifras no mienten y en todo caso descartan la especulación. Por eso quizás desde el mismo Gobierno justifican el proceso en que gracias a la Seguridad Democrática y el consecuente debilitamiento de las Farc, el momento para negociar la paz es ahora. Asumiendo que así fuera, el contenido de la agenda y los pronunciamientos de los representantes de la Farc demuestran que el Gobierno no se aproxima a la mesa desde esa perspectiva sino desde una perspectiva de negociar la agenda del país, como se desprende del documento, o para refundar la patria, como lo indicó en una de sus alocuciones uno de los voceros de las Farc. 

Suena cuando menos antidemocrático –y hasta jurídicamente imposible- que se convenga en temas de esa envergadura con 10,000 terroristas y no con 46 millones de colombianos. Por eso tiene tanto valor el resultado de la encuesta cuyos guarismos cito al principio. Muestra que el anhelo de paz no le nubla el entendimiento sino a los directores de algunos medios de comunicación y al 30% de los colombianos. El otro 70% no está dispuesto a que el precio de la paz sea la impunidad y la elegibilidad de los terroristas.  

La gran preocupación de quienes creemos en la doctrina de la Seguridad Democrática es que el nuevo proceso sea una vez más el mecanismo, no para hacer la paz, sino para facilitar el fortalecimiento criminal de la guerrilla. Porque queremos la paz pero bajo una premisa elemental: que garantice la seguridad de los ciudadanos y no el favorecimiento militar, jurídico o político de quienes decidieron transitar el camino del terrorismo.

A pesar de las descalificaciones, los señalamientos y comparaciones que rayan en la temeridad, no podemos desfallecer en la tarea de hacer estas advertencias, así ellas se conviertan en meras constancias históricas.

Buscando el ahogado río arriba

La actividad de las redes sociales resultó inusualmente elevada para un lunes festivo por cuenta de la confesión de Santoyo -omito intencionalmente el grado de general pues hoy tengo claro que lo desmerece-. A la escueta noticia, la cual se limitó a indicar que la aceptación de los cargos habría sido parcial y que descarta narcotráfico, ocurrió lo de “técnico en lunes” para los restantes mortales: tratar de desentrañar de quién fue la culpa.

Que si fue del general Gilibert, comandante de la Policía cuando Santoyo fue asignado a la seguridad de Alvaro Uribe como candidato presidencial; que no, que de Andrés Pastrana, entonces Presidente; que mejor no, que del general Teodoro Campo y Martha Lucía Ramírez, Director de la Policía y Ministra de Defensa, respectivamente, en el primer cuatrienio del presidente Uribe; que tal vez tampoco porque solo después de la anulación de la sanción disciplinaria por parte del Consejo de Estado fueron el general Naranjo y Juan Manual Santos, Director de la Policía y Ministro de Defensa, también respectivamente, quienes propusieron su ascenso al generalato; pero como dicen las señoras, proponer no es ofender y entonces alegan que los culpables fueron los senadores que acogieron la propuesta, desoyendo a algunos de sus colegas que votaron en contra; que eso mucho menos porque los congresistas no tienen la función de investigar y que se limitan a votar positiva o negativamente lo que se les propone en el orden del día; entonces que fue la junta de generales, encabezada por el propio Naranjo, junta que propuso ese nombre y debía estar en la capacidad de saber que Santoyo no era de fiar, opinión un poco más ilustrada por cierto.

Por último, que la culpa es del propio Alvaro Uribe porque habiendo Santoyo sido su jefe de seguridad, el presidente Uribe debía conocerlo bien, como si la función del Presidente de la República fuera hacerle “contrainteligencia” a su propio jefe de seguridad. A este respecto quizás el más sensato ha sido Rafael Guarín al cuestionar la vulnerabilidad de la seguridad nacional cuando la de la propia Presidencia pueda estar a cargo de un oficial corrupto. Y por supuesto, la casi inmediata reacción de desilusión del propio presidente Uribe, víctima una vez más de un entuerto en el que claramente no tiene responsabilidad alguna.

Con su veloz confesión, la defensa de Santoyo seguramente quiere sacar el cargo por narcotráfico de la palestra y debe anticiparse que vendrán delaciones. Ojalá haya y que sean verdad.

Pero sobre los nombres arriba citados y trajinados en redes sociales, sin pruebas y con nada distinto a mi íntima convicción, creo que con excepción del mismo Santoyo, en esa lista hay más víctimas que culpables. Sin duda habría mayor o menor ligereza, que no culpa, en algunos casos. Pero también creo que todos olvidan al verdadero culpable que tantos dolores le ha causado a nuestra sociedad: el detestable poder corruptor del narcotráfico y la dolorosa falta de formación en valores.

Lo que realmente leo en todos esos vanos intentos de imputación no es otra cosa que un profundo dolor por un episodio más de vergüenza para Colombia. Es otro golpe a la dignidad de millones de colombianos que no queremos más episodios de decepción porque el nuestro sea un país en que un oficial de esa graduación y responsabilidad haya traicionado principios tan elementales de honestidad y honor institucional.

Desde Lara Bonilla hasta nuestros días, pasando por el magnicidio de Luis Carlos Galán, la sociedad colombiana sigue siendo víctima del poder corruptor del narcotráfico, ese mismo al que Álvaro Uribe enfrentó sin temor alguno, porque no está de más recordar que su gobierno fue el que más extradiciones ha autorizado en la historia y el que más bienes le ha quitado a la mafia. Ahí están las cifras que confirman aquella máxima de que la verdad es la verdad y ésta no tiene versiones.

Pero en lugar de preocuparnos por formar en valores, dejamos que se excuse el elefante, aceptamos que se justifique el narcotráfico con fines supuestamente políticos como ocurre con la dictadura Chavista, las Farc y sus brazos políticos supuestamente legales, o, como el día de hoy, buscamos afanosamente un listado inexistente de responsabilidades administrativas en los nombramientos para no enfrentar el dolor de ver la infiltración del narcotráfico que, gracias a su capacidad de generar una verdadera “cultura mafiosa”, con el paso del tiempo ha ido penetrando alevosamente a todos los estamentos de la sociedad.

Desconexión de la Realidad

Cuando Juan Manuel Santos asumió la presidencia, anunció con bombos y platillos que el suyo sería el gobierno de la “Urna de Cristal”, uno que todos podrían auscultar y desde el cual el Gobierno miraría a todos los costados, planteando así un estilo gerencial de doble vía.

El paso del tiempo nos permite concluir que la “Urna de Cristal” era un anuncio más de un presidente al que su pasado de periodista le dejó impreso en su ser aquello de que un titular hace más que mil páginas de explicaciones y argumentos. La urna parece tener encerrado al Gobierno, mostrándole una realidad alterada por los prismas del cristal.

En la reciente asamblea anual de la ANDI que tuvo lugar en Cartagena, los asistentes a la misma pudimos darnos cuenta del absurdo nivel de desconexión del Presidente y de sus ministros de la realidad nacional.

Con perplejidad, vimos a un gabinete que pasó al frente con espectaculares presentaciones, que más parecían la infografía de quienes viajan por el mundo promoviendo a Colombia como destino de inversión, que un accountability, que era lo que al fin y al cabo estaba esperando un auditorio integrado por los más importantes representantes del sector empresarial colombiano.

Uno tras otro, los miembros del gabinete trataron de convencernos de que acá todo está muy bien, que no ha sucedido nada en materia de seguridad, que el supuesto reverdecimiento de las acciones criminales de los terroristas es una “percepción” y que la economía colombiana será inmune a los coletazos de la alterada economía occidental.

Tanto no coincide esa versión de la realidad del país con el sentimiento generalizado de los empresarios, que la intervención más aplaudida corrió por cuenta de uno de ellos, el Dr. Carlos Enrique Moreno, quien con una presentación tan sencilla como juiciosa, supo recoger temores y preocupaciones con los que el auditorio se identificó y agradeció con generosa ovación.

Capítulo aparte merece la indelicadeza, por decir lo menos, del Capitán Alfonso Salas al agitar al aire facturas de servicios portuarios de su cliente Corona, especialmente cuando claramente no entendió -o se hizo el que no entendió- las cifras presentadas por el Dr. Moreno, confundiendo servicios portuarios con cadena de logística y olvidando que estaba en un foro de entendidos en la materia.  

No se trata de hacer oposición por hacerla, ni de decir, ni más faltaba, que el Gobierno ha fracasado en todos sus esfuerzos. Pero sí resulta cuando menos sorprendente que el gabinete en pleno y el Presidente de la República tengan el coraje de decir, sin rubor alguno y ante el empresariado colombiano en pleno, que todo está marchando en orden.

Aquello me lleva a pensar que en efecto y gracias a la acción del sanedrín de Casa de Nariño, el Presidente está desconectado de la realidad nacional, creyendo que los rimbombantes titulares de la prensa nacional y extranjera son fiel reflejo de su gobierno. Quienes legítimamente creemos que el gobierno ha perdido el rumbo, nos quedaremos esperando los ajustes que millones de colombianos, reflejados en las encuestas de opinión, estamos demandando.

Tal vez aún no hemos llegado a un punto de no retorno, pero éste se vislumbra no muy a lo lejos. El gobierno aún tiene un par de meses para hacer un alto en el camino, reacomodar sus cargas, redefinir sus prioridades y reencauzar a la nación por el camino que durante 8 años trazó el presidente Alvaro Uribe.

Esperemos que Santos tenga grandeza y acepte los errores. Que anteponga los intereses superiores de la Patria a su propia vanidad política. Acá no se trata de una emulación entre el “santismo” y el “uribismo”, sino de algo mucho más grande que es la supervivencia misma de la nación. Ya está probado que la doctrina de la Seguridad Democrática es mucho más efectiva que unos cuantos titulares de prensa que aunque satisfagan el ego, desconectan al gobierno de los gobernados.

   

Se buscan precandidatos

Celebro la decisión de Juan Carlos Vélez de lanzar su precandidatura a la presidencia. Que no se vea como un acto político contra Oscar Iván Zuluaga; ni suyo, ni del Centro de Pensamiento Primero Colombia. Antes bien, es una muestra de la convocatoria de las tesis del Puro Centro Democrático, un escenario de convergencia sobre lo fundamental donde otras diferencias tienen cabida y enriquecen el debate. Por eso sería bueno que ese ejemplo lo siguieran otros líderes dispuestos a casarse con los principios de la seguridad democrática, la confianza inversionista y la inclusión social, lo que a su turno implica comprometerse con la defensa de sus postulados cualquiera que sea el resultado final de esas precandidaturas.

Por eso hay espacio para dos y para más. Que a esos nombres se sumara el de Juan Lozano y que en su caso Marta Lucía Ramírez no lo viera como una traición al Partido Conservador. Si tan solo supiera cuántos conservadores se la juegan por un uribista antes que por un conservador clientelista. El Puro Centro Democrático está por encima de los partidos porque a diferencia de componendas burocráticas o coaliciones electorales como la U, su fuerza está en las ideas, en postulados puestos en práctica por el presidente Uribe durante su mandato. Son suficiente garantía de convocatoria la férrea convicción de que esos postulados funcionan y el clamor de millones de ciudadanos que hoy se sienten traicionados porque el presidente Santos no haya sabido responder a la confianza que el presidente Uribe tuvo con él al encomendarle los tres huevitos.

No se puede caer en el error que ha cometido el Gobierno de confundirse de enemigo. Los áulicos de Santos le dicen al oído y en columnas dominicales que su enemigo es el uribismo y que sus amigos son los huéspedes del vecino país, quienes entran de cuando en vez para sembrar terror, dejando viudas y huérfanos a su paso. Flaco favor le han hecho: iniciará la segunda mitad de su mandato con la reelección perdida y una gobernabilidad herida que solo le sirve a la silenciosa pero disciplinada Marcha Patriótica y a cualquier otra manifestación con objetivos desestabilizadores y anárquicos.

Por eso me resultó bochornoso que tan solo pocas horas después del evento de El Nogal las redes sociales fueran escenario de una contienda entre “zuluaguistas” y “ramiristas” como si se tratara de enemigos. El enemigo es otro y en eso no nos podemos confundir.  

Lo que no puede pasar es que se matriculen malos estudiantes. Porque al “perro no lo capan dos veces” hay que pasar el examen del Puro Centro Democrático y comprometerse con unas reglas de juego, tan prístinas y  elementales como inmunes a la rebeldía y la soberbia. Estamos pagando el precio del olvido de la Seguridad Democrática y hay una lección aprendida. La tarea que sigue implica abandonar los egos personales para rendirle culto a las ideas; diseñar propuestas que no por novedosas, se vayan a salir de esos postulados; jugar limpio y al final del debate, cualesquiera que sean esas reglas, entregar todos sus apoyos a quien resulte candidato único.

Esa dinámica podría de una buena vez callar los ataques mendaces de críticos miopes que ven en cada acto del uribismo un interés reeleccionista. Debe ser difícil aceptar el hecho histórico de un ex presidente con la popularidad del presidente Uribe. Por eso quizás su miopía viene del pánico y no los deja ver que esos actos responden al clamor de otros latinoamericanos que hoy viven las consecuencias del llamado socialismo del siglo XXI, una enfermedad que sigue haciendo males por todo el continente. El presidente Uribe está llamado a liderar el foro democrático latinoamericano que desnude las tristes consecuencias que está teniendo el Foro de Sao Pablo en Latinoamérica.

Mientras tanto, que sigan las precandidaturas. Como en una licitación, que precalifiquen todos los que estén dispuestos a pasar el examen del PCD y a defenderlo hoy y mañana, cualquiera que sea el resultado de la adjudicación. Más aún, que en esa justa se destaquen por otras diferencias y no por el descrédito de las de sus contendores pero que antes de jugar la clasificación, se comprometan con las reglas de juego para que al final, la adjudicación de la precandidatura, más que a un precandidato, siga siendo a un ideario. Esa es la lección de la coherencia, que a propósito, es una de las responsables de la popularidad del presidente Uribe que tanto trasnocha a sus detractores.

¡Bien por Oscar Iván Zuluaga! ¡Bien por Juan Carlos Vélez! ¿Más nombres? Ojalá. Buen trabajo CPPC.         

Dos talantes para Enjuto y Baltasar

 A finales de agosto de 2002 ante el puesto fronterizo de Paraguachón se presentó el ciudadano español Carlos Daniel Enjuto Domínguez, quien solicitó ingresar al país con fines turísticos. El funcionario del DAS que atendía la ventanilla de inmigración selló su pasaporte y le concedió 30 días de estadía.

No habrían pasado dos semanas y el mentiroso tunante fue pillado en Icononzo agitando e incitando cerca de 2000 campesinos que en aquellos días pretendían llevar a cabo una gran movilización que debía desembocar en el consabido paro agrario que tanto seduce a la guerrilla de las Farc, históricamente presente en el oriente y sur del Tolima.

El ciudadano español alegó que era integrante de una ONG cuyo objetivo consistía en “visibilizar” la situación del campesinado colombiano, al cual describió como “explotado, vilipendiado y violentado por fuerzas estatales y paraestatales”. Ante los atónitos agentes que lo detuvieron, esgrimió credenciales que lo presentaban como miembro de la rimbombante “Organización Solidaria para Asia, África y América Latina”, creyendo que el carné con llamativo logotipo tramaría a los miembros de la fuerza pública que apenas comenzaban a poner en marcha la Política de Seguridad Democrática.

Fue detenido y entregado a Extranjería, que no dudó en cumplir las normas migratorias que indican deportación por el propósito indebido a la declaración de ingreso al territorio colombiano. Fue encaramado en el siguiente vuelo de Iberia con destino a Madrid y la prohibición de volver a poner pies en Colombia.

Eran tiempos en los que el gobierno mostraba cero tolerancia con los extranjeros que vinieran a nuestro país a promover o alentar alteraciones del orden público. Para el presidente Uribe no era admisible que mientras los soldados y policías de la Patria se jugaban la vida por lograr el establecimiento de un orden legal y pacífico en el territorio nacional, ciudadanos de ultramar vinieran a promover o a hacer eco de manifestaciones sociales en las que la mano negra de los terroristas era evidente, como parece mostrarse actualmente en el Cauca.

Recuerdo ese episodio puesto que esta semana el país supo de la presencia no autorizada e inconsulta de dos ciudadanos españoles, quizás no tan anónimos como el Enjuto de marras, en la zona donde se adelanta la sublevación de indígenas caucanos: Baltasar Garzón y su hijo tocayo a quien se conoce con el mote de “El Balti”.

En medio de la barahúnda y del zafarrancho surgió la imagen de esos dos ciudadanos extranjeros que defendieron su presencia allí argumentando que buscaban mecanismos de solución pacífica a la crisis.

Pero ni el gobierno ni nadie los había autorizado. Sabemos que el condenado ex juez Garzón está en Colombia gracias a la fina atención del presidente Santos. Su mandato acá es limitado y debe circunscribirse a las tareas puntuales que le ponga su jefe, que en la teoría es la OEA, organismo que tampoco está autorizado para enviar a ninguno de sus funcionarios a la zona de guerra en la que se convirtió el departamento del Cauca.

La pregunta obvia que muchos nos hacemos es ¿por qué el gobierno del presidente Uribe sí hacía cumplir la ley migratoria expulsando in límine a Enjuto y ahora el presidente Santos se frunce para tomar una medida semejante frente a los señores Garzón?

La única respuesta que puede dársele al interrogante no es lo que puede haber de Enjuto a Baltasar, sino las diferencias entre los principios que inspiran el talante del presidente de hoy y los que inspiran el talante del presidente de la Seguridad Democrática, Álvaro Uribe Vélez.

Consejos en el laberinto

El golpe Gallup de la semana pasada nos ha tenido a la expectativa de la reacción del gobierno porque no obstante la soberbia de este último -con claros visos de negación-, las cifras muestran que le está costando la reelección. Puede seguir pretendiendo exculparse del fiasco de la reforma a la justicia, como torpemente insistió el Presidente el sábado desde Pasto, y justificar la salida inconstitucional que le propinó, pero no puede negar una muy temprana impopularidad y el hecho de que es el país de a pie el que le está pasando la factura.

Hasta los más fieles aduladores de su gestión han salido a proponer toda suerte de excusas y recomendaciones, amén de apaciguar a las hordas. Hay quienes le dicen que recomponga el gabinete porque los culpables son sus ministros; otros le insisten en “escuchar” a la gente, sabrá Dios para qué pues si algo ha caracterizado a este gobierno es la soberbia. Otros culpan la estrategia de comunicaciones del Gobierno y su incapacidad para mostrar las ejecutorias que las encuestas no reconocen. La verdad es que las locomotoras no han arrancado y los números que el Presidente presenta en materia de empleo e inversión no son sostenibles. El primero es coyuntural y responde a la “reconstrucción de la ola invernal”; adicionalmente, algunas de las medidas del Plan de Acción, aunque buenas, lo están castigando. Por su parte, la inversión se va a castigar por efectos internacionales fuera de su control pero también por la demora en infraestructura y el nuevo código minero. 


Otros consejeros, los más pragmáticos, le sugieren borrar con el codo lo que escribió con la mano y acometer una reforma a la justicia desde el gobierno, a punta de decretos, para constituirse en redentor del clamor popular, prescindiendo del impopular congreso y las cortes, una propuesta solo parcialmente posible que además desconoce que el traspiés de la reforma a la justicia fue tan solo la punta del iceberg. A El Tiempo hay que declararlo fuera de concurso. Sus editoriales ya no son ni babosos, por no decir irresponsables; dan ternura.

Las primeras de cambio apuntan a la recuperación de la seguridad, lo que parecería apenas obvio cuando es el área en la que las encuestas le han dado más duro, no solo esta vez sino en los trimestres anteriores. No diré lo que con razón diría Alvaro Uribe, que no ha dicho y tampoco dirá: se lo dije y se lo advertí. Pero parece así demostrarlo el incremento en el número e intensidad de los consejos de seguridad de las últimas horas. Hago también caso omiso del oso presidencial de ufanarse por Twitter de la duración del de Pasto.  

Llama la atención la inusual recomendación que hizo el presidente Santos de la columna del general Valencia Tovar. Los pocos que hemos leído al General por años y quienes como yo lo hemos tenido en tan alta estima, no lo reconocemos como autor de esa columna. Al principio se lo atribuí a una injusta y triste consecuencia de los años, pero luego me enteré que un hijo del General es asesor del Ministerio de Defensa. Y se estrena como columnista el general Naranjo con una opinión que no estoy seguro de haber entendido pero acaso en la misma línea de la del general Valencia. Con pretensiones de fiscal de la vanidad, olvida que buena parte del problema radica en la vanidad del gobierno mismo, por la que está pagando un precio muy alto y fue abucheado. Reconozco en el general Naranjo un hombre valioso y un policía como pocos. Prefiero pensar que simplemente no goza como escritor de la destreza que despliega en otras de sus conocidas cualidades personales y habilidades profesionales.

Pero si fuera cierto que la sacudida del gobierno está por la recuperación de la seguridad (a secas y sin “democrática” para no ofender el ego presidencial), el panorama me resulta igualmente desolador. La estrategia implementada desde el Ministerio ha sido la de arrinconar a los terroristas en lugares que el mismo Ministerio califica de “remotos” y “sacarlos de sus madrigueras” como hace poco hizo eco el Presidente desde Buga. Pero los actos terroristas recientes demuestran que sus autores no están en ninguna madriguera como claramente lo demuestra el atentado a Fernando Londoño en plena 74 con Caracas en Bogotá. El informe del SIMCI que el gobierno impidió publicar la semana pasada revela un aumento en la minería ilegal y un aumento del 3% en el área sembrada de coca, coincidiendo en el mapa con las zonas donde se mueven las FARC. Pero lo que es más grave, sus cabecillas se encuentran en Venezuela y Santos ya ha demostrado que no va a incomodar al Dictador cuando la Oculta Agenda de Paz tiene su epicentro en Caracas (la ciudad, no la avenida).

De ahí la infame columna “Póquer Sangriento” de León Valencia. Como contratista del gobierno en estos temas sabe mejor que nadie que la recuperación de la seguridad nacional no va a ser posible mientras esté supeditada a la Oculta Agenda de Paz desde la cual se fraguó el pérfido Marco Jurídico para la Paz. La ciudadanía parece no entender sus graves implicaciones ni el hecho de que ese Marco existe gracias a la mermelada que venía en la hundida reforma a la justicia. Pero como Santos, la ciudadanía está tan obsesionada con la paz, que no reparó ni reconoce que lo que hoy critica de la extinta reforma a la justicia, está íntimamente ligado con el famoso Marco. Por eso es que Valencia no se desgasta en grandes consejos sino en sus bajos instintos. Al principio pensé que se había contagiado de la enfermiza obsesión de su vecino editorial Coronell. Luego entendí que él sí sabe que el esfuerzo gubernamental será en vano y que más vale dedicarse al mezquino intento de tratar de dañar al presidente Uribe antes que darle la razón y recuperar la seguridad democrática. Así como le auguro poco éxito a la recuperación de la seguridad mientras exista la Oculta Agenda de Paz, menos éxito le auguro a la bellaquería que propone Valencia.

Si a eso se reduce la reacción del gobierno, en efecto se viene una aguda "samperización", enfermedad de profunda indignidad con pronóstico tan letal, que no aguanta los dos años que le quedan a Santos. 

Se les olvidó la Radiografía

Como en una pesadilla en la que al doliente le hacen cirugía estética en lugar de trasplantarle el órgano vital que necesita, la mal llamada Reforma a la Justicia transita segunda vuelta sin que los cirujanos se hayan siquiera preocupado por la radiografía del paciente. Y no me refiero a toda la cirugía que sí le están haciendo, la que con otros proyectos de reforma va dejando a nuestra aporreada Constitución como la más anti estética del mundo, sino a todas aquellas cosas que sí saben del paciente y que con indolente desdén olvidan olímpicamente el Gobierno y el Congreso.

Entre los muchos males que puede adolecer nuestra justicia, quizás los más sentidos y endémicos son la congestión judicial y la falta de recursos técnicos y humanos calificados para la investigación criminal. El ciudadano pide resolución judicial y pronta justicia. Pero de cada 100 denuncias criminales, solo 6 alcanzan imputación. Las 94 restantes son impunidad rampante. Y no puede ser de otra forma cuando muchos fiscales cuentan con un investigador para cientos de denuncias que recibe diariamente, amén de la falta de recursos técnicos y la precaria preparación forense de esos investigadores. La mayoría de las denuncias que sí alcanzan imputación lo logran porque hay unas víctimas que se encargan de hacer la investigación por su cuenta y aportarle al fiscal las pruebas. Termina siendo el ciudadano que demanda justicia haciendo la tarea que le corresponde al Estado.

Un proceso en la jurisdicción ordinaria tarda en promedio entre 5 y 6 años en tener sentencia definitiva y un proceso contencioso administrativo puede demorar 15 años en tener sentencia en el Consejo de Estado. 70% de los procesos de la jurisdicción civil son ejecutivos. La ejecución de deudas ni siquiera debería ser un proceso, pero en Colombia tarda más que un ordinario no obstante que no declara ningún derecho. Luego, no es de extrañar que un proceso ordinario se demore lo que se demora. Y del contencioso administrativo … por algo se le conoce como el delicioso contemplativo.

De los 30 artículos del proyecto de reforma, solo uno se ocupa en algo de los males endémicos que padece la justicia. Uno solo, que dicho sea de paso tiene con los pelos de punta a la misma rama judicial, a Asonal Judicial y a organizaciones no gubernamentales que se han limitado a denunciar con horror la “privatización de la justicia” con la misma histeria que a las cortes le producen los tribunales de arbitramento. Pero nada dicen de la congestión judicial ni se atreven a mencionar la tutela.

El solo hecho de tocar la tutela le produce pánico al Gobierno y entonces sí, los legisladores sienten que tendrían que darle cuenta a los electores, no obstante que la tutela es parte del problema y no de la solución. ¿Por qué nadie se mete con la tutela? Porque se resuelve en un tiempo record de tres meses. Y esa es una de sus cualidades, por la que la gente la percibe como un gran logro y la defiende a capa y espada. Lo que no reconocen es que por su perentoriedad y la falta de jueces especializados, desplaza la atención de los procesos que competen a cada jurisdicción, demorándolos más, o que por su velocidad, muchos casos se resuelven sin que la parte accionada pueda siquiera pronunciarse o aportar pruebas. Tampoco denuncian que no obstante tener dos instancias, muchas veces los deciden jueces que no saben de la materia, y su revisión por la Corte Constitucional es eventual. ¡Sorpresa! de las 14,000 tutelas que se fallan mensualmente en Colombia, la Corte Constitucional revisa 70. Es decir, un 0,5% de ese total. 

Y lo que es más vergonzoso, la tutela es la fuente del famoso “choque de trenes”, nombre con el que se conoce ese fenómeno kafkiano conforme al cual el juez constitucional invalida una sentencia definitiva de otra jurisdicción que pudo haber estado ejecutoriada por años. Además de que este detalle ha conducido a que a tres “instancias” se le puedan agregar dos instancias de tutela y revisión, aumentando la morosidad, deja nuestra justicia como un explicable hazmerreir en el contexto internacional. ¿Es de un país serio que el cumplimiento de la ley dependa del tribunal ante el que se adelante el caso porque las altas Cortes tienen criterios encontrados sobre el mismo asunto o que en Colombia una Corte puede tumbar lo que falle la otra no obstante ser cortes de la misma jerarquía? ¿Cómo explicar este absurdo a un inversionista extranjero y pretender que sienta confianza en el país y sus instituciones?

Pero lo que quiero destacar es que nada de lo dicho es desconocido para el Gobierno o el Congreso. A este proyecto antecedieron estudios, comisiones de expertos y otros proyectos que nunca prosperaron y en los que se ventilaron estos temas. Constan intervenciones con estas preocupaciones de algunos valientes congresistas solitarios que han querido hacer la tarea juiciosamente y de cara al país como Miguel Gómez Martínez. Desafortunadamente para todos y particularmente para el que clama justicia, han sido derrotados por la mayoría con el aliciente burocrático, como en el Marco para la Paz, o por los intereses en sus propios procesos disciplinarios, legislando de espaldas al país, a sus electores y al ciudadano que clama pronta y recta justicia.

 Si el Gobierno tuviera una pizca de dignidad, se haría a un lado y denunciaría que el Congreso pretenda sacar la reforma para sus procesos de pérdida de investidura haciéndole creer al país que está reformando la justicia. Si a unos y a otros de verdad les interesara la suerte de la justicia, empezarían por dejar de engañar, mirar la radiografía y comprometerse con las soluciones que necesita el paciente.   

COLOFÓN: Así como la impunidad que propone el Marco para la Paz incuba violencia futura, la falta de una pronta y recta justicia conduce al abandono ciudadano de las instituciones para justificarse en la justicia por mano propia.